En esas ocasiones, ni Cortázar, ni Chadwick decían nada. Curioso por decir algo, ya que hoy de repente y sin aviso previo, se han erigido en los guardianes de la corrección televisiva.

El primero ha decidido, como en los mejores tiempos de la dictadura, que hay cosas que mejor los ciudadanos no veamos: como la discriminación de que son objeto las nanas en colegios ―católicos la mayoría― y restoranes elegantes donde las nanas, al parecer, no son bienvenidas.

El segundo, le ha puesto razones ―sin que nadie se las pidiera― a la censura de Cortázar: “Las cámaras secretas no son fair play” ha dicho con tono reflexivo.

Y ante tamaña contradicción surge la pregunta obvia: ¿por qué el silencio y respeto a la libertad de expresión cuando se trataba del vendedor de paltas, y censura y preocupación por la honra cuando se trataba de colegios católicos y empresas importantes?

No cabe duda que esta dupla de notables tendrá buenas razones.

Lo del fair play, por supuesto. No es correcto hacer caer a personas o empresas en conductas reprochables, por medios escondidos y deliberadamente engañosos.

Suena bonito, pero tan leve. Es sencillamente ridículo pretender que el discriminador ―en este caso colegios católicos y restoranes― den la cara con sus motivos reprochables.

Precisamente, porque son reprochables y lo saben perfectamente es que actúan a escondidas, en el refugio de su propiedad, en la impunidad que da saber que dominan la situación y que su discriminación a una mujer de apariencia sencilla quedará silenciada entre cuatros paredes.

Pensar que el discriminador le dirá a esa misma nana, cara a cara y frente a los reflectores de las cámaras, de que ese colegio no es para ella es sencillamente ridículo. De seguro que en esos casos harían todo lo contrario: recitarían de memoria los principios cristianos que los inspiran, la solidaridad y un largo bla blá, hasta, quizás, le ofrecerían una beca para nanas.

De ahí el valor innegable para la verdad de la cámara secreta.

También nos podrían decir que se trata de una actriz y no de una nana. Este argumento es peor que el anterior. La actriz no está jugando a un personaje de teleserie, sino que está representando un rol social que es, precisamente, el que provoca la discriminación.

Y es que utilizar una actriz y no una nana real no marca ninguna diferencia relevante: ¿acaso es menos reprochable la conducta del colegio católico que discrimina a una actriz creyendo que es nana que a una nana real?

Sencillamente ridículo.

Ahora, estamos en Chile y todos sabemos ―olemos las verdaderas razones como los colegios católicos olían que la nana no era una de ellos― que la agilidad de esta dupla de notables para tijeretear y censurar un reportaje de investigación tiene una explicación obvia.

Es que vamos a ser honestos. Los reportajes de denuncia nos gustan cuando los sujetos que vemos caer ante las cámaras son pobres, insignificantes y por supuesto, nada de influyentes.

Con sujetos a los que El Mercurio no les publica cartas, que no son ex alumnos de colegios católicos ―no aptos para nanas―, la tijera se guarda en el último de los cajones. “Es que el vendedor de paltas no es mi amigo, pues hombre”, se justificarán en silencio los dueños de nuestra televisión.

De hecho, nos dirían, es ahí cuando las cámaras secretas muestran toda su utilidad: es que cuando caen ante nuestros ojos seres anónimos, que no arrastran con ellos ni prosperidad, ni un buen nombre que cuidar, la privacidad y la honra nos importa un comino.

Sin poder, ni capital social, a nadie le preocupa que los periodistas se comporten como aves sagaces sobre sus presas. Ahí el rating y el mercado lo justifican todo.

Un poema al Chile de la desigualdad.

En todo caso, corte lo que corte la tijera, la verdad seguirá ahí inconmovible como una catedral.

En Chile, hay colegios católicos donde, de resucitar, Jesús no habría cruzado ni la puerta. Ni tampoco en restaurantes ni en muchos otros lugares que suelen ser visitados por nuestra elite mayoritariamente católica.

Y de seguro, siempre existirá un Cortázar ―los ha habido tantos en la historia― para usar su tijera: como si la verdad se pudiera recortar al antojo del de turno.

Expliquémoslo en sencillo: hace un tiempo atrás diversas empresas, especialmente de supermercados y del retail, se inventaron un fraude que consistía en dividir la empresas en una pluralidad de razones sociales —en algunos casos por cientos—, sosteniendo que por ese solo hecho —que sus abogados redactasen cientos de papeles—, cada una de esas razones y los respectivos trabajadores adscritos a ellas, debía ser considerada un empleador distinto para efectos de la formación de sindicatos y de negociación colectiva.

Como se ve, la finalidad de este fraude es obvia: dividir a los trabajadores para que no puedan negociar colectivamente en un solo proceso con fuerza y unidad. A pesar de trabajar para el mismo empleador.

En un país en serio, esto no habría pasado de ser un fraude reprimido por los propios sindicatos y la justicia laboral. Pero estamos en Chile y ese fraude se ha sostenido, tanto por la extrema debilidad sindical, como por la debilidad de las autoridades.

El punto es que el Gobierno ha presentado un proyecto para solucionarlo. De su sola lectura se sigue que es para todo lo inverso —la ya clásica letra chica—: a los trabajadores no les bastará probar que su empresa es un solo empleador, porque el Gobierno ha tapizado el proyecto de requisitos —que, en rigor, son trabas— para que los trabajadores no puedan derribar el fraude tan fácilmente.

Para ponerlo en simple: aunque los trabajadores acrediten que todas estas razones sociales son un solo empleador —porque tienen un solo jefe, por ejemplo, que los manda a todos—, de igual modo, no podrá negociar en un único proceso de negociación colectiva. El proyecto exige que, además, los trabajadores demuestren que se trata “del mismo negocio específico” o de “negocios directamente complementarios”. De más está decir, que los abogados de estas empresas se frotan las manos de cómo se las ingeniaran para decir que, pese a ser un solo empleador “sus negocios no son el mismo” o “o no son complementarios” —la sección corbatas no es complementaria de las sección lavadoras, ambas pueden funcionar por separadas, dirán con satisfacción prendiendo un velita al altar de Matthei—.

Como se ve, carne para rapaces.

E incluso, en aquellos casos que exista riesgo de superar todos los obstáculos, el Gobierno le pone una última traba a los trabajadores —no vaya a ser que un sindicato lo logre—: el juez debe escuchar una comisión de expertos.

¿Adivine la composición de la comisión de expertos que el juez “obligatoriamente” debe escuchar a pesar de que el fraude haya sido acreditado por los trabajadores?

El proyecto lo dice clarito: de cinco miembros, tres serán profesionales “con experiencia” en materia de organización industrial y “administración de empresas“, y el resto serán dos abogados con la misma experiencia: organización industrial “y administración de empresas”.

Hay que reconocer que el Gobierno no se ha andado por las ramas en este tema. En buen chileno: cinco profesionales de “perfil empresarial” que, como se sabe desde los tiempos de la Concertación, entienden el mundo mejor que todo el resto de los mortales. Que se trate del derecho fundamental de negociación colectiva de los trabajadores es un detallito nada de relevante.

Total a los técnicos de derecha nada en el mundo le es desconocido. En fin, quizás más breve habría sido que la Comisión la designe de una la SOFOFA, y nos ahorramos tiempo y dinero.

¿Algún representante del perfil sindical o “de trabajador” en la Comisión de Expertos?

No sea ingenuo señor lector, los trabajadores y sus dirigentes no son expertos en nada. Eso también nos lo enseñaron hace tiempo.

Como es obvio, el proyecto parece redactado más en las oficinas de la CPC, que en las de un Ministerio del Trabajo de un país democrático y serio. Matthei ha hecho su trabajo, y de seguro le espera el titulo de ministra del “año” por los círculos empresariales.

¿Y la CUT se opondrá enérgicamente? preguntará algún despistado.

El proyecto de “multirut” ha sido defendido con entusiasmo por Martínez, en el marco de su acuerdo CUT-CPC. De hecho, coincidía en él La Tercera, que en una editorial redactado con su habitual mirada proempresarial señalaba, con el mismo entusiasmo de Martínez, que había que respaldar el acuerdo CUT-CPC, porque era “una oportunidad de futuro”.

El Gobierno y sus aliados juegan una carta clásica de la democracia chilena: el tecnicismo. Apuesta, porque tratándose de un tema legal, a primera vista lejano y de difícil acceso para los trabajadores comunes y corrientes, nadie se entere de verdad de su contenido y menos de sus intenciones: volver a engañar a los trabajadores.

Un engaño más —en este caso, el “multiengaño”—, después de 22 años de olvidos y promesas incumplidas, pensará Matthei, no es tan grave. De hecho, que haya menos trabajadores sindicalizados y que negocian colectivamente en términos proporcionales hoy que cuando se fue Pinochet, repetirá, no es problema nuestro.

Y sabe que la Sra. ministra tiene algo de razón. Si después de cuatro gobiernos de centro izquierda —que se emocionaban hasta las lágrimas los 1 de mayo con eso de los “compañeros trabajadores”—, no se hizo nada por cambiar las cosas, no le corresponde a Ud. y menos a su gobierno hacerlo.

Clotario puede seguir revolviéndose en su tumba.

Y entonces, ante la desidia e indiferencia de las instituciones por su drama —pequeño para todos el resto, gigante para sus afectados— esta señora y otros ciudadanos como ella, deciden que la solución de sus problemas está más cerca de ellos de lo que siempre pensaron.

Se lanzan, entonces, a la calle. La reacción del Gobierno —torpe como elefante en cristalería— es siempre la misma: Fuerzas Especiales y represión.

Pero eso —la represión— es un detalle ínfimo de la escena. Lo trascendente es que, de pronto, esta señora y sus vecinos han comprendido el drama de Chile. Han perdido, como diría Pessoa, la inconsciencia y se han dado cuenta de algo que siempre estuvo ahí: que en nuestra democracia la autoridad política tiene oídos muy sensibles para escuchar a unos pocos —los que suelen reunirse en ICARE, ENADE y en otros lugares siempre tan lejos de Pelequén—.

Para el resto, la mayor partede los ciudadanos, sólo queda el “canal regular”.

Y entonces, perdida la inocencia, viene la calle.

Es la clave del método Pelequén. O del método Aysén. O del método de los estudiantes. Es que, en rigor, el nombre da lo mismo. Lo que importa es la idea que subyace: los chilenos al fin se han percatado que las decisiones que los afectan pueden estar más cerca de ellos, que por un momento, y siempre en la calle, las instituciones se mueven como no lo hacen nunca por los eternos y burocráticos caminos del “canal regular”.

Y la duda es, entonces, si aparte de eficaz, el método Pelequén es razonable.

Por de pronto, la protesta no sólo no es ilegal, sino que constituye un derecho especialmente relevante en sociedades democráticas. Tiene cobertura jurídica: es manifestación de la libertad de expresión y del derecho de petición —ambos consagrados incluso en la Constitución del 80—.

Y además, es plenamente democrático. La democracia es votar, pero muchas cosas más, especialmente hacer ver a sus autoridades que no están haciendo bien su trabajo.

Y esa participación no electoral, una cuya manifestación más visible es la protesta, se encuentra especialmente justificada en Chile por una razón evidente: un sistema electoral donde la voluntad de los electores queda gravemente distorsionada —y que fue diseñado por la dictadura  expresamente para ese resultado—, que da como resultado que un tercio de los chilenos logra que su opinión pese igual que la del resto.

Y no solo es legal, es especialmente legítimo. En una sociedad escandalosamente desigual, una forma potente de corregir el también desigual y escandaloso acceso a las decisiones políticas, es el ejercicio vigoroso de la protesta.

¿Cómo explicar, entonces, que los canales regulares le funcionaron tan bien al ciudadano Paulmann que consiguió que todo el aparataje institucional se pusiera a su servicio para cumplir su sueño de “señor de las torres” y que a los ciudadanos de Aysén esos mismos canales no le funcionaran durante veinte años?

Ahí aparece, con toda su dignidad, la protesta.

¿Es razonable ahora que cualquier grupo o sector de la población que tiene una demanda a la institucionalidad política enfile hacia a la calle?

Por supuesto que no. La protesta siempre será legal pero no necesariamente siempre tendrá justificación política. En sociedades democráticas donde el sistema político tiene multiples canales de expresión y donde la voluntad mayoritaria no está gravemente desfigurada —ninguna de esas dos condiciones se da lamentablemente en Chile— la legitimidad de la protesta disminuye considerablemente.

Paradojas del destino —crueldad diría más bien uno de sus filas— es que haya sido Piñera y su gobierno de derecha el que haya logrado, sin intención por supuesto, y con una cuota de torpeza que recordaran los libros de historia, hacer despertar a tanto pelequenino que hay en Chile.

Como parece obvio, el método Pelequén, ha llegado para quedarse.

Es que el realismo político —los sueños arrinconados por la medida de lo posible— de quienes dirigen esa organización parece no tener límites.

La CUT acaba de llegar al acuerdo más paupérrimo del que se tenga memoria con el gran empresariado, representado en la CPC, todo bajo el caricaturesco nombre de diálogo social. Lo acordado son cosas tan relevantes como: cursos de capacitación, campaña publicitaria sobre “seguridad en el trabajo”, minúsculos cambios al seguro de desempleo,  subsidio al primer empleo, cambios formales a la negociación colectiva y un par de comisiones bipartitas para seguir reflexionando.

Y la estrella de la noche: la tan cacareada reforma al multirut. Una reforma tan evidente —el abuso es tan grosero que hasta Matthei está de acuerdo— como menor, ya que los jueces del trabajo ya han comenzado a declarar la existencia de una sola empresa en estos casos. De hecho, basta leer el proyecto del Gobierno —que Martínez salió a defender apasionadamente— para darse cuenta que pone más trabas y requisitos para que los trabajadores logren su objetivo de sindicalización. O sea un avance al revés.

¿Cambios a la estructura profunda de plan laboral de Pinochet en las materias que importan: negociación colectiva por sobre la empresa y reconocimiento efectivo del derecho de huelga, por ej. eliminación del remplazo de trabajadores en huelga?

Nada de nada.

Y la pregunta es evidente: ¿valía la pena llegar a una acuerdo de tan precarios e imperceptibles avances, excusado en el realismo político de la CUT, permitiendo de paso a este gobierno y al modelo económico al que sirve, vestirse de dialogante e inclusivo, escondiendo, una vez más, la basura bajo la alfombra?

En absoluto. En un país que, como lo ha certificado la propia OCDE, tiene niveles vergonzosos de sindicalización y de negociación colectiva —los más bajos de esa organización— y con trabajadores, como lo reconocen todos los actores, sin poder alguno en sus relaciones laborales, llegar a tan raquítico acuerdo daña profundamente la posibilidad de construir en el futuro un movimiento potente como, precisamente, el de los estudiantes.

Da entender que con estas reglas —las que creó el hermano de Piñera— se puede sostener el diálogo social. Y eso, como veremos, en Chile es un disparate.

Pero este grosero error –negociar migajas- no es nuevo. Corría el año 1989, la alegría ya había llegado y el Gobierno de la época anunciaba —con bombos y platillos— la política de los acuerdos entre el empresariado y la CUT.

La jugada de Cortázar, el ministro del Trabajo de la época, fue maestra. Los trabajadores rápidamente olvidaron su demanda central: la sustitución total del plan laboral de Pinochet y, además, dejaron de cuestionar el modelo económico neoliberal que hasta hoy padecemos.  Los empresarios podrían dormir tranquilos.

¿Lograron algo los trabajadores del diálogo social de Cortázar?

El precio de tamaña claudicación fue modestísimo. Recibieron las que hoy, miradas hacia atrás, nadie dudaría en calificar como migajas. La más importante de todas —hoy da risa sólo pensarlo— fue una conquista de aquellas: se eliminó el libre despido y se sustituyó por la causal de necesidades de la empresa. O sea, lo mismo con otro nombre (Ley 19.010 de 1990).

Y los resultados de ese “diálogo social” fueron espectaculares: después de veinte años de democracia los trabajadores tiene hoy menos poder que cuando se fue Pinochet.

¿Se puede cometer el mismo error por varias veces, eso de tropezar con la misma piedra?

La CUT parece que cree que sí. El gran empresariado tiene en la CUT, hay que reconocerlo, a un socio ideal: débil y sin poder real de negociación, llegar a acuerdos de “migajas” es relativamente sencillo. A cambio se logra un hecho político fundamental: dar la apariencia de que con las reglas del juego vigentes es posible avanzar en eso que se llama diálogo social.

¿Existe posibilidad en Chile de un diálogo horizontal y de iguales entre los trabajadores  y empresarios y sus respectivas organizaciones?

Ninguna. Salvo que se reformen radicalmente las reglas legales dejadas por Pinochet los trabajadores no tendrán poder real para negociar nada. Y ello, parece obvio, no se logrará con insignificantes acuerdo con la CPC, sino con presión sobre el sistema político, especialmente sobre aquellos sectores que suelen golpear la puerta de los trabajadores en vísperas electorales, para  lograr una reforma integral al modelo de relaciones laborales.

Esa reforma que en su día —1989— la Concertación prometía en su primer programa de Gobierno a los trabajadores chilenos: “Proponemos introducir cambios profundos en la institucionalidad laboral, de modo que ésta cautele los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Nada de eso ocurrió, y paradójicamente, en los años que siguieron esa caricatura del diálogo social fue especialmente alimentada por sectores políticos de la Concertación más preocupado de su particular visión de la estabilidad política —la pusilánime democracia de los acuerdos—, que en establecer nuevas y justas reglas para la relación entre trabajadores y empresarios.

La cruda realidad es otra: no ha habido experiencia de genuino diálogo social desde el retorno de la democracia. Y ello por una razón muy simple, los trabajadores no tienen en Chile ningún poder. Y sin poder, no hay equilibrio, y sin equilibrio, no existe negociación.

Son cosas tan simples de entender.

Nada nuevo bajo el sol, entonces. Nuevamente, como en los últimos veinte años, no llueve café nos diría Juan Luis Guerra.

Vuelven a llover migajas.

Y lo peor es que volverá ocurrir una y otra vez.

Ni qué decir de la explicación que es exactamente la misma desde tiempos inmemoriales: las empresas no respetan las leyes que regulan la actividad, especialmente las leyes laborales.

Con tedio y algo de distancia por lo repetitivo solemos poner atención por un rato, e igual que los noticiarios, rápidamente olvidamos a las víctimas y especialmente a los responsables.

Es difícil explicar este curioso deja vu de la muerte al que los chilenos nos hemos acostumbrado.

Y es que tiene algo de sacrificio todo esto de los buses y sus previsibles accidentes. Algo de sacrificio moderno, pero sacrificio al fin. Se parece en algo a lo que hacían los aztecas. El Dios era Huitzilopochtli, algo como un hombre pájaro.

¿Y qué tienen de sacrificio lo de los buses y sus accidentes?

Mucho. Los chilenos hemos decidido —digamos unos pocos decidieron por nosotros— que hay un Dios que no tiene límite, ni piedad y que lo exige todo. Peor que Huitzilopochtli.

El lucro —deidad irresistible— es el objeto de nuestra adoración y los muertos en tanto accidente son nuestro sacrificio para su honra. El Estado chileno tomo la decisión, de que lo único que importa, al final de cuentas, en nuestro copia del edén es el lucro, la ganancia y el emprendimiento.

Así de crudo. Sólo eso explica que nuestro Estado lleve décadas tolerando que unos pocos —y su  lucro— le quiten tanto a otros. Tanta vida, tanto cariño y tanto sueño truncado ante la complicidad de un Estado indolente que no tiene cómo limitar al mismo Dios que alimentó durante tantos años con su desmedido culto al emprendimiento.

En efecto, el emprendedor de turno —el dueño de los buses—  entiende que no cumplir con las jornadas de trabajo sistemáticamente de sus trabajadores y con cualquier otra ley laboral que se parezca, dejando, de tanto en tanto, unos muertos, son parte de un sacrificio menor que el lucro exige para seguir adelante.

Quienes serán los sacrificados cada vez es una cuestión de simple azar, que depende de la mala suerte de los malogrados de turno. Y el Estado entre impotente y cómplice no hace nada. Aplica simbólicas multas laborales —multitas diría un amigo— que para esas empresas no son más que costos asumidos que no amenazan en nada sus formidables utilidades.

A veces, los gobiernos se ponen juguetones y hacen como que van más allá, pero es de broma nada más. Primero, no cierra las empresas involucradas sólo “anuncia” que lo va a hacer. Segundo, no cambia la normativa legal que regula el transporte de pasajeros, sólo “anuncia” que lo va a hacer.

Recuerdo aquellos días del “anuncio” del Presidente de cambio total de la legislación laboral en materia de seguridad después del accidente de la mina San José. Y también recuerdo que fue sólo eso: un anuncio.

De hecho, nada de estos “anuncios” son necesarios. La ley paradójicamente permite —alguien que le avise a la Ministra del Trabajo— la clausura de la empresa por incumplimiento “reincidente” (art. 474 y 477 del Código del Trabajo y art. 32, 33 y 34 del D.F.L. 2 de 1967), pero no hay autoridad disponible —ni ayer ni hoy— para tamaña herejía.

Ello requiere voluntad política y por un momento —apenas un momento— dejar de adorar al lucro y a la propiedad privada. Y eso en Chile, lo sabemos desde tiempos de la Concertación, no ocurre. No se cierran empresas por razones laborales. No ocurrió antes con la mina San José, ni hoy con las empresas de buses, que —dicho de paso— llevan años persistentemente incumpliendo la legislación laboral, especialmente en lo que dice relación con las jornadas y el descanso de los choferes.

Nada nuevo dirán algunos. Hemos hecho lo mismo con la salud, la educación y cualquier otro bien o servicio que cayó en las garras del modelo. Sí es cierto. Pero en este caso ni siquiera sirve de consuelo para tanto dolor.

Ni menos para compararnos con los bárbaros mexicas. Al menos ellos lo hacían por un ideal comunitario, ya que unos pocos muertos salvaban la cosecha o sangre de todos. Lo nuestro es más pueril: unos pocos mueren para el beneficio de otros pocos —los invisibles dueños de esas empresas— y de sus bolsillos.

Son las cosas de nuestro sacrificio.

Y dio por cerrado el asunto —y sin sonrojarse nuevamente—. El detallito es que uno de sus dueños es Piñera.

¿Es Piñera el responsable legal de que los trabajadores de Bahía Coique no se les respeten los derechos laborales mínimos establecidos por la ley?

En ningún caso. Su Excelencia no es legalmente hablando el empleador. Y entonces ¿cierra eso el problema —como se apuró en hacerlo Chadwick— en el que parecía ser un argumento legalmente abrumador?

En absoluto. Y es que a nadie medianamente informado se le pasa por la cabeza que este sea un problema simplemente legal acerca de a quién debe multarse por parte de la Inspección del Trabajo.

En rigor, queda pendiente lo más importante: el problema político de que el Presidente de la Republica sea dueño en parte de una empresa que no respeta en los mínimos los derechos laborales de sus trabajadores; esto es, derechos de las más débiles de la sociedad -en este caso mucamas y cocineros—.

Creo que se llama responsabilidad política en los países donde eso existe.

En efecto, la falta de respeto de los derechos más básicos de los trabajadores no es, cuando se trata del Presidente de la Republica, un problema puramente legal. Es esencialmente de ética pública: el estándar de la autoridad política en esta materia debe acercase al ideal. No solo deben cumplir con las leyes —cosa que la empresa de Piñera no hacía—, sino que deben llevarse a efecto las mejores prácticas posibles.

¿O es que el sencillo hecho de que Piñera sea el dueño —y no el administrador— de sus empresas lo hace irresponsable de los actos ilegales que se comentan dentro de las mismas desde el punto de vista político? ¿Y si Piñera hubiera sido propietario de la Minera San José no podríamos haber dicho nada porque era dueño, pero no administrador?

Simplemente absurdo. Alguna vez F. J. Errázuriz arguyó algo parecido cuando se le hacía ver las prácticas laborales de sus empresas.

Lamentablemente, para Piñera ser Presidente supone deberes adicionales: él y quienes administran sus empresas debe generar las mejores prácticas en cualquier ámbito de la vida social, como en este caso, el manejo de las relaciones laborales de las empresas de que es dueño.

Ni hablar de la coherencia política mínima que exige tener el cargo de Presidente. Piñera, días antes de este escándalo, decía con ese entusiasmo de feria de emprendedores que lo caracteriza que “vamos a defender los legítimos derechos de nuestros consumidores y de nuestros trabajadores, con toda la fuerza del mundo”, y agregaba, con el tono de quien viene saliendo de una misa, que “la economía social de mercado que estamos construyendo sólo tiene sentido si junto a la iniciativa empresarial, el emprendimiento, la innovación, la inversión se respetan en forma sagrada los derechos de nuestros consumidores y nuestros trabajadores, porque para nosotros esos derechos son sagrados”.

Si le creemos a Piñera y estos derechos son en su idea del mundo sagrados ¿nos debería bastar la explicación de que es dueño, pero no administrador para eximir su responsabilidad política en el caso?

De hecho, como podrá el Estado seguir exigiendo al resto de los empleadores la responsabilidad mínima en materia laboral —los derechos sagrados de Piñera— si las empresas en que participa el Presidente no lo hacen.

En fin, como ya es marca registrada de este gobierno, contradicción, liviandad y palabras vacías.

En todo caso, este episodio  deja una constatación algo triste: los derechos de los trabajadores en Chile son prácticamente irrelevantes, y su abierta infracción —como lo hacía la sociedad de Piñera en Coique— no genera responsabilidad política alguna para nadie.

En fin, visto lo visto, no escucharemos ni una disculpa ni un lamento sincero. Ni del Presidente —el dueño— ni del Ministro de turno, ni menos de la titular de Trabajo —¿alguien ha visto a  Matthei?—.

Lo único que escucharemos serán excusas formales de abogado en apuros: Su Excelencia no es el empleador.

Y es que la tragedia chilena vive sus días decisivos. La mediocre transición a la democracia chilena —“todo en la medida de lo posible”— parece agotada: no tiene más de veintitantos años y parece irremediablemente vieja y con olor a funeral.

¿Qué hizo que un camino a la democracia que hace poco se presentaba como ejemplar hoy se muestre cómo un remedo de miedo y componenda que permitió al modelo de la dictadura vivir más allá de la vida del dictador?

Difícil pregunta que habrá que responder tarde o temprano.

La explosiva presión del movimiento social y la fuerza política inusitada con que ha irrumpido -con las más variadas y heterogéneas demandas anestesiadas por los años felices de la Concertación- tiene al sistema político chileno por las cuerdas: nadie cree que tamaña olla pueda seguir aguantando sin evacuar, de algún modo, tanta presión.

O se modifican las reglas del juego o quizás no haya juego que jugar.

Así, casi sin darnos cuenta hemos llegado, cual tragedia griega, al final. A ese momento en que los actores, caídas las máscaras, juegan su papel definitivo. Al instante en que, apariencias derruidas e intereses develados, cada uno vuelve a ser quien siempre fue.

Pero ahí, en nuestro final griego, aparece con la cara que nunca debimos olvidar, el carcelero de todos los sueños de la democracia chilena: el puñado de seguidores de Guzmán que, con fervor religioso, han decidido defender hasta el último el modelo político de la dictadura.

¿Cómo es que unos pocos que no representan a más del 30 por ciento de los chilenos tiene la capacidad única de bloquear los cambios exigidos por buena parte de la sociedad en estos años en que la democracia chilena ha quedado desnuda?

Nadie parece tener la respuesta a ese detalle de la democracia chilena.

No es que Novoa y sus secuaces defiendan reglas jurídicas ni legales como el binominal o los quórum supra-mayoritarios, por ser un grupo de adherente irreflexivo al orden establecido. Unos fanáticos del orden por así decirlo.

Es que la UDI no es sólo un grupo de conservadores ni de fanáticos. Mucho antes que eso —muchísimo antes— se trata de un formidable grupo de defensa de intereses, que aceitados desde la pequeña elite empresarial de nuestro país, tiene como misión la tutela de una reglas que dan como resultado una de las sociedades más desiguales del planeta.

Detrás de la cruz, late la bolsa. Detrás del binominal late un modelo social y económico que, como se ha dicho hasta la saciedad en estos días, hace que un mínimo porcentaje de los chilenos viva en el primer mundo y el resto, donde quepa.

A todo esto ¿podrá Piñera jugar un rol en este final de tragedia de la democracia chilena?

Piñera debe ser por mucho el gobernante más mediocre que recordemos. Pero mediocridad no equivale a intrascendencia. Vaya a saber porque, la historia —siempre indócil e irónica— le podría reservar un papel relevante: la de articulador de un gran cambio al sistema político, partiendo por la modificación del sistema binominal y la sobre-representación de la minoría.

Sin proponérselo, Piñera podría pasar a los libros como un político fundamental para darle un giro a la alicaída democracia chilena. Nadie recordará en años más, las ridiculeces de todo tipo que han caracterizado a su gobierno y sus pírricas obras. Ni menos el color rojo de sus chaquetas.

Pero para ser un político fundamental, deberá, como es obvio, enfrentarse a la UDI y toda su presión, que a fin de cuentas, es la presión de toda la elite beneficiada por este modelo.

El problema es que quizás en Piñera —hombre de especulación y poco más— no esté representar tamaño papel. La claudicación ante tan formidable enemigo, como Novoa y Cia., parece rondar en estos días su espíritu más acostumbrado al cálculo del banquero que al arrojo del héroe.

Parece claro que estos son días de claudicación.

Su respuesta –como político con aspiraciones mayores- ha sido decepcionante. El ex-gerente de Jumbo ha respondido como padre enojado y en tono moralizante: le da pena nuestro país por la “mala leche” de no reconocer el éxito ajeno.

O sea tomó el peor de los caminos, el del padre ofendido. Obviamente puede, como padre, molestarse por esos comentarios. Nadie le negará el derecho a defender lo logros de sus hijos –aunque, cabe precisarlo, la defensa de un padre suele exhibir baja racionalidad-.

Pero como político, no puede molestarse en absoluto. Más bien esperamos todo lo contrario. Que en vez de apelar a un argumento de catecismo –si fuéramos todos mejores nadie tendría envidia-,  se abriera al debate político de fondo: como repartimos las oportunidades dentro de nuestro sistema educativo y de nuestra sociedad.

La pregunta, eso lo entiende cualquiera, no es si nuestra tristeza o alegría mide nuestra moralidad –alegres=generosos v/s críticos=egoístas- como torpemente lo planteó el mismo Golborne a propósito de los éxitos de su hijo.

Ni menos la defensa pueril –no en labios de Golborne eso sí- de que simplemente plantear este tema es fruto del resentimiento. Este argumento es tan popular como ridículo: el tema no son los méritos de una persona en particular,  sino las estructuras sociales que facilitan la vida tanto a unos, como se la hacen tan difícil a otros.

Esto no es resentimiento ni envidia  – la molestia por el merecido éxito ajeno-, sino un problema distinto: la justa indignación. Discutir las condiciones en que una sociedad facilita los éxitos de unos y las derrotas de otros, no es envidia ni nada que se le parezca. Eso ya se sabe hace tanto tiempo, como lo decía Aristóteles “el envidioso, el malévolo, que se regocija con el mal, se considera feliz al ver la desgracia de los demás, sea o no esta merecida. El hombre, que se indigna en nombre de la justicia, no se parece en nada ni a uno ni a otro, y ocupa el medio entre estos dos extremos” ( La gran moral, libro primero, capítulo XXV).

En ese sentido, la pregunta  relevante es  ¿son los resultado de la PSU una mediación razonable del mérito y el esfuerzo en una sociedad plagada de desigualdades e  injusticias que básicamente van orillando nuestros destino desde la cuna?

De hecho, muchos, por no decir la mayoría de los que competía con el hijo de Golborne tenían la carrera perdida. Y lo peor, desde la partida.

Que posibilidades tenían miles de jóvenes chilenos, salidos de colegios con número, con infraestructuras paupérrimas, con profesores mal pagados,  de competir con los hijos de una pequeña elite que ve como triunfos los que es en buena medida privilegio.

Recuerde Ministro Golborne eso de “a otros le contaron secretos que a ti no”.

En ese sentido, en el sistema escolar chileno, no hay triunfos. Hay derrotados de antemano, a quienes, como ya lo decían Los Prisioneros hace dos décadas, les hacemos “jugar a estudiar” con el sol sobre sus cabezas, para que “los laureles y futuro”  terminen para otros.

Se imagina por un momento que Golborne hubiera dicho algo como esto: “Como padre estoy contento por el éxito de mi hijo, pero como político estoy preocupado: muchos ni siquiera pudieron competir”.

Suena inverosímil y hasta divertido. Pero que diferente seria nuestro país con políticos con esa mínima sensibilidad.

Pero no soñemos,  Golborne es un político de derecha de tomo y lomo. Solo ve las formas y nunca los fondos. Para él Chile es una sociedad donde las reglas son justas, donde un poco de esfuerzo, como el de su hijo, siempre recibe recompensa.

Él ve igualdad donde muchos vemos discriminación. Él ve mérito donde otros vemos privilegios. Para él, pocas dudas caben, el baile de los que sobran no era más que una linda canción para bailar.

Pero no nos engañemos. Y aunque alguna vez expresamos nuestra molestia por esto de los uniformes –“las nanas de Zapallar”- no es éste, ni con mucho, el principal problema de la discriminación de ese colectivo de trabajadoras.

En rigor, es el más vistoso pero no el más grosero.

Estas trabajadoras –un colectivo de débiles entre los débiles- plantean a la sociedad chilena un desafío de estimable intensidad.

Un desafío de inclusión social brutal y que se puede plantear en términos de pregunta: ¿cómo puede una persona ser ciudadano en el sentido más pleno de la palabra –de un ser libre y autónomo-, si la necesidad le ha impuesto la dura carga de vivir prácticamente toda su vida para servir a otro?

Me refiero, obviamente, a las trabajadoras puertas adentro. De esas que viven donde trabajan. Trabajadoras que desprovistas de la posibilidad de hacer su propia vida, deben vivir en los pequeños espacios que deja la vida de otros – en la orilla de la vida de sus patrones-. En esa vida residual, sin privacidad y sin espacios de auténtica libertad para hacer las pequeñas cosas de la vida –cosas como celebrar en el momento que quieran, como tener sexo cuando lo estimen o simplemente protestar tocando las cacerolas-, deben intentar construir algo parecido a un proyecto que para el resto de nosotros es la base de nuestra dignidad.

No se puede prohibir por ley, por cierto. Pero una sociedad decente debería preguntarse cómo hacer para garantizar que ninguno de sus miembros deba renunciar a su propia vida para poder sobrevivir.

Algo que suena, a todo esto, como una dramática paradoja: mujeres que para vivir deben renunciar a tener una vida.

La respuesta no es muy difícil de concebir y ya la conocen otras sociedades más respetuosas de sus miembros como es garantizar un mínimo social de vida decente. Eso que se llama derechos sociales.

En efecto, no hay que ser adivino para saber que si Chile garantizara educación de calidad para todos, salud gratuita, y derechos laborales efectivos, el número de trabajadoras de casa particular que debería renunciar a vivir en condiciones de autonomía y plenitud, “aceptando” vivir “puertas adentro” se reduciría dramáticamente. Con algo de suerte, el trabajo puertas adentro por necesidad se extinguiría.

Y de paso, seriamos una sociedad mucho mejor y más decente.

Lo curioso –y dramático al mismo tiempo- es que el propio legislador se ha hecho eco de esta idea de trabajadores sin vida y en una legislación que parece sacada de la pluma de un gerente de las Brisas de Chicureo, declara que las trabajadoras “cuando vivan en la casa del empleador no estarán sujetos a horario” el que quedará determinado “por la naturaleza de su labor” y que, en un dejo de humanidad que hasta el explotador que redactó estas normas tuvo que reconocer, “normalmente” tendrán un descanso de 12 horas diarias.

Dicho en palabras sencillas: trabajadores que la ley permite trabajen como jornada normal 72 horas a la semana, cuando el límite para el resto es de 45. Un récord mundial, por fin, para Chile.

Ni hablar de los múltiples casos en que el empleador –comúnmente la mujer de la casa- considerará que se está ante un caso de “anormalidad”–cumpleaños de los niños, fiestas varias, compra de un chalet en las brisas, etc.- y que, por tanto, ni siquiera deberá respetarse ese descanso.

En fin, una joya de nuestra legislación laboral actual, que quizás en cien años más, se presente como hoy recordamos las leyes de la esclavitud.

Mientras tanto, miles de mujeres deben aprender a no tener vida para tener derecho a una.

Nada, diríamos todos. ¿Y su situación financiera? ¿Y su condición religiosa?

Nada volveremos a repetir.

Pero si todo esto no tiene nada que ver, entonces, la cuestión es obvia: porque aceptamos con naturalidad que toda entrevista de trabajo en Chile pueda entrometerse en esos y muchos otros asuntos –la situación económica, la orientación sexual, el peso, la condición social, etc-.

Y ahí está lo interesante: hay prácticas que, de tanto verlas, nos parecen simplemente correctas. Como las preguntas voyeristas e invasivas de las entrevistas y de los test pre-ocupacionales.

Hay muchas cuestiones que objetar a estas entrevistas y exámenes, pero no nos detendremos en detalles. No hablaremos del ambiente comúnmente de secretismo en que suelen desarrollarse. Ni tampoco que el postulante nunca sabe qué “perfil sicológico” busca la empresa, ni menos bajo que criterios serán evaluados su supuesta capacidad para desarrollar un cargo y que todos los resultados son completamente ocultos para el examinado.

Eso es lo de menos por ahora. Más bien, nos referiremos a  la descarada intromisión en la vida privada que dichos exámenes, test y entrevistas suelen suponer, con preguntas que, sin medias tintas, buscan indagar aspectos de la vida íntima de las personas.

¿En que se vincula técnicamente la aptitud laboral con que la candidata al puesto tenga o no pololo o esté pensando en casarse? ¿O para que sirve saber si el postulante vive en tal o cual comuna de la ciudad o si vive con sus padres?

La respuesta en todos estos casos es obvia: en nada. Ninguna de esas preguntas tiene conexión lógica, ni razonable con la idoneidad o capacidad laboral del postulante.

El problema es que esas impertinentes e invasivas preguntas que poblan estos exámenes y entrevistas tiene un alto costo para la sociedad en términos de respeto de los derechos de las personas, especialmente para la privacidad de los candidatos.

¿Por qué socialmente deberíamos seguir permitiendo que test y exámenes sicológicos con dudosa –por no decir nula- capacidad predictiva sigan practicándose con un alto costo en términos de respecto de la dignidad y privacidad de nuestros trabajadores?

La supuesta utilidad –hasta ahora nunca acreditada atendido el curioso secretismo en que se mueven las consultoras que los aplican- no compensa en absoluto la afectación obvia – y muy acreditada-  de la esfera privada de quienes deben soportar estos exámenes y entrevistas.

Justificar la grosera vulneración de la privacidad de los trabajadores en un eventual detección de candidatos especialmente “disfuncionales”, es demasiado pobre y exiguo como compensación para que la sociedad acepte dichas practicas pre-ocupacionales.

En rigor, todo parece indicar que en buena parte de estos casos se trata de la búsqueda bastante burda de criterios de discriminación: las preguntas sobre la relaciones de pareja (discriminación por maternidad), las de la comuna donde se vive (discriminación por condición social), las sobre las creencias de fe (discriminación por religión) y así una larga lista de huellas para poder discriminar con exactitud.

¿Sería razonable establecer una protección legal a los postulantes, prohibiendo que los exámenes y test pre-ocupacionales contemplen preguntas referidas a cuestiones relacionadas con la privacidad de los candidatos?

Por supuesto. De hecho, esto lo han entendido bien en otras sociedades, más sensibles con los derechos fundamentales de sus trabajadores. En Canadá, la ley prohíbe preguntas e indagaciones en formularios de empleo o en entrevistas en contextos de solicitud de trabajo, referidas a cualquier asunto vinculado al estado civil, la raza –lo que incluye el aspecto físico-, la orientación sexual, la obesidad, la religión, la condición social –lo que incluye el lugar donde se vive- y otras circunstancias análogas (art. 18.1 de la Carta de Derechos y Libertades de la Personas, Quebec).

A su turno, la jurisprudencia norteamericana ha sostenida en reiteradas ocasiones que los test sicológicos son ilegales en aquella parte que invadan la privacidad de los trabajadores, salvo que el empresario acredite un interés apremiante (Soroka v. Dayton Hudson, Corte de Apelaciones de California, 1991). Como es obvio, no existe tal interés en cuestiones de la sexualidad, de creencias religiosas o de situación de estado civil. Especialmente ilegales son aquellas test que encubren una evaluación médica (Karraker vs. Rent-a-center, Corte de Apelaciones del Circuito Séptimo, 2005)  con preguntas que tengan por objeto determinar discapacidades físicas o mentales.

Hasta ahora, en todo caso, nadie en Chile ha prestado atención a este problema. Como si la normalidad –todos lo hacen- ha terminado siendo la medida de su justificación –debe ser correcto-.

Mientras tanto mucho talento se debe estar perdiendo en medio de tanta discriminación antes siquiera de llegar al puesto de trabajo. Sólo por un segundo, me imagino a Nicanor Parra respondiendo una de esas entrevistas.

De seguro el examen saldría “malo”. Por raro y disfuncional. No sería apto.