El “enroque” que enfrenta a la Asociación de Fiscales con Sabas Chahuán
El 6 de enero pasado, el fiscal adjunto de Valparaíso, Juan Sepúlveda, se enteraba que sería trasladado a San Antonio. El mismo día el fiscal adjunto de San Antonio, Ramón Espinosa, recibía la misma noticia, pero a la inversa.
El 29 de enero, se dictaba la resolución que sellaba ambos traslados y que además autorizaba residencia a más de 35 kilómetros en la Fiscalía Regional de Valparaíso, lo que en opinión de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público “es un acto arbitrario e ilegal”, que afecta las garantías de los fiscales afectados.
Argumento que el presidente de la Asociación, Claudio Uribe, dejó plasmado en un recurso de protección contra el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso hace dos semanas.
Uribe señala que la decisión “es un sinsentido, un enroque que obliga a dos colegas a trabajar a más de 100 kilómetros de su residencia. La resolución se basa en los supuestos méritos de cada uno, pero la verdad es que sabemos que ambos no son del agrado de la autoridad y se les está tratando de presionar para que renuncien”.
Y agrega que “la parte más indignante es que la misma resolución los ‘autoriza’ para vivir a más de 35 kilómetros de su lugar de trabajo, como si con eso se solucionara el problema”.
El dirigente señala que desde que se supo que el cambio estaba en agenda, “la Asociación de Fiscales ha tratado de revertir la situación, haciendo presente su inconveniencia. Jamás se nos dio como razón del traslado sus méritos y, por el contrario, se nos deslizaba que estaban mal evaluados. Por ello es sorprendente que la resolución los trate casi como ‘súper fiscales’ que van a resolver los problemas de las fiscalías locales”.
Esto porque entre los motivos que la resolución expone para el cambio, se destaca la labor y profesionalismo de ambos fiscales, señalando que la destinación del fiscal Sabag “tiene su fundamento en la experiencia que detenta en investigaciones complejas, además con buenos resultados en juicios orales, amén de haber recibido capacitaciones en la especialidad de delitos económicos y funcionarios”. En el caso de Sepúlved,a la resolución esgrime que “está capacitado en el área de delitos económicos y funcionarios y además tiene experiencia como fiscal Jefe en la Fiscalía de Limache y en la oficina de Petorca, lo que facilitará su tarea, constituyéndose en un real apoyo a las labores de la misma”.
Según detalla la demanda, ambos profesionales están muy bien evaluados y tienen notas sobresalientes.
Está pendiente una petición realizada por la asociación a través de la Ley de Transparencia y enviada a Chahuán, para que, entre otros puntos, se informen “con precisión” las razones y motivaciones de la decisión de estas nuevas destinaciones, así como las medidas administrativas y respectivos documentos de respaldo a través de los cuales se determinó que el servicio requiere dichos cambios.
