Al menos “incomodidad” causó en parte de la derecha y en otros sectores una columna de opinión firmada por el ex presidente Sebastián Piñera, en la cual pareciera querer atribuirse el mérito de la actualización de la plataforma continental de 200 millas de las islas del Cabo de Hornos y Diego Ramírez, al suroriente del llamado “Punto F” de la delimitación marítima establecida por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, dado que la iniciativa fue del ex canciller Teodoro Ribera y de un grupo de funcionarios diplomáticos y abogados de la Cancillería.
Hace un par de días el ex presidente Sebastián Piñera publicó una opinión en El Mercurio, donde parece asumiendo el mérito de la actualización de la plataforma continental de 200 millas de las islas del Cabo de Hornos y Diego Ramírez, al suroriente del llamado “Punto F” de la delimitación marítima establecida por el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
Sus palabras molestaron e incomodaron a distintos sectores, incluidos a parte de la derecha.
La opinión del ex mandatario se produjo a propósito del fallo de la Corte Internacional de Justicia respecto de la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua, en la cual dicho tribunal ha establecido que una plataforma continental legal de 200 millas preexiste a una plataforma continental extendida más allá de esa distancia.
Algunos expertos estiman que la intervención de Sebastián Piñera parece pretender “blanquear” un error de enormes proporciones;esto es, la demora de 21 años de la Cancillería (de cinco gobiernos consecutivos) para identificar con precisión la existencia de la soberanía chilena que, con arreglo al Derecho Internacional, le corresponde al país sobre un sector de 9.000 kms2 (que desde 2009 es reclamado por Argentina).
Aunque el reclamo argentino era ya conocido —porque también incluía una región de la Antártica Chilena—, durante su primer gobierno (2010-2014) el ex presidente Piñera no tuvo opinión ni adoptó alguna medida al respecto.
Un dato adicional que llama la atención es que, al final de su segundo mandato, el 2 de febrero de 2018, la ex presidenta Michelle Bachelet creó el “Parque Marino Islas Diego Ramírez y Paso Drake” que protege la plataforma continental, pero sólo hasta el meridiano que corre a cinco millas al Oeste del Cabo de Hornos, olvidando incluir los 9.000 kms2 de plataforma continental que luego dieron lugar a la actual controversia con Argentina.
Al asumir su segundo período, en marzo de 2018, el presidente Piñera no tuvo opinión sobre los deslindes de ese “parque marino”, ni tampoco respecto de la norma argentina que creó el “Parque Marino Yaganes”, que incluyó bajo protección los mencionados 9.000 kms2.
Recién en mayo de 2020 Chile objetó la “medialuna de plataforma continental” pretendida por Argentina en dicho sector del mar Austral.
Según varias fuentes, el ex presidente se equivoca al señalar que en 2016 Chile objetó esa pretensión argentina. En materia de plataforma continental ese año Chile recordó que en la Antártica existe un régimen jurídico en aplicación (Tratado Antártico), aunque sin mencionar la situación creada por la “medialuna”, suelo y subsuelo marinos pretendidos por Argentina al sur del Cabo de Hornos (equivalente a una reinterpretación de una norma fundamental del Tratado de Paz y Amistad).
Expertos señalan que, además, sin querer-queriendo el “Parque Marino Islas Diego Ramírez y Paso Drake” podría ser interpretado como un “reconocimiento involuntario” de la lógica del diseño geopolítico argentino que, empleando un reclamo de plataforma continental, pretende revivir el “principio bioceánico”. Si esto es así, entonces Chile no tiene proyección natural (o “continuidad”) hacia la Península Antártica y las islas Shetland del Sur).
En la práctica, la actualización de la plataforma continental de las islas Diego Ramírez y Cabo de Hornos fue iniciativa del ex canciller Teodoro Ribera y de un muy reducido grupo de funcionarios diplomáticos y abogados de la Cancillería, quienes, haciéndose eco de reclamos por años recibidos del Consejo Regional y expertos de Punta Arenas, en conjunto con la Armada (e incluso con aporte de privados en forma de datos científicos), con rapidez resolvió un error que, por omisión, afectaba al interés del país.
Se sabe que, antes de ser removido por Sebastián Piñera, en esa tarea Ribera y su equipo debió enfrentar el escepticismo y la renuencia de personeros cercanos al ex presidente, que ahora parecen haberles convenido haber reclamado un crédito de dudosa autoría.
