Las posturas, según resume el centro de estudios, se dividen entre los que están favor, en contra y los que se plantean cómo habría que hacerlo. Agostini y Pellegrini se preguntan por la conveniencia de usar el derecho penal para defender la libre competencia. Agostini cree que vale la pena, Pellegrini no. Por su parte, Bascuñán, González, Nehme se preguntan por el modo en que, si se decide criminalizar, habría que hacerlo. Mañalich puede servir de nexo entre ambos grupos.
“Con la esperanza de que ilumine un debate público de la mayor importancia y complejidad” el Centro de Estudios Públicos publicó en agosto las conclusiones de seis expertos -dos economistas y cuatro abogados- que fueron invitados a responder la pregunta “¿Cárcel para la colusión?”.
El origen del debate al que fueron convocados el 3 de julio por el subdirector del CEP, Lucas Sierra, y el investigador Raphael Bergoing, economista y ex superintendente de Bancos del gobierno de Piñera, y en el que también participaron su director Harald Bayer e Isabel Aninat, abogada e investigadora del CEP, fue el proyecto de ley enviado en marzo por el Ejecutivo al Congreso que repone lo que en 2003 se eliminó: penas de hasta diez años de cárcel para los que cometan este delito.
Los invitados -los economistas Claudio Agostini y Aldo González, y los abogados Antonio Bascuñán, Juan Pablo Mañalich, Nicole Nehme y Julio Pellegrini– pusieron por escrito sus opiniones que el CEP subió en agosto a su página web.
Las posturas, según resume el centro de estudios, se dividen entre los que están favor, en contra y los que se plantean cómo habría que hacerlo. Agostini y Pellegrini se preguntan por la conveniencia de usar el derecho penal para defender la libre competencia. Agostini cree que vale la pena, Pellegrini no. Por su parte, Bascuñán, González, Nehme se preguntan por el modo en que, si se decide criminalizar, habría que hacerlo. Mañalich puede servir de nexo entre ambos grupos.
Está claro que el tema resulta de máximo interés para el CEP, que defiende los postulados de la economía de libre mercado y cuyo requisito principal es la competencia. Lo que ni en sus peores pesadillas soñaron sus directivos e investigadores es que CMPC, la empresa del presidente del CEP, Eliodoro Matte, sería acusada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de participar durante 11 años en la colusión del papel higiénico y otros productos tissue con SCA, ex Pisa, la compañía fundada por Gabriel Ruiz-Tagle, según consta en el requerimiento presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la semana pasada.
Pero el centro de políticas públicas sigue apoyando su ideario liberal y el próximo martes organizará un seminario en el que expondrá Alex Frankel, profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, donde cursó su MBA Eliodoro Matte. Él es uno de los testigos de la FNE ante el Tribunal de Libre Competencia (TLDC) en el caso de Transbank, que tiene entre sus socios al banco Bice, de propiedad de los Matte.
Transbank es acusada de ser un monopolio, ya que es la única empresa autorizada para procesar las tarjetas de crédito y débito en el comercio e internet. A fines de septiembre la Fiscalía que dirige Felipe Irarrázabal entregó al TDLC un informe en el que presenta los argumentos para que el TLDC envíe una propuesta al Poder Ejecutivo para inyectar competencia al mercado de los medios de pago. Lo que pasaría por un proyecto de ley que limite la actuación conjunta de los bancos a través de Transbank, defendida por Nicole Nehme, porque su monopolio ha impactado negativamente en los establecimientos comerciales y consumidores que están sometidos a las condiciones (comisiones) que impone Transbank por el uso de sus servicios.
