Choque de versiones por caso de haitiana reembarcada con sus hijas chilenas y bajo custodia del ICE

Una mujer haitiana, Estephania Brutus Renois, retornó a Chile desde Estados Unidos con sus dos hijas, nacidas en territorio nacional. Sin embargo, fue devuelta a Estados Unidos junto a las dos niñas. La explicación del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) aclara una parte del caso, pero abre nuevas interrogantes.

La autoridad sostiene que Estephania ya no tenía residencia definitiva cuando llegó a Chile el pasado 9 de agosto con sus hijas de seis y nueve años, ambas chilenas. El propio Servicio admite, no obstante, que las menores sí podían ingresar al país y explica que regresaron a Estados Unidos porque “acompañaron” a su madre.

El entorno familiar entrega una versión más compleja del episodio. Asegura que Brutus nunca fue notificada de la revocación de su residencia; que ella y su marido —nacionalizado chileno— mantienen bienes raíces y familiares en Chile; que durante el procedimiento buscaron alternativas para que pudiera permanecer en el país; y que manifestó su intención de solicitar refugio, pero, según sus cercanos, no se le facilitó concretar el trámite.

También formula una acusación más delicada. Sus representantes sostienen que, durante las gestiones para proteger a las niñas, recibieron desde el entorno de la dirección de Migraciones información que posteriormente fue reconocida como errónea y que, a su juicio, terminó obstaculizando acciones jurídicas.

Lo que dice Migraciones

Brutus llegó el domingo 9 de agosto al aeropuerto Arturo Merino Benítez procedente de Estados Unidos con sus dos hijas.

La diputada Lorena Fries (FA) denunció posteriormente que las tres habían sido reembarcadas a Estados Unidos y calificó la situación de las menores como una eventual “expulsión de facto de dos niñas chilenas del territorio de su propia patria”.

El 11 de agosto, Fries ofició con carácter urgente al director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, sosteniendo, de acuerdo con los antecedentes que manejaba en ese momento, que Brutus tenía residencia definitiva y una cédula para extranjeros vigente hasta el 1 de septiembre de 2026.

Sermig salió después a controvertir esa versión.

Según el organismo, Brutus obtuvo su residencia definitiva el 31 de marzo de 2015, pero los registros de la PDI muestran que salió de Chile el 5 de octubre de 2021 y no registra ingresos posteriores.

La autoridad invoca el artículo 83 de la Ley de Migración, que dispone que una residencia definitiva queda tácitamente revocada cuando su titular permanece más de dos años continuos fuera de Chile sin solicitar oportunamente una prórroga ante un consulado chileno. La norma efectivamente establece esa consecuencia.

“El permiso de residencia definitiva del que era titular —por el mero transcurso del plazo— ya no se encontraba vigente”, señaló Sermig.

El Servicio también descartó que el carnet vigente modificara esa situación: “La revocación afecta al permiso migratorio”, sostuvo.

En ese punto, la versión oficial tiene un fundamento legal concreto y contradice uno de los antecedentes con los cuales Fries formuló inicialmente su denuncia.

La notificación

Desde el entorno de Brutus, sin embargo, ponen el foco en otro aspecto.

La activista haitiana Michel-Ange Joseph, radicada en Chile hace nueve años y directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS), aseguró a El Mostrador que la mujer nunca recibió una notificación indicándole que había perdido su residencia definitiva.

“Ella tampoco recibió la notificación de que se haya revocado su residencia permanente”, sostuvo.

La precisión exige cautela jurídica. El artículo 83 habla expresamente de una revocación tácita por una ausencia superior a dos años, por lo que la falta de una notificación individual no permite concluir, por sí sola, que el permiso permaneciera vigente.

Pero el antecedente planteado por Joseph abre una interrogante administrativa distinta: qué información aparecía disponible para Brutus sobre el estado de su residencia antes de viajar a Chile y cómo podía conocer formalmente que había perdido el permiso.

Joseph sostiene, además, que la familia mantiene una vinculación material importante con el país: asegura que Brutus y su marido son propietarios de una casa y un departamento en Chile y que cuentan con familiares que residen en territorio nacional.

Sermig confirma en su comunicado que el padre de las niñas, Jean Maxene Brutus, es nacionalizado chileno, aunque agrega que salió de Chile el 29 de noviembre de 2022 y no registra entradas posteriores.

Las niñas podían entrar

Es en la situación de las menores donde el choque se vuelve más incómodo para la versión oficial. Sermig reconoce expresamente que, por ser chilenas, no tenían prohibición de ingreso. “Estas no fueron impedidas de ingresar al territorio nacional”, señala el comunicado.

La explicación para el desenlace viene inmediatamente después: “Al ser la madre impedida de ingresar (…) las 2 niñas acompañaron a la adulta priorizando el bienestar integral de la familia”.

El Servicio, por tanto, no sostiene que haya expulsado o prohibido el ingreso de las menores. Su posición es que siguieron a su madre.

Lo que el comunicado no explica es cómo se adoptó concretamente esa decisión: si fue exclusivamente una determinación de Brutus, qué alternativas le fueron ofrecidas, qué intervención tuvieron otras instituciones y cómo se ponderó que las niñas contaban —según el entorno familiar— con familiares en Chile.

La propia Ley de Migración obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos de niños y adolescentes cualquiera sea la situación migratoria de sus padres o adultos responsables.

Fries pidió precisamente que Sermig explicara cómo fueron ponderados el interés superior de las niñas y la unidad familiar, además de las medidas que se tomarían para facilitar el eventual regreso de las afectadas.

La arista del refugio

El entorno de la familia agrega otra controversia que hasta ahora no aparece en la versión pública de Migraciones. Joseph asegura que Brutus manifestó en tres oportunidades que quería solicitar refugio en Chile, pero que durante su permanencia en el aeropuerto no habría recibido las facilidades que esperaba para iniciar el procedimiento.

La legislación permite efectivamente manifestar la intención de solicitar refugio ante la autoridad contralora de frontera. Si eso ocurre, la autoridad debe dejar constancia escrita, entregar una copia al interesado y a Migraciones, además de informar sobre los requisitos y plazos del procedimiento. La solicitud formal se presenta posteriormente ante Sermig.

El reglamento también establece que en frontera el extranjero puede manifestar esa intención y debe recibir información sobre el procedimiento; la presentación formal se efectúa por escrito o mediante el formulario correspondiente ante el Servicio Nacional de Migraciones.

Eso introduce una precisión relevante: la ley no establece simplemente que la PDI deba entregar el formulario definitivo en el mesón del aeropuerto, pero sí contempla expresamente que una solicitud de protección pueda comenzar con una manifestación en frontera y obliga a dejar registro e informar al extranjero.

La representante de la comunidad haitiana en Chile asegura además haber conocido un informe de la PDI relativo al procedimiento, cuyos antecedentes, según señala, mostrarían que durante el episodio se exploraron alternativas para permitir el ingreso de Brutus.

La ley contempla efectivamente otra herramienta: por razones humanitarias, la policía puede autorizar excepcionalmente el ingreso condicionado de un extranjero que no reúna los requisitos ordinarios para entrar a Chile.

La acusación de “obstrucción”

Joseph agregó una arista hasta ahora ausente del comunicado de Migraciones. Según su relato, mientras la familia permanecía en el aeropuerto se pidió ayuda a la Defensoría de la Niñez, precisamente porque las dos menores eran chilenas y contaban, afirma, con familiares que podían recibirlas en el país.

La Defensoría es un organismo autónomo facultado para intervenir ante eventuales vulneraciones de derechos de niños y adolescentes, pedir antecedentes a organismos públicos e incluso presentar recursos de protección y amparo.

Joseph sostiene que, en medio de esas gestiones, un integrante del gabinete del director de Migraciones habría informado mediante WhatsApp a la Defensoría que un tribunal de Familia de Pudahuel había dado verbalmente una autorización para el ingreso de la familia.

Según su versión, cuando posteriormente solicitaron identificar al juez o jueza y conocer los detalles de esa supuesta resolución, desde el mismo entorno de Sermig les señalaron que se había tratado de un error.

Joseph acusa que aquella información terminó obstaculizando las gestiones que se estaban realizando para proteger a las menores y sostuvo que “mintieron para obstruir” acciones jurídicas.

El temor a una deportación a Haití

El episodio adquirió una dimensión adicional después del reembarque. Tanto el equipo de Fries como Joseph sostienen que Brutus y sus hijas quedaron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y que existe temor de que sean deportadas a Haití.

El contexto, sin embargo, es especialmente sensible. Estados Unidos dio por terminado el Temporary Protected Status (TPS) para Haití con efecto desde el 27 de julio de 2026, aunque no está acreditado que Brutus estuviera específicamente amparada por ese beneficio.

Joseph afirma que las dos niñas no poseen pasaporte haitiano ni han realizado trámites para obtener documentación de ese país. Y el escenario haitiano agrega preocupación. Estados Unidos mantiene actualmente a Haití en el nivel máximo de alerta de viaje por criminalidad, secuestros, terrorismo, disturbios y limitaciones sanitarias.

Chile, por su parte, no ha roto relaciones diplomáticas con Haití, pero su operación consular en Puerto Príncipe ha atravesado dificultades recientes. El 20 de junio, Cancillería designó a un embajador en misión especial y envió un equipo de la Dirección Consular con el objetivo, entre otras tareas, de preparar la reapertura del Consulado de Chile en Puerto Príncipe.

Un día antes, Relaciones Exteriores había informado que puso término a las funciones del cónsul en esa ciudad, revocó las facultades de un ministro de fe e inició un sumario por eventuales irregularidades detectadas en procesos consulares.

Es en ese contexto que el entorno de Brutus advierte sobre las dificultades que enfrentarían las menores si efectivamente fueran trasladadas a Haití.

Una respuesta que todavía no cierra el caso

Desde el equipo de prensa del Sermig señalaron a El Mostrador que la respuesta formal al oficio de Fries ya se encontraba preparada y debía ser enviada durante la jornada, aunque al momento de la consulta no podían confirmar si la parlamentaria la había recibido.

Ese documento será clave para saber si la autoridad aborda las materias que no aparecen en el comunicado público: las eventuales solicitudes de refugio o protección, las alternativas examinadas antes del reembarque y las circunstancias concretas bajo las cuales las niñas terminaron acompañando a su madre.

Por ahora, hay un punto en que Sermig entrega una respuesta jurídica clara: la residencia definitiva de Brutus habría quedado tácitamente revocada por haber permanecido más de dos años fuera del país.

Pero esa explicación no resuelve por sí sola todo lo ocurrido el domingo en el aeropuerto.

El Servicio afirma que las niñas chilenas nunca tuvieron prohibición de ingreso y que simplemente acompañaron a su madre. Desde el entorno familiar sostienen que existían vínculos, vivienda y familiares en Chile, que se buscaron mecanismos de protección y que algunas de esas gestiones no habrían prosperado.

La controversia ya no se limita, entonces, a si la madre podía o no entrar a Chile. El flanco que permanece abierto es qué hizo la autoridad —y qué alternativas descartó— antes de que dos niñas chilenas que sí podían ingresar terminaran nuevamente rumbo a Estados Unidos.

Cabe mencionar que Sauerbaum, además, tiene pendiente una comparecencia ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara que indaga el ingreso de niños haitianos mediante procesos de reunificación familiar y eventuales fallas en los procedimientos y coordinación institucional. El director de Migraciones estaba citado para la sesión del miércoles 12 de agosto junto al exdirector Luis Eduardo Thayer, pero durante la propia instancia se informó que había sido convocado de urgencia a La Moneda cuando ya iba camino al Congreso, razón por la cual no alcanzó a comparecer.

Desde el Servicio manifestaron su disponibilidad para una nueva convocatoria y la comisión acordó volver a citarlo para el 19 de agosto. Su ausencia generó reparos entre algunos diputados, que cuestionaron que el actual director no pudiera responder ese día ante la instancia.