Trabajadores del sector público cumplirán 40 días en paralización
Los trabajadores de la administración pública señalan que las relaciones con el gobierno central están en punto muerto, luego de que el Ejecutivo ingresara un proyecto de ley que busca terminar con un conflicto que se arrastra desde el año 2014, sin consultarles a las partes involucradas. Los actores apuntan a un errático actuar del Ministerio del Interior para enfrentar el conflicto y frente a una problemática que los trabajadores aseguran es mucho más profunda que la asignación de un bono.
Las negociaciones entre los trabajadores de la mesa del sector público de Atacama y el Gobierno parecen estar en punto muerto, luego de que el Ejecutivo ingresara un proyecto de Ley, respaldado por la propia Presidenta Michelle Bachelet, que busca dar una salida al conflicto de “Un nuevo trato para Atacama”.
¿El problema? La propuesta elaborada en conjunto por los ministerios del Interior y de Hacienda no fue consultada con los trabajadores que van a cumplir 40 días en paro indefinido, ni tampoco fue trabajada en conjunto con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, quienes actuaron como ministros de fe en el proceso en el que se acordó el nuevo trato.
Un verdadero traspié para el Ejecutivo, cuando todos los actores apuntan a un errático actuar de Interior para enfrentar el conflicto, que era mediado por el subsecretario Mahmud Aleuy, y frente a una problemática que los trabajadores aseguran es mucho más profunda que la asignación de un bono.
En el año 2014, a principios del segundo gobierno de Michelle Bachelet, los trabajadores del sector público de la Región de Atacama, tras un paro regional, firmaron un protocolo de acuerdo con el gobierno central, denominado “Un Nuevo Trato para Atacama”, el que fue respaldado por los representantes de elección popular de la zona.
Este acuerdo consistía en una agenda de siete puntos que tenía como objetivo cimentar el camino para dar solución a una demanda de la región que lleva cerca de ocho años levantándose, establecer una política de desarrollo especializada en las características de Atacama, entendiendo factores como el alto costo de la vida, el acceso a la vivienda, a la salud, el agua, a la educación básica y superior, la conectividad entre los sectores aislados y la contaminación y saturación ambiental en la zona.
Previo al acuerdo, Atacama había sido definida como zona extrema y luego zona estratégica, además durante el gobierno de Sebastián Piñera se intentó llegar a un acuerdo, el que finalmente no prosperó. El “Nuevo Trato para Atacama” se trabajó durante siete meses, “el Gobierno nos dijo no hay problemas de dinero, no hay problemas de recursos (…) se llegó a un buen acuerdo, donde todos salimos felices y firmamos el protocolo”, explica Carola Díaz, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Atacama.
El “Nuevo Trato para Atacama” establecía que se realizaría un estudio para definir el “costo de la vida” en la región, además de la asignación a todos los trabajadores públicos de $80.000 mensuales hasta que estuvieran los resultados de la investigación. “El bono se comprendía como una señal desde el Estado para que la región se entendiera como prioritaria”, explica la diputada Daniella Cicardini (PS), y además se daría solución a distintas problemáticas que aquejan a la región.
Una de estas problemáticas es el acceso a agua potable. Jorge Godoy, portavoz de la Coordinadora Regional por la Defensa del Agua y el Medioambiente de Copiapó, explica que en la región se vive “una crisis estructural”, existe una explotación en la asignación del uso de los recursos hídricos, en especial a las mineras y parronales, en Copiapó hay un “sobreotorgamiento de derechos de aguas de 3.500 litros en promedio”, lo que se ha traducido “en la desaparición del río Copiapó, que las napas subterráneas estén bajando a ritmo vertiginoso, a más de 1 mt mensual. Hoy está en riesgo el agua para el sector humano y para los pequeños agricultores”.
Según el dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social, Renato Leal, el agua potable tiene un alto costo. “El metro cúbico de agua en Santiago tiene un costo de $330, en Copiapó $990, en Chañaral es sobre los $1.200”, detalla. Y su consumo es generalmente “para el uso doméstico, pero no para el uso humano, para esto se usa el agua en bidones, solo los pobres de Atacama deben tomar el agua potable de la llave y ellos son los que se están enfermando”.
Esto se conecta con la precariedad del sistema de la salud en Atacama, señalan los dirigentes, “la salud pública está en crisis, por la falta de profesionales y de inversión pública”.
“Es la región con más alto índice de mortalidad infantil, al igual que el número de enfermedades renales, por la misma calidad del agua y ni siquiera atiende un urólogo en la red pública”, indican los dirigentes del sector público. “Hay dos hospitales sin especialista, la clínica más grande es la Clínica Atacama y el gobierno paga 70 millones de pesos mensuales por usar su escáner, porque el escáner del hospital está malo (…) aquí priman los negocios que hacen en esa área”, indica Carola Díaz.
Otra problemática es la saturación medioambiental y la contaminación en una zona que se dedica principalmente a la extracción de minerales, hay aproximadamente 162 relaves en la región y cerca de 90 están activos, “muchos se desbordaron tras el aluvión y tenemos una contaminación enorme y ahora hay un proyecto de colocar una termoeléctrica en Caldera, nos siguen contaminando y qué queda para la Región de Atacama, para sus habitantes solo quedan los hoyos y todos contaminados”, aseguran los dirigentes.
Por su parte, la diputada Cicardini señala que también hay problemas con el sector habitacional, debido a que el costo de los inmuebles es más alto que en el resto del país. Tras el aluvión, “5 mil subsidios habitacionales se han tenido que devolver al poder central porque no alcanza con el que otorga el Estado”, concuerda Díaz. Junto a esto se encuentra el problema de la conectividad, es una región extensa con más de 75 mil hectáreas y hay poblados aislados “en los que la vida se encarece debido a la necesidad de transporte”.
Freddy Alarcón, secretario de la Asociación de Funcionarios Seremi-Serviu, asegura que este es un problema estructural y profundo que se origina por una parte en las políticas de desarrollo centralistas, pero por otro lado el hecho de que Atacama es una región “que genera riqueza al país, pero la mayoría de ella se va a los fondos comunes del Estado, sin que haya una política de reactivación local”, y para definir estas necesidades se constituyó la necesidad de un estudio que fuera realizado con la participación activa de distintos sectores y representantes sociales de la comuna.
A pesar de que se logró avanzar en el punto del bono y el estudio, tras el aluvión de principios de 2015 “no pudimos seguir trabajando en las otras seis demandas”, explica Renato Leal. A pesar de que el diálogo con el gobierno central permaneció con menor intensidad, se produjo un punto de inflexión, en el mes de octubre del año pasado, cuando en una reunión que tenía como objetivo “ver los avances de los puntos del protocolo de acuerdo con el ministro de Hacienda (Rodrigo Valdés) se nos dijo que ya estaba en curso el estudio y que los resultados estarían en los próximos días, entonces entendimos que el estudio no iba a responder a lo acordado”, asegura la diputada Cicardini. Y agrega que “advertimos al Gobierno de que se iba a venir muy compleja la situación porque ya no se había cumplido con otros puntos”.
El protocolo de acuerdo del año 2014 señalaba que se realizaría un estudio con el fin de definir el monto de una asignación permanente para los trabajadores del sector público, pero sin dar aviso a los involucrados –según los dirigentes y representantes de la zona– a finales de septiembre de 2015 “el Gobierno –de la mano de las carteras de Interior y Hacienda– hizo un estudio de gasto, que no tiene mucho que ver con el costo”.
De acuerdo a Carola Díaz, el estudio realizado no logra establecer el costo de una canasta con bienes y servicios incorporados, “el propio estudio establece que se basa en una encuesta anterior que la 7° Encuesta de Gastos Familiares”, que no tiene representatividad regional, señala. Y explica que “no logra diferenciar los costos que hay en Atacama respecto de la ciudad primada que es Copiapó, respecto a las de las periferia, como Diego de Almagro, Chañaral, El Salado, entre otros”.
[cita tipo= «destaque»]Según el dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Desarrollo Social, Renato Leal, el agua potable tiene un alto costo. “El metro cúbico de agua en Santiago tiene un costo de $330, en Copiapó $990, en Chañaral es sobre los $1.200”, detalla. Y su consumo es generalmente “para el uso doméstico, pero no para el uso humano, para esto se usa el agua en bidones, solo los pobres de Atacama deben tomar el agua potable de la llave y ellos son los que se están enfermando”.[/cita]
Los resultados del estudio –que fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)– definieron que la Región de Atacama quedaba en el sexto lugar a nivel nacional, lo que significó que no se continuara con la entrega del bono a los funcionarios.
Ante la situación antes descrita y frente a la negativa del gobierno central a realizar un nuevo estudio, los trabajadores de la Mesa del Sector Público de Atacama, iniciaron un paro indefinido el 1 de marzo, el que se ha extendido por 38 días, periodo en el que la movilización ha traído consigo una serie de problemas respecto a la atención de los usuarios, pero también una radicalización del movimiento ante una negociación compleja con el gobierno central, que llevó a que un grupo de trabajadores llegaran este lunes 4 de abril a Santiago, con el fin de protestar y contrarrestar lo que ellos han definido como “un cerco comunicacional” al paro que lleva más de un mes.
A pesar de que el proceso de negociación desde el año 2014 fue llevado por los ministerios de Hacienda e Interior, quien quedó a cargo de la interlocución directa con los funcionarios y parlamentarios fue el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, en conjunto con el intendente de la Región de Atacama, Miguel Vargas.
Tras la movilizaciones el subsecretario señaló que no habría problemas para financiar el acuerdo, posteriormente los parlamentarios de la zona –de los cuales cinco pertenecen a la Nueva Mayoría– actuaron como ministros de fe en el “Nuevo Trato para Atacama”, luego las conversaciones las mantuvieron los asesores Christián Torres y el encargado de análisis estratégico del Ministerio del Interior, Víctor Maldonado, además del acompañamiento en algunas ocasiones de la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, al menos hasta que se informara que el bono no se seguiría aplicando.
Según parlamentarios de la zona que pertenecen a la Nueva Mayoría y los dirigentes que han sido parte de las negociaciones, el Gobierno ha tenido un actuar “errático” e “intransigente”, el que se ha visto mediado por la labor de los alcaldes y algunos parlamentarios. Un ejemplo de esto, a juicio de un representante, es que cuando los trabajadores del sector público de Atacama anunciaron –tras conocer los resultados del estudio– que iniciarían un paro indefinido a partir del 1 de marzo, “el Gobierno tuvo alrededor de un mes para acercarse a dialogar o establecer un plan, pero no logro explicarme cómo es que no se hizo nada”.
Otra señal fue la que dio el subsecretario Aleuy, quien llegó 18 días después de que se iniciara el paro indefinido a la Región de Atacama: “Él quiso dividirnos, primero tuvo reunión con los alcaldes, después con los parlamentarios –todos por separado–, después tuvo reunión con Carabineros y al último tuvo reunión con los representantes de la mesa del sector público”, explicó Carola Díaz. “Nos estuvieron baipaseando y jugando con nosotros para debilitar nuestro movimiento, allí es cuando las bases se enfurecen y deciden radicalizar mucho más el movimiento, ante la negativa de seguir en el diálogo”.
Según la diputada Cicardini, “las negociaciones han sido muy complejas, en una primera instancia el Gobierno estaba muy cerrado, sin siquiera la posibilidad de hacer un nuevo estudio, ellos dieron a conocer que no había posibilidad de bono y fue su única palabra. Cuando uno es parlamentario de la Nueva Mayoría, tenemos que hacer un trabajo con nuestro gobierno y he dado señales de mi lealtad, pero es distinto el caso cuando uno como parlamentario es garante de un documento y lo mínimo que podemos hacer es que se cumpla”.
El día 35 de paralización los representantes de los trabajadores llegaron a Santiago. Tras la protesta realizada por los dirigentes, el subsecretario Aleuy y el ministro Burgos enfatizaron que no había más recursos: “El gobierno de la Presidenta Bachelet no se va a equivocar”, manifestó Burgos, “nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos (…). Es bueno que las autoridades del poder Ejecutivo y del Poder Legislativo no nos pongamos del lado de la demanda siempre. Gobernar requiere de rigor y también de ser serio y responsable a la hora de analizar las demandas de las personas”, agregó.
De acuerdo a un representante de la región, durante meses se esperó “una señal más clara del ministro del Interior, entendiendo que son cuatro diputados, una senadora y un alcalde de la Nueva Mayoría. Es muy complejo el cómo se ha abordado este conflicto, a pesar de que se le advirtió al ministro de Hacienda en octubre de 2015 y pusimos en alerta al gobierno”.
Las declaraciones de Burgos parecían llevar a un punto muerto los puentes entre los trabajadores y el Gobierno, pero las parlamentarias Isabel Allende y Daniella Cicardini presentaron una salida al conflicto inmediato: un bono escalonado y financiado con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que se tramitara a través del Congreso, lo que no significaría un gasto extra para las arcas fiscales. Tras esto el diálogo se retomó y comenzó un proceso de mesa de negociación a la espera de que el gobierno presentara el proyecto al Congreso.
Fuentes cercanas a La Moneda han señalado que la estrategia a la hora de enfrentar el conflicto ha sido la del desgaste, teniendo en cuenta que aún no hay antecedentes de que la situación podría ascender a un escenario similar al de los casos de Freirina o Aysén, lo que justificaría las declaraciones desde el Ministerio del Interior. La idea era que la señal en pos de un acuerdo saldría desde la senadora Allende, a través de su propuesta de un bono Atacama.
Pero, finalmente, el Ejecutivo optó por construir una propuesta propia e ingresarla la mañana de este jueves al Congreso, sin haberla sometido a un consenso con la mesa de diálogo que había logrado poner paños fríos al conflicto, esto a pesar de que el Intendente Vargas se había comprometido a dar a conocer la iniciativa a los trabajadores. El rol de la autoridad regional también ha sido cuestionado: “Es evidente el desconocimiento que ha tenido el intendente en la materia, él claramente no ha tenido ningún peso en la negociación”, indica un representante de la zona.
La diputada Cicardini dice valorar la propuesta del Gobierno, pero aclara que le “llamó profundamente la atención la forma, me pareció desafortunada, creo que haber entregado un proyecto de ley por la Cámara de Diputados, sin haberlo socializado con los protagonistas de este escenario, no está bien. Los parlamentarios tampoco nos enteramos de en qué línea ni en qué condiciones se iba a hablar”. Ante la propuesta, la parlamentaria indica que le habría gustado que se integrara al “mayor número posible de funcionarios, es un bono de 200 mil pesos por única vez, son muy pocos los recursos».
Por su parte, el diputado UDI Felipe Ward sostuvo que el bono único por $200 mil, para trabajadores que perciban hasta $700 mil de sueldo, son “migajas”. “Estoy seguro que el Ejecutivo no ha comprendido el mensaje y las necesidades de la gente de Atacama, resulta lamentable que a través de un proyecto de ley mediocre trate de solucionar un conflicto que para los funcionarios públicos no resuelve el problema de fondo (…) lo demás es una aspirina para callarlos por algunos minutos”.
La dirigenta Carola Díaz, explica que se enteraron del proyecto “por la conferencia de prensa que dio el intendente de la región. Todo el proceso ha sido una falta de respeto, nosotros le solicitamos al gobierno que se retire el proyecto de ley, que no ha sido consultado, les pedimos a la Presidenta y a los ministros que bajen el proyecto”.
“Esto ha sido una burla, ha provocado una indignación entre los trabajadores, por lo que ahora el movimiento está más firme y radicalizado que nunca”, agrega la dirigenta. Además, la mañana de este viernes llegará una delegación de cerca de 8 buses a Santiago con trabajadores del sector público que pretenden marchar desde Plaza Italia hasta La Moneda, es factible que se plieguen otros grupos organizados como la CUT, la que advirtió al Ejecutivo un posible paro nacional si no se lograba un acuerdo con Atacama. Por su parte, los parlamentarios de la zona tendrán una reunión con el gabinete de ministros el lunes, en donde pretenden pedir explicaciones acerca de lo ocurrido.
