Además de entregar información relevante sobre las «graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha sufrido nuestro territorio, y otros aledaños, sus habitantes, vecinos, trabajadores, visitantes y animales desde hace más de 100 días en manos de agentes del Estado de Chile», la organización solicitó al relator Hernández «una investigación exhaustiva» sobre estos hechos, como también «generar amparo y protección ante el Estado y Gobierno de Chile».
El 26 de enero, la organización territorial Rosal organizado, conformada por 62 vecinos y sus familias, expuso ante el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, sobre las violaciones a los DDHH ocurridas en el marco de las manifestaciones que se han realizado en la llamada «zona cero» de la Plaza Italia y sus sectores aledaños, desde el estallido social del 18 de octubre.
Además de entregar información relevante sobre las «graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha sufrido nuestro territorio, y otros aledaños, sus habitantes, vecinos, trabajadores, visitantes y animales desde hace más de 100 días en manos de agentes del Estado de Chile», la organización solicitó al relator Hernández «una investigación exhaustiva» sobre estos hechos, como también «generar amparo y protección ante el Estado y Gobierno de Chile».
La declaración reza que «como vecinos y vecinas hemos sido testigos presenciales y víctimas directas de las graves y reiteradas acciones de afectación de derechos humanos, tanto en nuestro ejercicio legítimo de derecho a la reunión y manifestación en lugares públicos y sin autorización previa, en nuestra cotidianidad vecinal y actividades barriales propias y como víctimas de la represión sistemática e indiscriminada al conjunto del territorio con gases lacrimógenos, balines de metal, gas pimienta, carro lanzaguas con elementos dañinos para la salud, bloqueo de calles, apaleos a vecinos, apremios y tratos degradantes y vejatorios, actuación de civiles en coordinación con la fuerza policial para la intimidación, represión y/o detención de vecinos, vigilancia con drones y helicópteros a baja altura».
En la exposición, precisaron que «estos actos represivos no guardan proporcionalidad ni gradualidad alguna con las manifestaciones y en muchos casos, más allá del daño colateral, son directamente ejercidos sobre población indefensa, en una suerte de castigo al territorio, incluyendo los puestos de salud, sus voluntarios y personas que llegan a solicitar atención. A mayor abundamiento nuestro territorio es usado como centro de acopio y bodega del arsenal represivo, en calle Victoria Subercaseaux N° 143»
La organización vecinal explicó al relator de la CIDH que «esta realidad la sufrimos a diario, las llamadas fuerzas de orden son las fuerzas de ataque a los vecinos/as, de la arbitrariedad activa, son del copamiento y secuestro de calles, plazas y esquinas, para cercarnos e intimidarnos. Nuestros vecinos han registrado en su memoria e historia personal esta terrible realidad, que suponíamos erradicadas de Chile. También varios de nuestros vecinos y vecinas han escrito, registrado, filmado y fotografiado este ataque del Gobierno de Chile a ciudadanos que luchan y reivindican sus más elementales derechos»
Junto con los testimonios e información, se hizo entrega de pruebas del «arsenal de la represión que vecin@s de nuestra organización han recogido, sumando a la fecha unos 25 kilos aproximadamente, y que son evidencia indesmentible de la sistematicidad de las graves violaciones a derechos humanos antes referida».
