El Ministerio de Justicia, que este lunes debía dar a conocer los nombres de los 12 abogados integrantes de la Corte Suprema para el período 2021-2024, comunicó al máximo tribunal que debía readecuar las ternas, excluyendo a todos aquellos que superaran los 75 años. Lo que pareciera ser una simple discrecionalidad del Ejecutivo, fue interpretado en Tribunales como el epílogo de una clara gestión de lobby del expresidente de la minera no metálica, destinada a evitar que Pedro Pierry (quien tiene más de 75 años) fuera reelecto como abogado integrante. Pierry y el ministro Sergio Muñoz fueron los únicos que votaron en contra de la vergonzosa rebaja de multa que le concedió la Tercera Sala de la Suprema al expresidente de SQM, en el marco del caso Cascada. Sin Pierry, juega como favorito en la octava terna Pedro Águila Yáñez, el exabogado de Julio Ponce Lerou , precisamente, en el señalado caso Cascada.
Para nadie es un misterio que el poder que Julio Ponce Lerou alcanzó tras años de financiamiento ilegal a la política, le ha rendido frutos y tributos. Esta capacidad de influir transversalmente no se limita solo a los partidos ni al ámbito legislativo, sino también alcanza al Poder Judicial y a todas aquellas áreas donde la política tiene la última palabra, como por ejemplo en el nombramiento de los abogados integrantes de la Corte Suprema, letrados que, sin ser jueces, obran como tales, inclinando la balanza de los fallos de forma definitiva, en uno u otro sentido.
En diciembre del año pasado, la Corte Suprema remitió al Ministerio de Justicia un listado con 36 nombres de candidatos a abogados integrantes del máximo tribunal, de los cuales la secretaría de Estado debía elegir 12 para el trienio marzo 2021-marzo 2024. Este lunes 1 de febrero, el ministerio que encabeza Hernán Larraín debía dar a conocer el listado con los 12 nombramientos, pero a última hora el jefe de la División Judicial se comunicó con la Suprema para informarle que las ternas serían devueltas para excluir a todos aquellos que superaran los 75 años, debiendo proponer en tales casos nuevos nombres.
Esta decisión, sin embargo, lejos de ser leída como una simple discrecionalidad de última hora, fue interpretada en Tribunales como una clara acción de lobby de parte de Julio Ponce Lerou para evitar que el abogado Pedro Pierry fuera reelecto en la sala Constitucional que comparte con el ministro Sergio Muñoz. Tanto Pierry como Muñoz fueron los únicos votos en contra que tuvo el “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”, conocido como el caso Cascada, para que dicha Sala por 3 votos contra 2 resolviera rebajar la multa de US$62 millones, que le impuso la SVS, a poco menos de US$3 millones.
El fallo –cuya multa rebajada de la Corte apenas alcanzó el 2,3 % del total de las utilidades fraudulentas, estimada en más de US$ 128 millones– dejó claramente conforme a Ponce Lerou, pero «atragantado» con Pierry, razón por la cual se habría iniciado hace meses una solapada gestión para evitar que fuera reelecto como abogado integrante de la sala Constitucional, dejando de paso aislado y como minoría al ministro Muñoz.
Cabe recordar que el fallo que favoreció al expresidente de la minera no metálica contó con los votos de las ministras María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, ambas ministras externas al Poder Judicial y consideradas pro empresa, y el del abogado integrante Diego Munita, cercano al mundo de la minería, en donde ronca a sus anchas SQM.
En la misma terna, de donde será retirado Pedro Pierry, figura el nombre de Pedro Águila Yáñez, el exabogado defensor de Julio Ponce Lerou, precisamente, en el caso Cascada.
