Hace 5 años, el otrora ministro de Economía de Patricio Aylwin fue favorecido con el sobreseimiento de su responsabilidad penal en el caso de las platas políticas, por hallarse prescrito el delito. Originalmente, Ominami había sido formalizado junto a Patricio Contesse –exgerente general de SQM– por la emisión de boletas falsas de la empresa Alerce Talleres Gráficos, cuyos montos habrían solventado gastos de las campañas del exsenador. El argumento consideraba que el delito no se podía investigar porque la querella del Servicio de Impuestos Internos se había presentado extemporáneamente. Acto seguido, se inició un sumario ordenado por la Contraloría General de la República por la demora del servicio en recoger los antecedentes, permitiendo así la prescripción. Finalmente, el órgano contralor absolvió a los funcionarios del SII tras considerar que habrían actuado en «un plazo prudente». En la operación impunidad nada queda al azar [ACTUALIZADA. Ver N. de la R al final de la nota]
Cinco años después que el Octavo Juzgado de Garantía dictara el sobreseimiento por prescripción del exministro, exsenador y hoy candidato a constituyente, Carlos Ominami, en el escándalo de las platas políticas, fueron absueltos los dos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) que fueron sumariados por ralentizar el proceso para facilitar precisamente la prescripción. Con esta decisión se cierra otra arista del financiamiento ilegal de la política. Originalmente, Ominami había sido formalizado junto a Patricio Contesse, exgerente general de SQM, por la emisión de boletas falsas de la empresa Alerce Talleres Gráficos, cuyos montos habrían solventado gastos de las campañas del exsenador.
El sobreseimiento del otrora ministro de Economía de Patricio Aylwin fue dictado el 29 de marzo de 2016, representando una dura derrota para la Fiscalía de entonces, aquella que contaba con un equipo especial de fiscales para investigar el financiamiento ilegal en todo el arco político. El argumento consideraba que el delito no se podía investigar porque la querella se había presentado extemporáneamente, estando prescrita la responsabilidad penal.
Luego de estos hechos, una nueva denuncia, esta vez en la Contraloría General de la República, apuntaba a la responsabilidad de dos funcionarios del Departamento de Litigación Penal del SII, quienes se habrían demorado –o estirado el plazo– en recoger los antecedentes contra Ominami, permitiendo con ello la prescripción del delito.
Finalmente, el sumario realizado por el SII por orden de la CGR resolvió que los funcionarios habrían actuado en «un plazo prudente». En la operación impunidad nada se deja al azar.
N. de la R: se aclaró en esta nota que el sumario en este caso estuvo en manos del Servicio de Impuestos Internos y no de la Contraloría General de la República. En este caso, la CGR sólo hizo una toma de razón, vale decir validó que el sumario estuviera bien hecho del punto de vista jurídico, pero no hubo un pronunciamiento sobre el fondo del tema.
