La indignación brota espontánea al comprobar que las personas no parecen estar en el centro del interés gubernamental. La mera postergación del pago de las cuentas de los servicios básicos no es solución, solo aplaza y complica el problema de los más desposeídos. No se entiende que el plan de defensa de puestos de trabajo propuesto por el Gobierno sea con cargo al seguro de cesantía y que cubre poco más de la mitad de la fuerza laboral, dejando fuera a los grupos informales y de mayor riesgo. Para colmo, el mismo Gobierno, a través de un dictamen de la Dirección del Trabajo, puso una bomba nuclear en manos de los empresarios para permitirles eludir sus compromisos laborales. Como ejemplo de exactamente lo contrario, Australia aprobó más de 80 mil millones de dólares para apoyar a las empresas precisamente para que puedan seguir pagando los salarios de sus trabajadores.
