CNEP advierte que permisos ambientales y judicialización de proyectos frenan productividad en Chile

La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) advirtió sobre los principales obstáculos estructurales que limitan el crecimiento de la productividad en Chile, identificando entre ellos la creciente complejidad de los permisos ambientales, la judicialización de proyectos de inversión, la escasa movilidad de recursos entre empresas y los débiles avances tecnológicos.

El diagnóstico fue presentado por el presidente del organismo, Pablo García, durante la Conferencia Anual 2026 del Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), realizada recientemente en Costa Rica bajo el lema “De las brechas al crecimiento”.

En su intervención, García expuso antecedentes sobre las dificultades que enfrenta la economía chilena para mejorar su productividad y planteó la necesidad de avanzar en reformas regulatorias, incentivos al crecimiento empresarial y medidas que permitan una asignación más eficiente de los recursos.

Uno de los principales problemas identificados por la CNEP corresponde al aumento de las exigencias ambientales asociadas a los proyectos de inversión.

Según las cifras presentadas por García, durante los últimos diez años los compromisos ambientales por proyecto crecieron un 337% en el sector minero y un 100% en el rubro inmobiliario.

Sin embargo, el presidente del organismo precisó que este incremento no responde principalmente a la aprobación de nuevas leyes, ya que solo un 3% de las normas citadas en los procesos corresponde a disposiciones promulgadas recientemente.

En ese sentido, explicó que estos antecedentes demuestran que “la traba no radica en la creación de nuevas leyes, sino en la creciente complejidad al aplicar la normativa vigente”.

La CNEP también puso el foco en los procesos de impugnación y judicialización de proyectos, que pueden prolongar los plazos necesarios para materializar inversiones.

De acuerdo con los datos expuestos, entre 2019 y 2023 se aprobaron en Chile 1.978 proyectos por un monto total de US$87.000 millones.

De ese universo, 110 iniciativas fueron impugnadas, equivalentes al 5,6% de los proyectos aprobados.

Pese a representar una proporción relativamente acotada del total, estas iniciativas concentraban el 26,4% de la inversión aprobada durante el período, correspondiente a aproximadamente US$23.000 millones.

García advirtió que los reclamos pueden extender la tramitación de los proyectos debido a la existencia de distintas instancias administrativas y judiciales, entre ellas autoridades ministeriales y sectoriales, Tribunales Ambientales, Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

Otro de los factores abordados por la CNEP fue la evolución de la productividad en sectores intensivos en recursos naturales, particularmente la minería del cobre.

El presidente del organismo explicó que, en estas actividades, un mayor uso de insumos no necesariamente genera un incremento proporcional de la producción.

Como ejemplo, detalló que la ley promedio del cobre disminuyó desde un 0,93% en 2005 hasta un 0,62% en 2024, lo que implica procesar una mayor cantidad de roca para obtener el mismo volumen del mineral.

En paralelo, la intensidad eléctrica de la actividad aumentó desde 3,07 hasta 5,16 megavatios hora por tonelada durante el mismo período.

Estas condiciones, según el diagnóstico presentado, representan una dificultad adicional para mejorar la productividad en una economía con una importante participación de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales.

La CNEP también abordó el desempeño de la Productividad Total de los Factores (PTF), indicador que permite evaluar la eficiencia con que se utilizan los recursos productivos.

García señaló que Chile presenta un crecimiento decepcionante en esta materia y citó los resultados del estudio “La anatomía de la productividad agregada”, elaborado en 2025 por Federico Huneeus, Yasutaka Koike-Mori y Antonio Martner.

La investigación identifica dos factores centrales detrás del bajo dinamismo: los limitados avances tecnológicos dentro de las empresas y la escasa reasignación de recursos entre firmas.

Este último fenómeno se refiere a las dificultades para que factores productivos, como el capital y los trabajadores, se trasladen desde empresas menos eficientes hacia otras con mayor productividad y capacidad de innovación.

Según el diagnóstico expuesto, estas limitaciones dificultan que la economía aproveche de mejor manera sus recursos disponibles y aumente su capacidad de crecimiento.

Frente a este escenario, el presidente de la CNEP planteó cuatro ámbitos prioritarios de acción.

El primero consiste en mantener un proceso continuo de reforma del sistema de permisos, con el objetivo de abordar las dificultades regulatorias que afectan a los proyectos de inversión.

En segundo lugar, propuso generar incentivos que favorezcan el crecimiento de las empresas y permitan mejorar su desempeño productivo.

El tercer eje apunta a corregir las ineficiencias del mercado laboral, identificadas como una fuente importante de mala asignación de recursos entre actividades económicas.

Finalmente, García destacó la necesidad de preservar la estabilidad macroeconómica como una condición para sostener el crecimiento.