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Caso Australis abre nuevo frente: Fiscalía indaga contacto entre abogado de Joyvio y jefe de la PDI
La disputa entre Joyvio e Isidoro Quiroga sumó una nueva causa: Fiscalía indagará la comunicación entre Hugo Rivera, abogado de Australis, y el jefe de Ciencias Forenses de la PDI sobre un peritaje clave. El episodio ocurre mientras los chinos buscan reabrir la investigación penal.
La guerra judicial entre la gigante china Joyvio e Isidoro Quiroga por la venta de Australis abrió un nuevo frente. Esta vez, el foco ya no está directamente sobre la transacción por US$921 millones concretada en 2019, sino en una comunicación entre uno de los abogados de la salmonera y un alto oficial de la Policía de Investigaciones respecto de un peritaje que puede resultar clave para determinar el futuro de la investigación penal.
Según reveló Reportea, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abrió de oficio una investigación y designó al fiscal regional de Ñuble, Rolando Canahuete, para indagar la existencia de delitos en la comunicación que mantuvieron el abogado de Australis Hugo Rivera y el jefe nacional de Ciencias Forenses de la PDI, prefecto inspector Carlos Rojas.
El episodio se inserta en una disputa que ya se libra simultáneamente en distintos escenarios judiciales. Joyvio compró Australis a Quiroga en 2019 por US$921 millones. Cuatro años después, los nuevos propietarios acusaron que la compañía había sido vendida a un precio inflado y presentaron una querella contra el empresario por estafa y administración desleal.
La tesis de los querellantes sostiene que al momento de concretarse la adquisición desconocían un esquema de sobreproducción en la salmonera, es decir, que la empresa producía por sobre lo autorizado por la autoridad, y que ese antecedente no habría sido informado por Quiroga durante la operación.
Uno de los elementos relevantes para esa discusión era un peritaje encargado por la Fiscalía Oriente al Laboratorio de Criminalística de la PDI, cuyo objetivo era calcular el eventual perjuicio económico sufrido por los compradores.
Sin embargo, el informe no consiguió determinar ese monto. El 19 de mayo, la perito de la PDI Paula Lebuy comunicó al Ministerio Público que “del análisis de los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa y de las respuestas evacuadas por las entidades oficiadas, fue posible constatar la inexistencia de información objetiva, verificable y suficiente relativa al precio de venta de los productos consultados y demás antecedentes necesarios para efectuar una determinación técnica del eventual perjuicio económico investigado”.
Posteriormente se incorporaron nuevos antecedentes aportados por Aduanas, pero el 17 de junio la perito mantuvo su conclusión: con la información disponible no era posible calcular los supuestos perjuicios.
El escenario parecía favorecer a Quiroga. El 28 de agosto se decretó el cierre de la investigación y, una semana después, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en la causa.
Pero antes de aquello se produjo una gestión que ahora derivó en una investigación separada. Hugo Rivera, abogado de Australis, escribió directamente al prefecto inspector Carlos Rojas, jefe nacional de Ciencias Forenses de la PDI, para consultarle por los antecedentes utilizados para desarrollar el peritaje.
Rojas respondió mediante una carta fechada el 27 de agosto. En ella aseguró que los peritos de la institución sí tenían las capacidades técnicas necesarias para realizar el análisis, pero que no habían recibido todos los antecedentes requeridos.
“La funcionaria a cargo de la labor pericial requirió en su oportunidad los antecedentes objetivos, los que no fueron remitidos”, señaló el oficial.
La respuesta fue incorporada posteriormente a la carpeta investigativa a petición de Bárbara Yévenes, abogada del estudio de Jorge Bofill e integrante del equipo que representa a la querellante.
El problema es que la explicación entregada por Rojas no coincide plenamente con lo consignado por la propia perito en sus informes al Ministerio Público.
En ellos, Lebuy no señaló que hubiese solicitado antecedentes que posteriormente no le fueran entregados. Entre las razones que expuso para no efectuar el cálculo mencionó la ausencia de información objetiva y verificable en la carpeta y en las respuestas de los organismos consultados, pero también la existencia de antecedentes técnicos que excedían su ámbito de competencia, documentos en idiomas distintos al español, planillas cuya procedencia, integridad o autoría no estaba validada y antecedentes correspondientes a entidades diferentes de la querellada.
La diferencia entre ambas versiones encendió las alarmas de los abogados de Quiroga. El equipo defensor —integrado, entre otros, por Cristóbal Eyzaguirre, Juan Domingo Acosta, Alex Van Weezel, Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves— envió dos cartas al fiscal nacional cuestionando la actuación del funcionario policial.
Según plantearon, la respuesta de Rojas contiene “afirmaciones contrarias a la realidad y a los antecedentes objetivos que constan en la carpeta investigativa, afirmaciones que están siendo usadas para influir en la discusión de la reapertura de la investigación promovida por los abogados querellantes”.
Los abogados también recurrieron al director general de la PDI, Eduardo Cerna. En una carta todavía sin respuesta, cuestionaron que Rojas hubiese mantenido comunicación directa con un abogado querellante sin intervención ni conocimiento del Ministerio Público respecto de una investigación que en ese momento permanecía abierta.
Además, solicitaron conocer la carta que recibió el jefe policial el 19 de agosto y cualquier otra comunicación que pudiera haber mantenido con abogados relacionados con Australis.
Desde la PDI defendieron el procedimiento y explicaron a Reportea que el contacto se originó a partir de una carta de reclamo presentada ante la institución respecto del peritaje contable. Según la policía, el requerimiento fue derivado al organismo técnico competente —la Jefatura Nacional de Ciencias Forenses— para recopilar los antecedentes y responder directamente al solicitante.
Rivera, por su parte, no entregó una versión a Reportea.
El episodio adquiere especial importancia porque los abogados de Joyvio buscan revertir el cierre de la investigación. Para este 8 de octubre está programada una audiencia ante el Cuarto Juzgado de Garantía en la que solicitarán reabrir la causa.
Uno de los puntos que deberá discutirse será precisamente si la Fiscalía proporcionó o no a la perito de la PDI todos los antecedentes necesarios para desarrollar el análisis económico solicitado.
Si el tribunal concluye que existían antecedentes pendientes que podían permitir completar el peritaje, la investigación penal contra Quiroga podría tener un nuevo giro. En paralelo, la Fiscalía de Ñuble deberá establecer si existió alguna irregularidad o eventual delito en la comunicación entre Rivera y Rojas.
La controversia se agrega a una disputa judicial mucho más extensa entre las partes. Como ha informado El Mostrador, Quiroga también acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar anular el laudo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago que, en agosto de 2025, ordenó restituir US$217,2 millones, más intereses y costas, a Joyvio.
La defensa del empresario ha cuestionado esa resolución alegando, entre otros puntos, vulneraciones al derecho a defensa y un exceso de competencia del tribunal arbitral. El laudo, a su vez, rechazó la existencia de dolo y ocultamiento, pero estableció una restitución parcial del precio pagado por la compañía.
La ofensiva de Australis también ha quedado cruzada por otras controversias conocidas a partir de investigaciones periodísticas.
Alberto Eguiguren, quien encabeza el equipo jurídico de la salmonera, fue denunciado por un exejecutivo de la compañía que sostuvo que el abogado habría conocido anticipadamente un fallo favorable de la Tercera Sala de la Corte Suprema cuando este todavía tenía carácter reservado. La denuncia apuntó a un eventual vínculo con la entonces ministra Ángela Vivanco, actualmente investigada en una causa distinta vinculada a la eventual venta de fallos judiciales.
Otro abogado que integró el equipo de Australis fue Gabriel Zaliasnik, quien dejó el patrocinio a fines de mayo antes de asumir como embajador de Chile en Israel. Posteriormente quedó como imputado en una investigación de la Fiscalía de Valparaíso derivada de antecedentes del caso Hermosilla sobre eventuales gestiones relacionadas con nombramientos judiciales.
Así, la controversia que comenzó por la compraventa de una salmonera por US$921 millones ya se extiende por varios frentes: la investigación penal por estafa y administración desleal que Joyvio intenta reabrir, la disputa arbitral por cientos de millones de dólares y, ahora, una nueva causa destinada a esclarecer la comunicación entre un abogado de Australis y uno de los máximos responsables de los peritajes de la PDI.
