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Querella contra Rabat y Silva: abogado pide que Kast declare como testigo ante la Fiscalía
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El abogado Gabriel Salinas solicitó al fiscal Francisco Jacir tomar declaración al Presidente por la investigación sobre rebajas de condena a criminales de lesa humanidad. Busca esclarecer qué sabía La Moneda, cuándo se detectaron las irregularidades y qué instrucciones recibieron las autoridades.
La investigación penal contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el exsubsecretario de la cartera, Luis Silva, sumó una nueva diligencia solicitada por la parte querellante. El abogado Gabriel Salinas pidió al Ministerio Público que cite a declarar, en calidad de testigo, al Presidente José Antonio Kast, para esclarecer su conocimiento y eventual intervención en las decisiones que permitieron otorgar rebajas de condena a internos condenados por crímenes de lesa humanidad.
La presentación, fechada el 11 de noviembre y dirigida al fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Centro Norte, se enmarca en la investigación por el delito de prevaricación administrativa contra ambas exautoridades y autoridades del Ministerio de Justicia. El querellante considera que el testimonio del Mandatario es indispensable para determinar las eventuales responsabilidades penales de Rabat y Silva.
El escrito apunta especialmente a las declaraciones públicas de Kast, quien, según recuerda el abogado, asumió la “responsabilidad política” y calificó las rebajas de condena como un “error del gobierno”. Para Salinas, esas afirmaciones hacen necesario establecer cuándo el Ejecutivo tomó conocimiento de las eventuales irregularidades y qué antecedentes tuvo a la vista.
En particular, el abogado sostiene que la declaración presidencial permitirá determinar el momento en que se detectó que los decretos cuestionados podían contravenir el ordenamiento jurídico y establecer si existieron advertencias previas que no fueron consideradas.
Las instrucciones a Rabat y Silva
La solicitud también busca esclarecer qué informes técnicos, antecedentes de las secretarías regionales ministeriales o advertencias jurídicas internacionales fueron entregados a la Presidencia y cuáles pudieron haber sido omitidos.
Otro de los puntos centrales es reconstruir la cadena de mando dentro del Ministerio de Justicia y las gestiones realizadas ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de internos del penal Punta Peuco.
El abogado argumenta que, tras la salida de Silva de la Subsecretaría de Justicia, surgieron versiones contradictorias sobre las responsabilidades institucionales. Por ello, considera necesario conocer las instrucciones que el Presidente impartió a ambos funcionarios y determinar si existió coordinación entre ellos.
Declaración en La Moneda o por escrito
Para concretar la diligencia, Salinas invocó el artículo 300 del Código Procesal Penal, que establece reglas especiales para la declaración de determinadas autoridades.
En ese contexto, solicitó que Kast no tenga que concurrir personalmente a la Fiscalía y que pueda prestar declaración en su despacho oficial en el Palacio de La Moneda, en una fecha acordada con el Ministerio Público.
Como alternativas, planteó que el Presidente responda por escrito un cuestionario adjunto a la presentación o que la diligencia se realice mediante videoconferencia.
La solicitud quedó dirigida al fiscal Jacir, quien deberá resolver si dispone la diligencia.
Revisa la presentación en el siguiente link:
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