Convención: con el tiempo en contra, Sistema Político intenta acordar atribuciones para su propuesta bicameral

“Entendemos que esta es la última oportunidad”, dijo la semana pasada Pedro Muñoz, del Colectivo Socialista. Se refería a las conversaciones que iniciaron la centroizquierda y los colectivos de movimientos sociales e independientes al interior de la Comisión de Sistema Político el pasado miércoles, tratativas que se extendieron durante este fin de semana en el tercer piso del ex Congreso, y que se alargaron hasta pasadas las 21:00 horas de este domingo. El objetivo es lograr un nuevo acuerdo en torno al Sistema Legislativo y Ejecutivo, y el nudo principal apunta a las atribuciones que tendrá la Cámara de las Regiones. 

A las 23:59 horas de este lunes vence el plazo que tienen los integrantes de la Comisión de Sistema Político para presentar indicaciones a los 24 artículos rechazados por el Pleno (votación del total de convencionales) que volvieron a la comisión el 14 de abril. Se trataba de un informe que consagraba, en palabras de los convencionales, un “bicameralismo asimétrico”.

Los dos órganos legislativos propuestos por la comisión, el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que reemplazará al Senado, ya pasaron la prueba de la instancia plenaria el 14 de abril –quedaron en el borrador de la nueva Constitución artículos que los definen o al menos los nombran–.

Sin embargo, se rechazó el acápite que contenía las 17 temáticas legislativas en que la Cámara de las Regiones podía actuar como revisora. Este había sido denominado por los convencionales como el “artículo medular” del “gran acuerdo” al que concurrió casi toda la centroizquierda al interior de Sistema Político –el Colectivo del Apruebo se restó– y del que derivaron las iniciativas presentadas al Pleno el 14 de abril. Las firmas de la resolución provinieron del Partido Comunista, el Frente Amplio, el Colectivo Socialista, Pueblos Originarios, Independientes por una Nueva Comisión (también conocidos como Independientes No Neutrales, INN), Pueblo Constituyente y la Coordinadora Plurinacional.

Volvió a la comisión con 102 votos a favor –le faltó uno para quedar en el borrador constitucional–. Obtuvo un voto en contra y dos abstenciones por parte de INN y un rechazo del convencional Patricio Fernández, del Colectivo Socialista, dos grupos que formaron parte de las tratativas y pusieron su firma en el documento del que surgieron estas normas.

A la caída de este artículo siguieron otros, como el de las atribuciones del Congreso de Diputadas y Diputados, propuesta que contó con rechazos de INN, así como abstenciones de este mismo grupo y del Colectivo Socialista. Estos resultados generaron tensión entre Frente Amplio-Partido Comunista y Colectivo Socialista-INN, grupos que la semana pasada tuvieron que sentarse a conversar de nuevo.

Desde el inicio de la semana se sintió un ambiente tenso al interior de la comisión. “Aquí la coordinación ha actuado con una falta de prolijidad increíble, que nos pone en una situación bien vergonzosa. No basta con decir que estamos de acuerdo y que constatamos el déficit. Esto es un bochorno, y es un bochorno que ha generado la coordinación”, aseguró el lunes pasado Marcos Barraza, del Partido Comunista, en medio de la discusión al interior de la sala sobre si la figura de la acusación constitucional debía ir en el primer o segundo bloque de artículos, apuntando a los coordinadores del espacio, Ricardo Montero (Colectivo Socialista) y Rosa Catrileo (Pueblos Originarios y representante del pueblo Mapuche).

Según quienes asistieron a las reuniones que la centroizquierda celebró durante la semana pasada para zanjar las indicaciones que presentarán este lunes, la principal fuente de tensión –además de la petición de “más transparencia” a los representantes de INN, toda vez que de ahí salieron los votos que devolvieron el artículo con las atribuciones de la Cámara de las Regiones– es el tiempo. “Los temas metodológicos, lo difícil que es llegar a un acuerdo para el lunes”, puntualizaron.

Consultada por Emol sobre si están dañadas las confianzas con el Colectivo Socialista e INN, la convencional del Partido Comunista e integrante de Sistema Político, Bárbara Sepúlveda, respondió el sábado que se «desgasta un espacio político de conversación y se desgasta porque, precisamente, uno siempre cuando se sienta a dialogar lo hace de buena fe, y de buena fe de que el que tiene sentado al frente es una persona que si concurre a ese espacio es porque tiene la posibilidad de negociar (…), pero además cuenta con el respaldo de su colectivo político o su partido político porque si no lo tiene, entonces eso es un antecedente que a nosotros nos faltaba conocer».

Las atribuciones de la Cámara de las Regiones que abre una pugna en las izquierdas

Este sábado y domingo se realizaron en el edificio del ex Congreso las reuniones de los colectivos de la centroizquierda al interior de Sistema Político. A ambas se sumó Fuad Chahin (Colectivo del Apruebo), convencional que se había restado de las conversaciones en medio de las negociaciones del «gran acuerdo» del 24 de marzo. También acudieron constituyentes que no forman parte de esta comisión. De acuerdo con los asistentes, «los invitaron para destrabar».

El domingo llegaron a ser parte de las tratativas el exalcalde de Tirúa, Adolfo Millabur (Pueblos Originarios), Tomás Laibe (Colectivo Socialista) y Tammy Pustilnick (INN —quien también fue parte de las conversaciones el sábado—). La asistencia de Pustilnick se concretó a raíz de la petición de representantes de otros colectivos, con el argumento de que ella podría tener más liderazgo para influir en sus pares. 

En cambio, no llegaron a las reuniones durante el fin de semana los representantes en la comisión de la Coordinadora Plurinacional, Tania Madriaga, Alejandra Pérez y Marco Arellano, y de Pueblo Constituyente, Francisca Arauna.

De acuerdo con los asistentes, el gran nudo de las conversaciones durante el fin de semana fueron las atribuciones que tendrá la Cámara de las Regiones. El Colectivo Socialista siguió empujando por sumar el rol revisor a esta segunda Cámara de reformas constitucionales, nombramiento de autoridades, y tratados internacionales, materias que –según quienes han formado parte de las reuniones– otros grupos, como el Frente Amplio, están más abiertos a incluir. 

El Colectivo Socialista, INN, Pueblos Originarios y el Colectivo del Apruebo, de acuerdo a quienes asistieron a las reuniones, también impulsaron la idea de que la Cámara de las Regiones fuera revisora en derechos fundamentales, concentrándose en salud, educación, pensiones y vivienda. Aquí es donde los distintos convencionales consultados aseguran que se trabó la discusión. Además, uno de los puntos clave en las negociaciones fue agregar aquellas leyes que se refieran al derecho de propiedad. 

“¿Por qué las regiones no vamos a tener derecho a través de esta Cámara Regional a discutir materias tan importantes como salud, educación, vivienda?”, planteó Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) en un punto de prensa.

Entre las 17 materias en que la segunda Cámara podía ser revisora, en el informe rechazado, estaban aquellas leyes que reforman la Constitución en lo relativo a la elección, designación, competencias, atribuciones y procedimientos de los órganos y autoridades de las entidades territoriales; al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo; al Servicio Electoral y a la Contraloría General de la República; así como la Ley de Presupuestos y las que regulan la protección del medio ambiente, entre otras.

La primera reunión entre los grupos de la centroizquierda fue el miércoles y al inicio de las conversaciones las posturas estaban alejadas. «Una Cámara revisora implicaría la negación de una Cámara regional”, afirmó Fernando Atria (FA) el jueves, y aseguró que “en general la caracterización de las facultades que está contenida ya en el informe de la comisión es adecuada, sin perjuicio de que pueda ser ajustada, pero en mi opinión marginalmente”. Se refería a las 17 materias.

“Gran parte de los colectivos que no concurrieron con sus votos están por sumar más atribuciones. La pregunta ahora está en la intensidad de ese aumento, y la asimetría que se mantenga respecto de la Cámara política”, dijo Guillermo Namor, convencional de INN. Al interior del colectivo de independientes aseguran que buscarán aumentar las atribuciones de la segunda Cámara e indican que “las regiones no pueden pasar a ser meros espectadores del debate político”.

Integrantes explican que hay dos facciones al interior de INN, una que busca mantener una “lógica de Senado” y otra que “se da cuenta de que no hay posibilidades políticas de sostenerlo”, pero que aún así quiere fortalecer la segunda Cámara.

Marcos Barraza (PC) dijo: “No compartimos que la Cámara de las Regiones tenga una condición de revisora, sino más bien eso sería reeditar el actual Senado, y en eso no estamos de acuerdo”.

Desde la Coordinadora Plurinacional, Tania Madriaga argumentó que convertir a la Cámara de las Regiones en un órgano revisor de discusiones nacionales implicaría “volver a alejar el poder de los territorios, y es algo que hemos planteado desde el principio estar en desacuerdo”.

“Esperamos que los colectivos no insistan en dejar las cosas como están hoy día pero con distintos nombres. Eso sería faltar al proceso de discusión que llevamos hasta ahora”, agregó.

La encrucijada del Frente Amplio: qué tipo de acusación constitucional apoyará

“Hay una diferencia sobre si la participación de la Cámara de las Regiones tiene que darse por la vía de que la acusación sea conocida y recibida en una sesión conjunta del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, o a la manera actual, en que el Congreso acusaría y la Cámara de las Regiones decidiría como jurado. Esa es parte de la conversación. Pero que la Cámara de las Regiones va a participar en la acusación constitucional, diría que es una cuestión que a estas alturas es parte del consenso”, aseguró Fernando Atria (FA) la mañana del jueves.

Que la Cámara de las Regiones se refiera a tratados internacionales fue un tema al que también llegó a acuerdo el total de la centroizquierda, más los colectivos de movimientos sociales e independientes al interior de la Comisión de Sistema Político.

¿Cómo? A través de indicaciones al segundo informe de dicha comisión que se enfrentó el viernes al Pleno. El 9 de abril vencía el plazo para presentar las anotaciones a los artículos sobre transparencia y probidad, Fuerzas Armadas, Seguridad Pública y Estados de Excepción Constitucional, aprobados en general al interior de la comisión.

Ese día la centroizquierda llegó con una propuesta en conjunto que consignaba que “el proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá, en lo pertinente, a los trámites de una ley de acuerdo regional”, artículo que volvió el viernes a la comisión por no alcanzar los 2/3 de apoyo (103 votos), sino que 80 votos a favor. Rechazaron o se abstuvieron grupos de la centroderecha, Pueblo Constituyente, la Coordinadora Plurinacional y algunos integrantes de Pueblos Originarios.

Para la presentación de estas indicaciones la centroizquierda no logró ponerse de acuerdo en materia de acusación constitucional y se dividieron en dos opciones –que finalmente tendrán que ir este lunes en las indicaciones que presentarán a los artículos rechazados–. Sin embargo, ambas opciones consignaban que la Cámara de las Regiones actuase como juez en las acusaciones constitucionales que inicie el Congreso de Diputadas y Diputados.

La que lleva la firma de los convencionales del Colectivo Socialista, INN, Colectivo del Apruebo y Pueblos Originarios establece que, mientras quien acuse será la mayoría del Congreso de las Diputadas y Diputados, y proclamará “ha lugar la acusación” para que el culpado sea suspendido en sus funciones, la Cámara de las Regiones “resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa”.

En cambio, la que fue presentada por los integrantes del Partido Comunista, Movimientos Sociales Constituyentes y la Coordinadora Plurinacional establece que será el Congreso de Diputadas y Diputados, en sesión conjunta con la Cámara de las Regiones, la instancia que resuelva en calidad de jurado. “Se limitarán a declarar si el acusado es o no culpable de la infracción o abuso de poder que se le imputa”, consigna.

Ninguna de las alternativas llevaba la firma de los representantes del Frente Amplio en Sistema Político –Fernando Atria, Constanza Schönhaut y Jaime Bassa–. De esta forma, la opción que elija apoyar el FA este fin de semana será clave en las últimas horas en las negociaciones sobre Sistema Legislativo, conversación que tiene como término este lunes. Hasta la noche del jueves integrantes del FA aseguraban que estaban más inclinados a apoyar la propuesta de acusación constitucional del PC.

Sin embargo, de acuerdo a quienes estuvieron presentes en las tratativas del fin de semana, se empezó a estudiar la posibilidad de presentar una propuesta conjunta –de toda la centroizquierda– sobre acusación constitucional. La idea es convertir la acusación constitucional en «censura», lo que significaría que ninguno de los dos órganos –Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las Regiones– resuelva como jurado, y que la acusación no tenga carácter jurídico, sino que se denuncien responsabilidades políticas y que se resuelva, como la propuesta del PC, MSC y la Coordinadora Plurinacional, en una sesión conjunta. De acuerdo con fuentes al interior del Colectivo Socialista, estarían abiertos a esta posibilidad. 

Tramitación de leyes y quórum del Congreso de Diputadas y Diputados para insistir en sus proyectos originales

El acuerdo original, mediante un artículo que fue devuelto a la comisión, consignaba que si, frente al resultado de una comisión mixta –es decir, con integrantes de la Cámara de las Regiones y del Congreso de Diputadas y Diputados– la Cámara de las Regiones decidía rechazar un proyecto que provenía de la Cámara política, esta última podía insistir con su proyecto original si reunía un quórum de 4/7 de “las diputadas y diputados presentes”.

Desde el Colectivo Socialista, Pueblos Originarios –su representante en Sistema Político es la convencional mapuche y coordinadora de la comisión, Rosa Catrileo–, así como una fracción de INN, aseguran que están estudiando la posibilidad de aumentar el quórum de insistencia del Congreso de Diputadas y Diputados de 4/7 a uno de 3/5. Sin embargo, distintas fuentes consultadas señalan que este tema no pudo tratarse el fin de semana, por lo que será uno de los puntos a destrabar en las conversaciones de este lunes.