Opinión
Créditos: Agencia Uno.
Los líderes latinoamericanos entregan una señal errónea, toda vez que prefieren defender a sus “amigos”, en lugar de condenar los hechos. La afinidad política e ideológica no significa la justificación de cualquier acto. Lo mínimo que se espera de nuestros líderes es que condenen la corrupción, cualquier evento antidemocrático y sean un ejemplo para la sociedad. De lo contrario, ¿cómo se exige probidad a los ciudadanos?, ¿cómo recuperamos la confianza de la sociedad en sus autoridades e instituciones?, ¿cómo fortalecemos la democracia y el Estado de derecho?
El 2022 advertía su complejidad desde sus inicios. A los efectos de la pandemia, como de la recesión e inflación mundial, la crisis de las cadenas de suministros, ahora se sumaban nuevos factores: una guerra que por años había sido una amenaza, autocracias en ascenso, democracias en riesgo y el narcotráfico tomándose los territorios. En escenarios como estos, se necesita líderes que estén a la altura y, en América Latina, el panorama no ha sido muy alentador.
El pasado 7 de diciembre, los peruanos miraban atónitos el mensaje del entonces presidente Pedro Castillo, anunciando el cierre temporal del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia excepcional, ante su inminente destitución por corrupción. Se trató de un intento de autogolpe sin aliados que fue desarmado rápidamente por el mismo Congreso, invistiendo ese mismo día a la vicepresidenta Dina Boluarte como mandataria. Si bien esto calmaba las aguas momentáneamente, surgieron masivas y violentas protestas que llevaron a Boluarte a decretar estado de emergencia e instar al oCngreso a adelantar las elecciones. Por mientras, Castillo espera tras las rejas lo que dictamine la justicia y su familia está asilada en México, lo que, de paso, ha provocado problemas diplomáticos entre ambos países.
Un día antes de ese fallido intento de autogolpe, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, era condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por un caso de corrupción ligado a la adjudicación de obras públicas. Un fallo que aún puede ser apelado, pero en que contó con el irrestricto respaldo del presidente Alberto Fernández, quien aseguró la inocencia de la expresidenta y apuntó su crítica a los jueces.
Un hecho no menor es que Castillo y Fernández han recibido el apoyo de los mandatarios de México, Colombia, Bolivia y Argentina. Suscribieron una carta en apoyo a Cristina Fernández acusando persecución judicial y otra misiva expresando que aún reconocen a Castillo como presidente de Perú, asegurando que ha sido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” desde que asumió el poder.
En ambos casos, los líderes latinoamericanos entregan una señal errónea, toda vez que prefieren defender a sus “amigos”, en lugar de condenar los hechos. La afinidad política e ideológica no significa la justificación de cualquier acto. Lo mínimo que se espera de nuestros líderes es que condenen la corrupción, cualquier evento antidemocrático y sean un ejemplo para la sociedad. De lo contrario, ¿cómo se exige probidad a los ciudadanos?, ¿cómo recuperamos la confianza de la sociedad en sus autoridades e instituciones?, ¿cómo fortalecemos la democracia y el Estado de derecho?
Y si lo anterior no fuera preocupante, miremos lo que ocurre en países de Centroamérica, donde las libertades están siendo restringidas y los derechos humanos pasados a llevar. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua apresó a sus rivales y ahora está cancelando ONGs, persiguiendo a la Iglesia católica y coartando la libertad de prensa. Su par, en El Salvador, Nayib Bukele, instaló un régimen de excepción hace más de ocho meses con el fin de combatir las pandillas. El miedo de los habitantes de ese país hacia los criminales ha disminuido, mientras crece su temor al poder que ostentan la policía y el ejército. Y si hablamos de poder, Bukele sigue aspirando a más, anunciando que irá a la reelección, pese a que la Constitución no lo permite.
En Brasil, quedó de manifiesto la polarización que vive el país tras las elecciones que dieron por ganador a Lula da Silva, en las que, además, primó la desinformación. Partidarios de Bolsonaro protestaron y bloquearon accesos, e incluso el Tribunal Superior Electoral multó a su partido por poner en duda el resultado de la elección.
Y en México, el presidente López Obrador ha sido cuestionado por algunos giros y polémicas reformas, entre ellas, la que busca modificar el órgano electoral mexicano, que según sus opositores atenta contra la independencia de esa institución; o la llamada “militarización” que lleva adelante, luego de lograr que se aprobara en el Congreso el traspaso de la Guardia Nacional de un mando civil a la Secretaría de Defensa Nacional, además del anuncio de la creación de una aerolínea del éjército.
Chile tampoco se ha quedado atrás en este convulsionado escenario, especialmente luego de que fuera rechazada la propuesta de nueva Constitución, y la posterior búsqueda de acuerdos, donde han primado rencillas y política chica que solo profundizan la desconfianza y hastío por parte de la ciudadanía.
Y un tema transversal que involucra a toda la región, es el avance del narcotráfico y crimen organizado. Con nuevos puertos como protagonistas para el paso de la droga y nuevas formas de operar, que han aumentado el temor e inseguridad de los latinoamericanos. Las consecuencias van más allá de eso, ya que delitos como el lavado de activos están más latentes que nunca y cualquiera de nosotros puede ser blanco de criminales que requieren lavar dinero a través del sector privado.
Las preocupaciones son muchas y diversas y, para enfrentarlas, necesitamos que nuestros líderes actúen tan unidos, como cuando defienden a un amigo político. Somos nosotros la mayor fuerza para exigir a nuestros líderes que actúen ya, y que enfrenten todos estos problemas antes de que sea demasiado tarde.
