Los viajes de Alberto Larraín a Isla de Pascua en clase business

Cuando a Mauricio Garay, exfuncionario de la fundación ProCultura, le preguntaron qué sabía sobre los viajes realizados por trabajadores de la organización a Isla de Pascua, aseguró a la Fiscalía que los traslados se hacían con recursos del propio organismo y que, desde su punto de vista, “el hoyo de la fundación estaba en ese sector”.

La mayoría de los testimonios que aparecen en la carpeta investigativa que hasta el viernes estaba en manos del fiscal Patricio Cooper y que ahora fue traspasada al Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, coinciden en que en los viajes a Rapa Nui se incurrió en gastos excesivos y que hubo un desorden en el traspaso de recursos que, en algunos casos, ni siquiera estuvieron justificados.

La situación generó conflictos internos, al punto que parte del equipo le pidió explicaciones a Alberto Larraín, director ejecutivo de ProCultura, quien realizó sus descargos a través de una reunión por Zoom. Él respondió que “había que hacer presencia en la isla, para lo cual se había arrendado un inmueble y que estaba apostando a futuro para generar confianza y adjudicarse futuros proyectos”, según explicó en su declaración María Maturana, directora de Finanzas de la fundación.

En efecto, ProCultura realizó varios proyectos en Rapa Nui, entre ellos un archivo fotográfico, otro sobre transmisión de conocimiento de personas mayores del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), un plan de salud mental de la Corporación Nacional Indígena (Conadi) y el Ministerio de Salud, así como un proyecto con el ballet cultural Kari Kari, a través de la Fundación Ao Tupuna, organización que subcontrató a ProCultura.

La instalación de personal de la fundación en la isla obligó a arrendar un inmueble, realizar viajes para supervisar avances y generar redes con habitantes de Rapa Nui que, según testimonios de exfuncionarios de ProCultura, generaron sospechas sobre actividades ilícitas y críticas sobre el incumplimiento de acuerdos con organizaciones locales.

Testimonios y escuchas

Al margen de los cuestionamientos sobre los viajes realizados por Larraín a la isla, algunos de ellos en compañía de su pareja, hijos e incluso asesora del hogar en clase business –pasajes que fueron pagados por ProCultura y que luego de su cierre fueron reintegrados a la fundación, con aportes de los padres de Larraín por un valor de 14 millones de pesos–, son múltiples las críticas sobre la manera en que la fundación se instaló en Rapa Nui.

La primera de ellas tiene que ver con el arriendo de una propiedad realizada a Nelly Manutomatoma, cancelando un año adelantado por la suma de $16.800.000, a través de tres transferencias electrónicas, según consignó en su declaración Constanza Gómez, actriz y representante legal de ProCultura. La funcionaria de confianza de Larraín aseguró, además, que no recordaba “el origen de los fondos para las transferencias realizadas” y que “me consta que este contrato de arriendo no fue rendido en ningún proyecto”.

El equipo de trabajo que se desempeñaba en la isla –independiente de los proyectos en desarrollo– estaba integrado por Alejandra Naranjo, Paula Rosetti, Adriana Soler y era supervisado por María Teresa Abusleme, exdirectora de estudios de ProCultura. Es precisamente esta última, a partir de una intervención a su teléfono, quien dejó entrever otra arista.

El 5 de enero de este año, a las 20:54 horas, según un informe de apreciación policial realizado por la PDI, Abusleme recibió una llamada telefónica de Sonia Haoa, quien le señaló que Nelly (Manutomatoma) “tiene armadas cosas raras” con “el padre Bernardo” y que este –un nuevo párroco que había llegado a la isla– dijo que “el tema de las fundaciones que trabajaban con la iglesia había que arreglarlas”.

Abusleme, según figura en el mismo informe al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de El Mostrador, le comentó a Sonia que el Ministerio Público estaba al tanto de lo que sucedía en Rapa Nui y que ella se cuestionaba si efectivamente la fundación “lavó dinero por intermedio de la isla”. Sonia le respondió que ella creía que lo habían hecho “por intermedio de la Nelly”. Abusleme, en tanto, aseguró que le parecía “raro”.

Consultada sobre la conversación mantenida a comienzos de este año, María Teresa Abusleme aseguró a este medio que no se referirá al tema, pues ya declaró al respecto ante el Ministerio Público. “No puedo entregar más información de la que tengo sobre Isla de Pascua y desconozco cuál fue el criterio de involucrarme en las escuchas telefónicas. El tema del lavado de dinero no me consta y no tengo pruebas al respecto”, se excusó.

En su declaración, la arquitecta Lorena Pérez puso el acento en otro proyecto de la fundación en la isla, el centro cultural del ballet Kari Kari, donde ProCultura fue subcontratada por la fundación Ao Tupuna para realizar el diseño del recinto, “pues poseíamos la especialidad para hacerlo y ellos no la tenían”.

Cuando le preguntaron respecto de alguna irregularidad en la suscripción o ejecución de algún convenio, Pérez confirmó que “la Fundación Ao Tupuna se querelló en contra de la fundación ProCultura por haber cobrado el proyecto en su totalidad sin haberlo ejecutado (50% de ejecución)”.

Fuentes cercanas a ProCultura, sin embargo, aseguraron a El Mostrador que no existirían acciones civiles o penales en contra de la fundación, y que las tareas solicitadas por Ao Tupuna se realizaron “contra la entrega final del trabajo”.

Según el testimonio de la arquitecta, el proyecto total era de alrededor de $29.000.000 y la subcontratación a ProCultura habría sido de $14.000.000. Luego de su salida de la fundación, sin embargo, asegura que la contactaron desde Ao Tupuna “para pedirme que concluyera el proyecto, lo que incluía planos, imágenes, en definitiva la totalidad del proyecto, ya que ProCultura solo hizo el anteproyecto”.

“Yo accedí a terminar el proyecto, ya que me sentía comprometida emocionalmente con la fundación Ao Tupuna. Esto lo realicé originalmente sin pago de por medio, y después acordamos un pago en cuotas de las cuales solo cobré una por $250.000, ya que decidí no cobrar las siguientes. Me pareció que no correspondía y, además, Ao Tupuna quedó en muy mal estado financiero”, puntualizó en su testimonio judicial.

Contactada por El Mostrador, Pérez declinó referirse a su paso por Isla de Pascua, asegurando que estaba tratando de desconectarse de la causa. “No sé mucho más de lo que sale en mi declaración, preferiría no ahondar. Es una cosa emocional. No quiero saber más del tema. Lo de la querella es una información que yo recibí, pero no sé si se realizó o no”.

Desde la fundación Ao Tupuna, en tanto, no confirmaron ni desmintieron la presentación de un recurso legal. “Nadie nos va a ayudar a reemplazar algo que se perdió. Esto no nos ayuda en nada. No queremos hablar de este tema, queremos cerrarlo. Nosotros no queremos tener ningún vínculo con ellos. No nos interesa”, señalaron.