La indagatoria se inició después que la Comisión Nacional de Acreditación hiciera llegar a la cartera un informe donde se describen movimientos sospechosos entre el plantel y la inmobiliaria relacionada que es dueña de más de la mitad de sus edificios. El Ministerio de Educación investiga también a las universidades Arcis y Central.
La Santo Tomás fue la primera universidad sobre la que el Ministerio de Educación abrió una investigación en el marco de la Ley del Administrador Provisional o Administrador de Cierre, aprobada por el Congreso el 2014.
El 9 de enero del 2015 la cartera comandada por el ministro Nicolás Eyzaguirre inició la indagatoria, luego que la Comisión Nacional de Acreditación le hiciera llegar un informe por supuestas irregularidades en el manejo financiero de la entidad controlada por el grupo Hurtado Vicuña y Linzor Capital.
En la resolución de acreditación por tres años a la UST –con fecha 3 de diciembre del 2014–, la CNA informa: “La Universidad Santo Tomás es fiadora y codeudora solidaria de los créditos otorgados por los bancos a Inmobiliaria Rádices S.A., empresa relacionada. Lo anterior configura una situación en que la Universidad paga arriendos a la Inmobiliaria, que obtiene plusvalías por las propiedades que no benefician a la UST, y además la Universidad garantiza el pago de las obligaciones de la Inmobiliaria a la banca. A juicio de la Comisión, no hay una explicación válida”, se lee en el documento que puede revisar aquí.
En el mismo texto, la CNA indica que la fuerte dependencia económica que tiene la universidad del Crédito con Aval del Estado, que “en 2013 representó un 54% del total de los ingresos”, representa un peligro para las proyecciones de la universidad y agrega: “La tendencia a la baja de sus márgenes operacionales y las contingencias por ser aval, fiador o codeudor solidario de la relacionada Rádices son variables de importancia que podrían afectar la viabilidad del proyecto educacional”.
Matko Koljatic –quien era el presidente de la CNA cuando se discutió la situación de la UST–, explica que “la ley de acreditaciones para las universidades no establece que el lucrar sea motivo de no acreditar. Como la ley no lo dice, la CNA no tiene ninguna atribución en relación a este tema y lo único que puede hacer cuando encuentra una situación de estas características, que podría estar asociada a la transferencia de recursos desde la universidad a los controladores de la universidad, es enviar la información al Mineduc, que sí tiene atribuciones para investigar ese posible lucro”, señala a El Mostrador.
Koljatic agrega que la CNA envió al Mineduc la información financiera de la UST correspondiente a los últimos cinco años y declara que en ellas, tal como en la resolución de la CNA, “se identifican estas transacciones entre la universidad y esta especie de sociedad inmobiliaria, que es la dueña de los activos”.
Desde el Ministerio confirman la situación, asegurando que “esta administración inició investigación por REX 164 de enero de 2015, a raíz de antecedentes recibidos por Mineduc desde la Comisión Nacional de acreditación».
La Universidad Santo Tomás, al ser consultada por la investigación, reconoce estar siendo investigada por el Mineduc, pero no afirma ni rechaza que la razón sea el posible lucro: “El Ministerio de Educación ha iniciado un proceso indagatorio preliminar, que se enfoca en ciertos elementos de la organización de nuestra institución, los que no necesariamente se asocian a lo que se entiende por lucro”. Al ser consultados por la relación financiera entre la universidad y la Inmobiliaria Radices, puntualizan: “Tenemos la convicción de que nuestras instituciones respetan la Ley y negamos la existencia de lucro en nuestra universidad”.
La indagatoria tiene varias posibles salidas. La primera es que al finalizar la investigación no se constaten infracciones, en ese caso la Secretaría de Estado puede hacer recomendaciones para que la institución mejore su funcionamiento.
Si se constatan infracciones, pueden tomarse tres decisiones diferentes: ordenar la elaboración de un plan de recuperación, que «implica que la institución tendrá sesenta días para elaborar y presentar al Ministerio de Educación un plan de recuperación para subsanar los problemas. Dicho plan podrá considerar, entre otras medidas, la suspensión de ingreso de nuevos estudiantes durante uno o más períodos y el cierre de sedes, carreras o programas. El plazo de implementación del plan no podrá ser mayor a dos años. Una vez aprobado el plan, corresponderá al Ministerio de Educación supervigilar su cabal cumplimiento”, señala la ley correspondiente.
Un segundo camino es nombrar un administrador provisional si se constatan las fallas que establece la ley, las que contemplan el que se ponga en riesgo la viabilidad financiera o administrativa de la institución, que redunde en la amenaza a la continuidad de estudios de sus alumnos: «Debe haber una resolución fundada del Ministerio de Educación, previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación, el que deberá ser adoptado por la mayoría de sus miembros presentes en sesión convocada a ese sólo efecto».
Y el último es el nombramiento de un administrador de cierre que vele por que el fin de la institución resguarde los derechos de sus trabajadores y estudiantes. Esta decisión también debe tomarse de común acuerdo con el Consejo Nacional de Educación y, luego de nombrado, “deberá presentar un plan de administración, dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento. Este plan deberá siempre contener las medidas para asegurar la continuidad del servicio educativo de los y las estudiantes de la institución de educación superior y los plazos y procedimientos para concretar el cierre de la institución de educación superior de que se trate”, se indica en la ley.
El 2009 el grupo Hurtado Vicuña y Linzor Capital compraron el 57% de la universidad por $38 mil millones.
Hurtado Vicuña participa también en Consorcio, Pucobre, Entel, Salmones Austral y en inmobiliarias. Son socios de la familia Fernández León en diversos negocios. Una de sus integrantes es la cónyuge del ex senador y ex presidente de RN, Carlos Larraín, Victoria Hurtado.
Linzor Capital, fondo de Carlos Ingham y Tim Purcell –quien formó parte de la aventura presidencial de Andrés Velasco–, participa también en la propiedad de Komax, que representa en Chile a marcas como The Gap, North Face, Ralph Lauren y Brooks Brother. Antes participaron en la isapre Cruz Blanca, de donde salieron el año pasado. En Uruguay tienen el control de una cadena de farmacias, y en Perú también participan en el negocio del retailer.
La UST conforma parte del Sistema Educacional Santo Tomás (SEST) que agrupa a la UST, al Centro de Formación Técnica Santo Tomás (CFTST) y al Instituto Profesional Santo Tomás (IPST) pertenecientes a la corporación Santo Tomás S.A. . Este grupo de instituciones educativas se encuentra en 19 ciudades y tiene 82.733 estudiantes, de los cuales el 57% estudia gracias al Crédito con Aval del Estado (CAE), esta cifra se eleva al 75% si se cuenta solo la UST, según consigna el acta de la CNA del 3 de diciembre de 2014.
Cada una de las instituciones pertenecientes al SEST tiene su propia junta directiva, pero paradójicamente dependen del mismo rector y todas las autoridades unipersonales –a excepción de la vicerrectoría académica– son las mismas para las tres instituciones. En la práctica, el SEST funciona bajo una misma administración y ha sido cuestionada en los últimos años por la relación financiera que existe entre la universidad y la Inmobiliaria Radices dueña de los inmuebles que arrienda la casa de estudios para sus actividades. Ambas tienen los mismos dueños y han utilizado la misma fórmula que otras universidades para sacar recursos.
Durante el gobierno anterior se denunció la existencia de lucro en la Santo Tomás. Un reportaje de Ciper demostró que en la investigación realizada por el Mineduc, entre julio y noviembre del 2012, el entonces ministro de Educación, Harald Beyer, no consideró como lucro la información que le fue entregada por la CNA donde se detallaba que la universidad le entregó préstamos de 13 mil millones de la Inmobiliaria Rádices S.A., que serían justificados por beneficios que nunca fueron demostrados. Beyer sobreseyó y cerró la investigación por oficio, dejándola sin resolución.
