Con el título de «Resguardar la dignidad del PS» ha circulado entre la militancia y dirigentes de toda índole una carta en la que se exige «hacer valer la responsabilidad la responsabilidad política de un alto dirigente ante el Partido Socialista y los habitantes de San Ramón». En el documento se encuentra en estado de «borrador», pero de todas maneras está sumando firmas de apoyo.
Internamente en el PS el clima es de lo peor estos días. La conversación obligada es la situación del vicepresidente del partido y edil de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por las denuncias sobre los vínculos de dicho municipio con redes de narcotráfico y si bien el dirigente “suspendió” su militancia hace unas semanas, en las huestes socialistas se suman las voces que piden que la directiva nacional, encabezada por Álvaro Elizalde, lo expulse de la colectividad.
En el PS cuentan que las últimas 48 horas todos los chats y redes internas del partido han estado incendiadas por el debate y en especial por varias cartas que están circulando entre la militancia, en las que se cuestiona el mal manejo de la mesa socialista para enfrentar esta situación.
Con el título de “Resguardar la dignidad del PS” ha circulado entre la militancia y dirigentes de toda índole una carta en la que se exige “hacer valer la responsabilidad política de un alto dirigente ante el Partido Socialista y los habitantes de San Ramón”. El documento se encuentra en estado de “borrador”, pero de todas maneras está sumando firmas de apoyo.
El texto es duro y sentencia que “la existencia de un Vicepresidente PS y Alcalde de una emblemática comuna popular, cuya gestión se vincula al narcotráfico y otros delitos -en una profundidad que no conocemos- es repudiable desde todo punto de vista. Una autoridad del PS debe tener no solo una práctica apegada a la ley, sino también actuar responsablemente de acuerdo con los principios del socialismo”.
La carta agrega que “el estándar ético exigible a un dirigente es mayor que a cualquier otro militante, porque el poder de su cargo, el que debe ser ejercido en favor de sus representados, normalmente no encuentra contrapesos en la ciudadanía. Porque siendo autoridad política se es responsable tanto de las acciones como omisiones de su dirección, por sus mayores consecuencias e impacto en la sociedad”. Por eso, llama “con modestia pero con firmeza” a que la dirección del PS, el Tribunal Supremo y todos sus militantes “enfrentemos esta situación con unidad y rigor, sin cálculos pequeños y aplicando los principios y estatutos” y demandaron “la expulsión del militante Miguel Ángel Aguilera Sanhueza de las filas del partido, por su falta a los principios y ética socialista, y por su responsabilidad política en el deterioro del prestigio del PS”.
Además, propone que “el Comité Central del PS constituya una comisión ad hoc que audite el padrón de la comuna de San Ramón con transparencia y objetividad, con el fin de verificar la libre determinación de sus militantes en el ingreso al PS” y llama a una autocrítica de la colectividad en su responsabilidad formadora, ante la ausencia “de debates democráticos con incidencia real en la orientación partidaria y la falta de un control mayor de su funcionamiento, son elementos que han fragilizado al partido posibilitando la situación denunciada”.
La segunda carta corresponde a 53 abogados militantes del PS, entre los que destacan la ex subsecretaria de la Segpres, Patricia Silva, el constitucionalista y candidato a diputado, Fernando Atria, junto a Matías Salazar, David Silva, Alexandro Álvarez y Luz María Gutiérrez, quienes redactaron una misiva –reza el texto- para “sumarse a las voces de repudio que han surgido desde la base del socialismo chileno, por las informaciones que han surgido en diversos medios de comunicación, que delatan la presencia de un vinculado al tráfico de drogas y que formaban parte del padrón partidario de militantes, así como la contratación como funcionarios municipales de narcotraficantes y la natural vinculación que se presume con estos hechos, del Alcalde socialista de San Ramón y otros dirigentes nacionales”.
En la carta agregaron que “ningún militante tiene derecho, por actos propios, a generar un detrimento de esta envergadura a nuestra imagen e historia y además disminuir a niveles críticos nuestra credibilidad, afectando nuestra futura presencia en el Congreso Nacional, donde debemos continuar la senda transformadora de nuestra compañera Presidenta”.
Si bien valoraron la decisión de la directiva nacional de haber presentado una querella, plantearon que la acción de los dirigentes “no queda completa, si no acometemos a los menos con dos acciones imprescindibles: primero, la denuncia de estos hechos a la Contraloría General de la Republica, por las eventuales responsabilidades administrativas en el manejo de recursos públicos y segundo, una investigación que debe agotarse a la brevedad, para evitar efectos irreversibles al Partido y campaña electoral en curso, por parte del Tribunal Supremo, que se refiere al establecimiento de responsabilidades por la flagrante vulneración de los principios más caros del socialismo. En este sentido haremos las presentaciones pertinentes al caso”.
