La compra se registró durante la administración del exalcalde de Rancagua, Eduardo Soto (UDI), y, según el informe de Contraloría, «no se acreditó que el servicio de medición de parámetros físicos y nutricionales para 7.535 estudiantes, a través de la aplicación IVEIS se haya prestado». Este fue contratado con la empresa Natural Phone S.A., por lo que, ante posibles responsabilidades de orden penal, el órgano contralor remitió el informe final al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Ayer el nuevo alcalde sumó una querella por el caso.
No es la primera oportunidad en que la atención está puesta en Rancagua. El escándalo por un fraude en la Corporación Municipal el 2018, relativo al Teatro Municipal, por una posible malversación de fondos, tuvo en el ojo del huracán al exalcalde de Rancagua Eduardo Soto (UDI), un nombre que hoy está nuevamente fijado en otra indagatoria que fue derivada a la Fiscalía, en su calidad de expresidente del directorio de la Corporación Municipal, a raíz de una fiscalización realizada por la Contraloría Regional.
Esta vez, se trata de la compra de 7.535 pulseras «smartband» con sistema IVEIS (pulseras inteligentes) que permiten la medición de parámetros físicos y nutricionales, que serían entregadas a estudiantes de la comuna. Las pulseras y el servicio de medición tuvieron un costo total de $448.332.500 para la Corporación Municipal, que corresponden a fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), recursos destinados a menores prioritarios. El contrato se hizo con la empresa Natural Phone S.A., cuyo representante legal es Carlos Eugenio Valenzuela. Una compañía que tiene varios contratos con diversos municipios y con partidos políticos, realizando prestación de servicios que van desde encuestas a softwares.
Con una denuncia anónima, la Contraloría Regional de O’Higgins realizó una fiscalización a la instancia, y emitió un informe el 31 de mayo de 2021. En dicho informe, el ente contralor plasmó algunas conclusiones, como que no se podía acreditar que se haya provisto el servicio por parte del proveedor, sin perjuicio de que se comprobó la entrega de una parte de los accesorios, y que no se pudo comprobar, finalmente, que se haya prestado el servicio por parte de la Corporación ni el destino de las pulseras.
«No se acreditó que el servicio de medición de parámetros físicos y nutricionales para 7.535 estudiantes, a través de la aplicación IVEIS se haya prestado –utilizándose para ello las pulseras electrónicas, las tarjetas SIM, los smartphones e incluso la clínica de fútbol a cargo de don (…), de acuerdo a lo previsto en el contrato –vulnerando lo establecido en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y en el artículo 2°, letra c), de la resolución N° 30, de 2015, de la Contraloría General de la República, por lo que esta Entidad de Control formulará el reparo correspondiente por la suma de $448.332.500, en virtud de lo prescrito en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336», dice el texto de la Contraloría.
A eso se suma que no se emitieron informes actualizados sobre el estado de las pulseras y que no se rindieron en los ítems correspondientes. Dados los antecedentes y pudiendo existir responsabilidades de orden penal, la Contraloría regional remitió el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, «a fin de que, en razón de sus facultades, puedan efectuar las acciones que estimen pertinentes», dice en las conclusiones.
Sobre la base de lo anterior, el actual alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, interpuso ayer una querella por los delitos de fraude al fisco, estafa y apropiación indebida contra quienes resulten responsables por estos hechos, destacando un gasto excesivo en esta compra. En la querella, además, pidió citar a declarar al exsecretario general de la Corporación Municipal (Cormun) Cesar Ríos, al exalcalde de Rancagua Eduardo Soto Romero, y a los dueños de la empresa Natural Phone, entre otros. En el texto, además, se incluyó que uno de los antecedentes que entregó el denunciante anónimo fue la sospecha de que «eventualmente la marca IVEIS se creó para la licitación en cuestión».
«Debido a mi calidad de Presidente del Directorio de la Corporación Municipal, y como alcalde de Rancagua, he decidido interponer esta querella en mi deber de realizar las acciones que sean necesarias para resguardar el patrimonio de la ciudad. Medida que también va en línea con la decisión de la Contraloría, que ya ha puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado. La querella interpuesta va dirigida contra quienes resulten responsables por los delitos de estafa, fraude al fisco y apropiación indebida», dijo el actual jefe comunal, Juan Ramón Godoy, a El Mostrador.
El jefe comunal agregó que «la Municipalidad de Rancagua colaborará con la justicia con todos los antecedentes que requiera para poder esclarecer estos hechos que ahora serán investigados».
