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En sus conclusiones, los expertos del Comité de Naciones Unidas expresaron «especial inquietud» por los casos de «aplicación abusiva de esta norma para procesar por terrorismo a activistas mapuches acusados de acciones violentas”. La advertencia se suma a las críticas de Amnistía Internacional que acusa a Chile de “violar los DDHH del pueblo mapuche”.
El Comité contra la Tortura de la ONU pidió este viernes a las autoridades de Chile que se abstengan de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentar contra la propiedad privada durante las protestas por los derechos del pueblo indígena mapuche.
El órgano de la ONU emitió hoy sus observaciones finales sobre Chile, tras examinar el informe periódico que este país presentó en cumplimiento de la Convención internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La Ley Antiterrorista cuestionada por el Comité contra la Tortura de la ONU también ha sido objeto de críticas por organismos como Amnistía Internacional. Esta entidad lanzó el informe «Pre-juicios injustos: criminalización del pueblo mapuche a través de la Ley Antiterrorista», en el que analizan a fondo dos casos en los que mapuches fueron condenados por esa controvertida legislación, y advierten como conclusión que los procesos judiciales contra mapuches en Chile genera juicios injustos y sin garantías, que criminalizan a los indígenas.
En sus conclusiones, los expertos del Comité expresaron «especial inquietud» por los casos de «aplicación abusiva de esta norma para procesar por terrorismo a activistas mapuches acusados de acciones violentas», en concreto daños a bienes privados.
El Comité pide a Chile «revisar y enmendar» esa legislación para que se definan de forma precisa los actos de terrorismo y que los detenidos tengan acceso a las garantías básicas contra la tortura, como el derecho a comparecer sin demora ante un juez tras su arresto.
En ese sentido, señaló que le preocupan las limitaciones que la ley contempla a esas garantías, en particular la posibilidad de ampliar hasta diez días el plazo para poner al detenido a disposición de un juez.
También en relación al pueblo indígena mapuche, el Comité de la ONU sostuvo que son inquietantes las informaciones sobre «abusos policiales» contra integrantes de esta minoría durante allanamientos o redadas en sus comunidades, así como la violencia sexual policial contra mujeres y niñas en protestas estudiantiles.
Según datos facilitados por la delegación del Gobierno chileno que compareció ante el Comité, que se reunió en Ginebra entre finales de julio y el 9 de agosto, hubo sanciones disciplinarias contra 34 funcionarios y otros 20 casos están en trámite.
En este ámbito, entre las principales críticas del Comité figura el hecho de que las denuncias por violencia policial sigan enviándose para su investigación preliminar a unidades que pertenecen a la misma institución para la que trabajan los presuntos autores.
Por ello, pide que se realicen «investigaciones prontas, imparciales y efectivas» y que las denuncias sean asumidas por un «organismo independiente».
Por otro lado, el informe del Comité da cuenta de que la delegación chilena le comunicó que entre enero de 2009 y mayo de 2018 se abrieron 1.042 causas judiciales por actos de tortura y que se puso término a 599 de ellas.
«Sin embargo, la información estadística no permite conocer las razones concretas que motivaron el sobreseimiento de numeras causas ni el sentido de las 46 sentencias dictadas desde 2014», lamenta el Comité contra la Tortura.
Por otra parte, la miembro del Comité Ana Racu dijo en una rueda de prensa que al órgano «le preocupa» que en algunos casos los detenidos no tengan acceso inmediato a un médico o a un abogado, y que cuando lo hacen el encuentro sucede con custodio policial.
Asimismo, Racu denunció la masificación de las prisiones chilenas, especialmente las de Arcama, Valparaíso y Metropolitana.
Finalmente, la experta felicitó a las autoridades chilenas por haber modificado el código criminal y el código de justicia militar para introducir el crimen de tortura.
