Bancada libertaria entra en modo oposición y fija línea roja en reforma de seguridad de Kast

La reforma constitucional de seguridad de José Antonio Kast empezó a tropezar antes siquiera de enfrentar formalmente a la oposición.

La Moneda no tiene asegurados los votos de su propio sector, mientras el Partido Nacional Libertario (PNL) se instaló prácticamente en modo oposición y Johannes Kaiser lanzó una de las advertencias más duras contra el nuevo estado de excepción: mantener durante largos períodos derechos constitucionales restringidos, sostuvo, es “lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático”.

El problema para el Gobierno ya es político y matemático. La reforma necesita 29 votos en el Senado y 89 en la Cámara, pero el presidente de Evópoli, el senador Luciano Cruz-Coke, advirtió que La Moneda podría no estar reuniendo “ni siquiera los 26 propios” que habitualmente consigue en la Cámara Alta. El legislador apuntó además a la falta de diálogo previo con los partidos del sector y sostuvo que el nuevo estado de excepción entrega poderes excesivos al Presidente durante 240 días sin control inicial del Congreso.

Desde RN, Andrés Longton hizo un diagnóstico todavía más directo en 24 horas: “Si hoy se vota la reforma constitucional, no están los votos, se va a caer”. El senador reprochó además que el Ejecutivo enviara una iniciativa de esta magnitud sin tener previamente socializadas sus disposiciones con las bancadas que necesita para aprobarla.

Las aprensiones cruzan Chile Vamos. La presidenta de RN, Andrea Balladares, reconoció que el texto todavía genera “hartas dudas” y cuestionó el poco trabajo previo del Gobierno con sus aliados. La vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), advirtió, por su parte, que colaborar con La Moneda “no es sinónimo de ser un buzón”. En Evópoli, el exministro Gonzalo Blumel llamó a extremar los cuidados antes de entregar al Estado herramientas capaces de afectar derechos fundamentales.

Más categórico fue el senador del partido Demócratas Matías Walker: “240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”.

La UDI aparece hasta ahora más dispuesta a sostener la iniciativa. Su presidente, Guillermo Ramírez, respaldó el texto definitivo, pero reconoció que será necesario modificarlo para alcanzar los cuatro séptimos requeridos. “Vamos a tener que afinar el texto”, admitió.

Los libertarios marcan la línea roja

Fuera de la coalición de Gobierno, pero desde una derecha que comparte buena parte del diagnóstico de Kast en materia de delincuencia y orden público, el PNL elevó todavía más el tono.

Johannes Kaiser aclaró que su partido no está en contra de utilizar estados de excepción ni de aplicar la fuerza contra quienes desafíen al Estado de Derecho. Incluso sostuvo que, cuando corresponda, deben utilizarse “con toda la fuerza del Estado, es decir, a sangre y fuego”. El límite, dijo, es mantener esa excepcionalidad en el tiempo.

“Lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos”, planteó Kaiser. Por eso, agregó, esa restricción debe mantenerse durante “el periodo más corto posible”. De lo contrario, advirtió, se avanza hacia algo “cada vez menos democrático”.

El líder libertario también objetó el carácter preventivo de la nueva herramienta. “No se pueden tener estados de excepción en forma preventiva”, sostuvo, alertando que el diseño puede terminar amenazando derechos constitucionales y el Estado de Derecho.

Kaiser no cerró la puerta a aprobar la idea de legislar y destacó componentes de la reforma que sí comparte, pero anticipó que el nuevo estado de excepción podría ser rechazado en particular si La Moneda no introduce cambios.

La senadora Vanessa Kaiser fue incluso más categórica: sostuvo que, en sus actuales términos, la reforma “no parece apoyable” y que las medidas propuestas “no van a cambiar absolutamente nada” respecto de la realidad delictual que enfrenta el país. También cuestionó que materias que podrían regularse mediante leyes sean elevadas al rango constitucional.

La diputada libertaria Paulina Muñoz confirmó que no se trata de una posición individual. “Nosotros no podemos restringir ciertos derechos y libertades de los ciudadanos” para suplir políticas públicas incapaces de resolver los problemas, sostuvo, agregando que el diseño debe evaluarse pensando también en quién podría llegar a La Moneda en el futuro.

Y hasta la cocina dejó heridas. El diputado Hans Marowski reveló que la primera reunión formal del PNL con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ocurrió después de presentada la reforma. Aunque recordó que su partido no integra la coalición gobernante, reconoció que habría agradecido conocer el proyecto con mayor anticipación.

De la derecha a la oposición

Los cuestionamientos encuentran además un espejo al otro lado del mapa político. El senador DC Iván Flores sostuvo que la crisis de seguridad “no es constitucional”, sino un problema de gestión, recursos y presencia policial, y calificó de “antidemocrático” el nuevo estado de excepción.

“Hoy día como está la vamos a rechazar (…) hoy día no están los votos, y el mío tampoco”, anticipó.

Karim Bianchi también se cerró al proyecto en sus actuales términos, cuestionando que el Ejecutivo busque responder mediante una reforma constitucional a un problema que, a su juicio, requiere gestión y más recursos policiales. “Esto jamás ha sido un problema constitucional”, sostuvo, antes de calificar la fórmula propuesta como una “locura” y “antidemocrática”.

A esas críticas se sumó el exministro del Interior Álvaro Elizalde, quien calificó el proyecto como “la reforma más expresamente iliberal” presentada por el Gobierno de Kast. Su argumento vuelve sobre el mismo flanco que inquieta desde la oposición hasta sectores de la derecha: mientras el nuevo estado permitiría restringir más derechos, estaría sometido durante sus primeros 240 días a menos controles parlamentarios.

Elizalde agregó otro reparo: una vez incorporada a la Constitución, la herramienta quedaría disponible no solo para Kast, sino para cualquier futuro Presidente. A su juicio, por eso resulta especialmente delicado diseñar facultades excepcionales pensando únicamente en quién ocupa hoy La Moneda.

El cuadro deja una paradoja incómoda para el Gobierno. Kast lanzó una reforma destinada a exhibir músculo en seguridad, pero consiguió abrir una discusión sobre límites al poder presidencial que hoy reúne reparos desde Gabriel Boric y Álvaro Elizalde hasta Matthei, Chile Vamos y los Kaiser.

Y mientras las diferencias ideológicas detrás de esas críticas son evidentes, el resultado parlamentario comienza a parecerse demasiado: si La Moneda no modifica el texto, hoy no tiene los votos ni siquiera antes de empezar a negociar con la oposición.