El pasado 18 de enero los comandantes en Jefe de la Fuerzas Armadas fueron convocados a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados. El motivo, discutir sobre el proyecto de ley que permitirá la protección de la infraestructura crítica por parte de las FFA.A. En la ocasión no habló quien tenía que hacerlo por jerarquía constitucional: la ministra de Defensa. Lo hizo –y además sus palabras causaron cierto revuelo– el general Javier Iturriaga. A casi nadie le pareció fuera de lugar que fuera él quien llevara la batuta.
A las 17:00 horas del pasado 18 de enero, en la sala Juan Bustos del Congreso Nacional, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados recibió a las ministras de Defensa, Maya Fernández, y del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, además del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y los comandantes en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga; de la Armada, Juan Andrés de la Maza; y de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez. La invitación (que se repitió nuevamente el 24 de enero) nació desde los parlamentarios para conocer la opinión de los invitados respecto de la reforma que modifica la Carta Fundamental para permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Curiosamente, la voz que se tomó la instancia fue la del comandante en Jefe del Ejército. En la ocasión, el general Iturriaga fue crítico del proyecto, argumentando –entre otros puntos– que la “Constitución mandata a las Fuerzas Armadas y en particular al Ejército tareas prioritarias relacionadas con la defensa y que al derivar a tareas dirigidas hacia el orden público desvirtúan nuestro rol principal”. Puso la atención en los problemas de operacionalidad y logística, al ser las mismas tropas “entrenadas para ciertas tareas que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo el país”.
Pero el tema no está en lo que dijo el general Iturriaga –aunque tenga un gran punto en todo lo que señaló–, de hecho, se sabía que los comandantes en Jefe no estaban “contentos” con el proyecto de ley.
El vergonzoso trasfondo fue el silencio de las autoridades presentes, en especial de la ministra de Defensa, Maya Fernández, superior jerárquica de los militares y, por tanto, a quien correspondía tomar la palabra y exponer las observaciones y reparos al proyecto de ley ante los diputados.
A la única que le llamó la atención la figura fue a la diputada Maite Orsini, que señaló que no le parecía “que las FF.AA. tengan que opinar a favor o en contra de un proyecto presentado por las ministras de la cartera. Quisiera revisar la constitucionalidad de esta conversación porque me parece al menos incómodo”, expresó.
Sin embargo, no pasó de quedar como una observación.
Consultada sobre la exposición de los jefes castrenses, la ministra Fernández comentó públicamente que en ningún momento hubo una opinión contraria a la reforma constitucional, “lo único que existió fueron temas que hemos conversado como Ministerio de Defensa con las ramas de las FF.AA. Son observaciones que tienen que quedar en el proyecto de ley».
Sin embargo, nunca explicó por qué no fue ella quien las expuso, siendo que es la superior civil de las Fuerzas Armadas.
Como señala un analista: “Hay demasiadas experiencias en la historia donde los civiles, en momentos de crisis, entregan facultades a los militares para salir del paso y luego se arrepienten. Curioso que un Gobierno de nueva izquierda promueva una reforma de este tipo”.
El proyecto de ley, que fue aprobado hace unos días, modifica la Carta Magna para permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente. La propuesta permitirá al Ejecutivo disponer, entre otras cosas, que las FF.AA. se desplieguen en las zonas fronterizas. El proyecto precisa que infraestructura crítica serán todas aquellas instalaciones físicas estratégicas y que prestan servicios básicos en temas de abastecimiento, telecomunicaciones, salud, centrales eléctricas, entre otras.
De acuerdo a lo establecido en el proyecto, serán las Fuerzas Armadas las que cuidarán las fronteras y podrán solicitarle, a quienes cruzan por pasos no habilitados, que se identifiquen, registrarlos y eventualmente detenerlos y ponerlos a disposición de las policías.
