Gobierno se da por vencido: retira reforma de seguridad y apoyará iniciativa de parlamentarios

El Gobierno alcanzó un acuerdo con los senadores Pedro Araya (PPD), Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) para avanzar con una nueva reforma constitucional en materia de seguridad, que será ingresada este miércoles al Congreso y reemplazará la iniciativa presentada originalmente por el Ejecutivo.

Según informó La Tercera, los parlamentarios afinaban este martes los últimos detalles de la propuesta, cuyo ingreso implicará dejar atrás el proyecto presentado por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast el pasado 17 de agosto, que no consiguió los respaldos necesarios para avanzar en el Senado.

El nuevo texto surgió luego de las conversaciones desarrolladas en la Comisión de Constitución del Senado y se concentra en tres materias: crimen organizado, segregación de la población penal y modificaciones al actual estado de excepción constitucional de emergencia.

Estado de excepción preventivo

Uno de los principales cambios permitiría que el Presidente de la República decrete un estado de excepción de emergencia cuando exista una amenaza grave a la seguridad pública, sin necesidad de esperar que se produzcan hechos consumados.

La propuesta, sin embargo, incorpora contrapesos parlamentarios. El Gobierno tendría que informar al Congreso cada 15 días sobre la aplicación de la medida y los legisladores podrían acordar por mayoría su revocación. No se modificarían los actuales plazos de renovación ni se ampliarían facultades como la interceptación de comunicaciones.

En materia de crimen organizado, el proyecto busca equipararlo constitucionalmente al terrorismo, declarándolo contrario a las bases de la institucionalidad, la convivencia democrática y los derechos humanos. Esto permitiría aplicar a personas condenadas por estos delitos restricciones similares para acceder a indultos y ocupar cargos de elección popular.

El tercer eje busca elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería para segregar a la población penal, especialmente a internos considerados de alta peligrosidad.

El giro del Gobierno

La nueva fórmula supone un cambio respecto del proyecto impulsado inicialmente por La Moneda, que había generado reparos políticos y técnicos. El Ejecutivo resolvió abrirse a una alternativa después de constatar que su propuesta carecía del respaldo necesario para continuar su tramitación.

El entendimiento, sin embargo, no involucra a toda la oposición. Senadores del PS, PPD y PL habían descartado previamente formar parte de un acuerdo condicionado a reemplazar el proyecto gubernamental, mientras las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC) se marginaron de la elaboración del nuevo texto.