Proyecto que busca fortalecer la educación pública genera tensión
Desde el sector especialista en Educación Superior hay miradas contradictorias respecto al proyecto de reforma de universidades estatales. Mientras, por un lado, existe consenso respecto a la necesidad de fortalecer al sector público, por otro se hace hincapié en el error de tener dos proyectos de ley tramitándose en el Congreso. Según expertos en educación el mensaje del proyecto sería “muy pobre intelectualmente”.
“Las reformas a las universidades van a pasar sin pena ni gloria”, este es el principal miedo de la bancada parlamentaria del oficialismo en el Congreso, a raíz de la poca relevancia que se le ha dado al ingreso del proyecto de reforma a las universidades del Estado; un síntoma que definen como el fantasma de la ley de aborto en tres causales, que hoy intenta ser aprobada a regañadientes en el Senado.
El proyecto fue ingresado el viernes 2 de junio, y a una semana del inicio de su proceso legislativo “no ha generado ninguna reacción entre los actores involucrados”, pero además llega con la antesala de un acuerdo entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y los ministerios de Hacienda y Educación, en el cual se comprometen a restituir los fondos eliminados del AFI para las universidades del G9, a través de una ley de tramitación corta, lo que es leído como “una señal”, para este sector, que se ha mostrado en pie de guerra en contra de la Ley de Universidades Estatales.
Uno de los principales peros de este proyecto es que “separa aguas al interior de un sistema estructural”, una visión compartida por parlamentarios del oficialismo y oposición, pero también por los rectores y los especialistas. Un verdadero “saludo a la bandera” o un grito de ahogado, que contiene un “mensaje del proyecto que resulta muy pobre intelectualmente. No hay una explicación de sentido doctrinario”, señala José Joaquín Bruner, de la UDP.
La reforma que fue comprometida por la Presidenta Bachelet y confirmada en su última cuenta pública, como uno de los legados de su gobierno en materia de fortalecimiento al sistema de educación pública, cuenta con una serie de objetivos específicos, entre ellos, un reconocimiento a la especificidad de estas instituciones y determina el rol del Estado como promotor de las universidades que dependen directamente de él.
También establece reglas básicas del Gobierno Universitario, la modernización de la gestión administrativa y financiera de las instituciones y un nuevo régimen jurídico para los académicos y funcionarios no académicos. Junto con esto, el proyecto de ley “promueve de forma particular la coordinación en el quehacer de las Universidades del Estado”, generando un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, además de establecer un plan de financiamiento y fortalecimiento a 10 años plazo y la firma de un Convenio Marco que determina inyección de recursos frescos y basales.
En materia de autonomía universitaria, un punto que ha sido fundamental en las demandas levantadas por los estudiantes, rectores y académicos, el proyecto establece que “las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica”. Esto les permite “elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación”, por otra parte, la autonomía económica autoriza a las Universidades del Estado “a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad”.
A nivel de financiamiento y autonomía económica, el proyecto tiene como objetivo flexibilizar la posibilidad de celebrar contratos, compra de bienes o la contratación de servicios, “incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación”, lo que según el proyecto ayudaría a la expansión de los proyectos universitarios y acortaría la denominada “brecha” entre las facultades de las universidades estatales y las privadas, aunque desde algunos sectores aseguran que éstos artículos transformarían a las instituciones estatales en “empresas”.
Respecto al Gobierno Universitario, el proyecto de ley establece la existencia de tres órganos superiores. El Rector o Rectora, el Consejo Superior, que es determinado como “el máximo órgano colegiado”, define “la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución”. Está conformado por tres miembros nombrados por el Presidente o Presidenta de la República, tres miembros de la universidad nombrados por el Consejo Universitario, dos profesionales de “destacada trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la región” y el rector o rectora, quien puede ser removido por este organismo.
La otra figura colegiada que se establece en el proyecto es el Consejo Universitario, un organismo que tiene un carácter “consultivo y propositivo”, en “materias relativas al quehacer institucional de la Universidad”. Estará integrado por representantes de los distintos estamentos de la institución, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus estatutos, pero la participación de los académicos no podrá ser inferior a dos tercios del total.
Por otra parte, el proyecto crea un nuevo espacio de coordinación de las Universidades del Estado, por medio del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, el que estará integrado por rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo y será presidido por el Mineduc.
En cuanto al nuevo régimen de financiamiento -uno de los puntos “intransables” por los rectores del Cruch y que fue decisivo para presentar un proyecto anexo a la gran Reforma a la Educación Superior que se tramitaba en la Cámara- la reforma a las universidades estatales, establece un nuevo instrumento de financiamiento llamado “Convenio Marco Universidades”, cuyos montos serán establecidos en la Ley de Presupuesto y no podrán ser inferiores a los de la del año 2016. “Los criterios de distribución de estos recursos serán fijados mediante un decreto del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda”. Asimismo, se establecen las normas sobre el objetivo, la finalidad y la gestión del Plan de Fortalecimiento que se implementará para las Universidades del Estado, por el lapso de diez años. Los recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento llegan hasta los $150.000.000 miles, el avance de los proyectos será fiscalizado por un Comité específico para la tarea.
Finalmente, el proyecto establece que los académicos y funcionarios no académicos mantendrán su calidad de empleados públicos, pero se regirán por los reglamentos que dicten las Universidades, además “los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro”.
Desde el sector especialista en Educación Superior hay miradas contradictorias respecto al proyecto, más allá de que existe consenso respecto a la necesidad de fortalecer al sector público, también se hace hincapié en la contradicción de tener dos proyectos de ley tramitándose en el congreso.
José Joaquín Brunner asegura que “hay privilegios de acceso al estado, se crea una especie de órgano coordinador que le da a un grupo de universidades una interlocución directa con el Mineduc, otros ministerios y organismos del estado”, de esto “se deja fuera de lugar al Cruch”, lo que dejaría sin sentido el mantener este espacio de coordinación de rectores.
Además, Brunner asegura que este “régimen de privilegios para cierto tipo de universidades sin mayor explicación está desahuciando el Cruch” y explica que esta visión no se condice “el régimen de provisión mixta” al que se había comprometido el Gobierno.
Por otra parte, el especialista de la UDP destaca el artículo 30, “que le da una lógica empresarial a la universidad. Le da facultades de empresas, para vender patrimonio, patentar propiedad (…) pero no estamos descubriendo la rueda, es el sistema que tienen las grandes universidades del mundo, que son también emprendedoras o empresariales, como las universidades privadas, esto va en la dirección correcta”.
Para la experta en educación superior de Fundación Crea, Marjorie Cuello el proyecto de ley “pone en papel lo que hoy las Universidades hacen”, reconoce que “hay algunos avances respecto de la compra de bienes y servicios”, pero tilda a la medida como insuficiente, ya que “una iniciativa de marco regulatorio que fortalezca el sistema estatal debe partir por generar condiciones de crecimiento de matrícula, a la vez que infraestructura, lo cual implica no solo un plan de fortalecimiento en un periodo determinado, sino una política de fortalecimiento constante de la educación estatal, conforme se va complejizando la sociedad chilena y migrante, además de la necesaria diversificación de la matriz productiva y el modelo de desarrollo”.
Según Cuello, los puntos bajos de la medida legislativa apuntan a que “deja a la deriva o a la definición de las instituciones el carácter democrático de estas. Si bien se fija la figura del consejo universitario, con participación de la comunidad, también expresa ciertos límites en su composición, diciendo que al menos 2/3 de este debe estar conformado por académicos, lo cual es el mismo principio del proyecto ingresado en julio del año pasado”.
Por otra parte, la especialista explica que “se mantiene, además la lógica de que exista un órgano superior donde están excluidos los otros estamentos, que involucra al Gobierno de turno y además toma las decisiones estratégicas. A mi entender, lo que sucede en esta lógica es la infantilización del estamento funcionario y estudiantil, a quienes se les otorga un espacio reivindicativo de participación, pero exento de la posibilidad de plantear definiciones estratégicas para la institución, como si estas definiciones recayeran solo en los hombros de quienes tienen la «madurez» o la «experticia» de plantearlos”.
Finalmente, para Cuello un punto que queda abierto y es complejo de abordar desde una política pública es el de acompañamiento a las universidades del Estado para poder superar las crisis del sistema. “No es posible olvidar las crisis en las que han caído algunas instituciones en los últimos diez años, tal el caso de la UV, en 2007 la UTEM en mismo periodo la ULA de Puerto Montt”, indica. Agrega que hasta el momento “la superación de dichas crisis hasta ahora ha sido mera voluntad de sus comunidades, sin embargo hoy en el ámbito privado se cuenta con una ley especial (la de administrador provisional) para solventar las crisis de instituciones privadas mientras las estatales quedan a la deriva, con sus mismo recursos humanos y económicos”.
El proyecto fue ingresado al Senado el pasado 2 de junio, al día siguiente de la Cuenta Pública, como fue anunciado por la Presidenta Bachelet. A pesar de que había despertado gran controversia y reticencia, especialmente desde las denominadas universidades tradicionales no estatales -agrupadas en el G9-, tras su anuncio a principios de este año, la discusión pública parece estar a la espera de que comience su tramitación en la Cámara Alta.
La postura desde el las Universidades del Estado ha sido clara y agradecen el cumplimiento del compromiso presidencial, principalmente porque esta ley aclararía “ese concepto que muchos han querido tergiversar, no es lo mismo una universidad estatal que una universidad privada. Esto lo demuestra en que es necesaria una legislación diferente. No somos lo mismo”, señaló tras su ingreso Luis Loyola, rector Universidad de Antofagasta.
Aunque Loyola asegura que “como Cruch no hemos hecho un estudio detenido del proyecto de ley”, explica que recién el 14 de este mes tendrán una reunión como directorio y fin de mes se desarrollará una asamblea general en Antofagasta. En dicho encuentro se expondrán las visiones de cada universidad del Estado, luego de que se realice un proceso de análisis al interior de cada comunidad universitaria. “Efectivamente ninguna universidad va a aprobar si hay algún aspecto de la ley que dañe a algunos de los involucrados”, asegura el rector.
Dicha posición de los rectores responde a la fuerte crítica que ha despertado el proyecto entre los funcionarios de las universidades estatales. Myriam Barahona, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (Fenafuch), aseguró que rechazan “la ley como está, vamos a ir a la disputa de la ley y si en el camino hay que tomar otros tipo de determinaciones se verá”.
Esto, debido a que -según los funcionarios- el proyecto es regresivo, “tanto en la participación y democracia de sus estamentos. Nos deja en la precariedad misma del empleo”, debido a que quedarían en la ambivalencia de ser funcionarios públicos y además, estarían regidos por un estatuto “dictado por el rector y gobierno de turno”. Además, según Barahona, la creación de una estructura de Gobierno Universitario estandarizado sería “gravísimo y coloca una lápida a todos los procesos democráticos que se han desarrollado, termina con el Senado Universitario y la comunidad universitaria. En determinadas cuentas se interviene a las universidades”.
Respecto a la nueva fórmula de financiamiento y el desarrollo de la autonomía económica que contiene el proyecto, la dirigenta asegura que la posibilidad de acceder a “préstamos a través del Banco Internacional” como forma de financiamiento apunta a que “las universidades del Estado pasarían a ser una empresa más y el lucro se estaría ratificando con más fuerza”. Esto debido a que el Mineduc estaría firmando un convenio para financiar el Plan de Fortalecimiento con el Banco Mundial, en caso de que los recursos actuales no alcancen para dicho ítem de la reforma.
Barahona advierte que si no se pone atención en estos puntos habrán movilizaciones “si hay que marchar, protestar e ir al parlamento lo vamos a hacer”.
Un problema que es identificado transversalmente entre parlamentarios, rectores y especialistas es la dificultad para lograr concordancia entre el proyecto macro de Reforma a la Educación Superior, que se encuentra en sus últimas semanas de tramitación en la Cámara de Diputados y la legislación recién ingresada al Senado. Es por esta razón que la definición del Ejecutivo es visto como “un grueso error” entre algunos parlamentarios del oficialismo, aunque reconocen que era la “única forma de que el proyecto madre de la reforma avance sin tantos problemas”.
Según el Presidente (s) del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Cuech, la ley de universidades estatales “tiene que estar en coherencia con la Reforma a la Educación Superior”, ya que si sólo se aprueba la ley de las estatales “puede darse que tengamos mayores restricciones de las que tenemos ahora y, de acuerdo a lo señalado por las autoridades del Ministerio, el objetivo es que podamos desenvolvernos de una mejor manera”.
Para Brunner, esta división de los proyectos “hace muy poco sentido (…) me parece difícil hacer una discusión coherente de lo que se quiere del sistema partiendo sólo por una parte”. Según el especialista esta definición del Ejecutivo es “nueva expresión de esta forma improvisada y descuidada de la Educación Superior desde el primer día del gobierno”.
Para el ex presidente del G9, Rector Elórtegui (PUCV), fue un “error haber separa las universidades estatales del proyecto de reforma, considerando que el sistema de educación superior es un todo integrado, por lo tanto, no es adecuado legislar en forma separada para las estatales”.
Según Elórtegui esta posición del Ejecutivo es una muestra más de una política “separatista” del Gobierno respecto a las instituciones del Cruch, las que se han evidenciado en la división de partidas en las leyes de presupuesto, “esto tiene a ir introduciendo una división al interior del Cruch, que es espacio que debe ser cuidado, porque es un lugar que une lo público del país”.
En opinión del rector de la PUCV esta ley le da “privilegios y preferencia solo a las universidades del Estado a partir de una concepción definitivamente estatizadora”, agrega que la pelota actualmente se encuentra en la cancha de los parlamentarios y que de ellos depende que se pueda llevar un proceso de reforma integral, que pueda hacer confluir ambos proyectos.
