Opinión
El tiempo corre y los plazos definidos para la implementación de la nueva Ley N° 21.091 de Educación Superior se acortan. Publicada el 29 de mayo del 2018, este marco regulatorio establece plazos de implementación desde uno a tres años para la definición de sus reglamentos y procedimientos. Es un cuerpo normativo complejo y amplio, que cambia aspectos de gran relevancia para las instituciones de educación superior, como su sistema de aseguramiento de la calidad.
La ley define a la educación como un derecho universal, sin discriminaciones arbitrarias. Esto lo garantiza mediante la creación de nuevos organismos, tales como la Subsecretaría de Educación Superior, con un área para la Educación Técnica Profesional y otra a cargo de la Educación Universitaria; la Superintendencia de Educación Superior; y un Sistema de Acceso a la Instituciones de Educación Superior.
Este último debe establecer procesos e instrumentos para la postulación de estudiantes a las instituciones, con una plataforma única administrada por la Subsecretaria de Educación Superior. Se estima que esta forma de admisión estará lista para la admisión 2021, lo cual significa que debe desarrollarse el año 2020. Pero dado que es un sistema orientado a un universo amplio de usuarios, se requiere que su tecnología y funcionamiento esté claramente definido el año 2019. Lamentablemente, hasta el momento no hay información sobre cómo avanzan esas decisiones.
En el caso particular de la educación técnica, el perfil de ingreso de alumnos es distinto al perfil universitario, sobre todo en relación con la mayor edad y experiencia laboral, diferencias que el sistema de entrada debería considerar.
Otro tema muy relevante y complejo es la definición del marco de cualificaciones. La ley habla de la articulación en el sistema educativo, es decir, la vinculación de la educación técnica profesional con el sistema universitario y las necesidades del país. Este es un asunto sensible para las universidades que imparten carreras técnicas similares a las que se entregan en los institutos técnicos y profesionales.
En las disposiciones transitorias de la ley, en el artículo quinto, se indica que dentro del plazo de un año desde la publicación de la ley (mayo 2019), el Ministerio de Educación implementará un piloto de Marco de Cualificaciones, de carácter referencial, asociado a la formación técnico profesional. El diseño de dicho programa deberá considerar la participación de las instituciones de educación superior de tal subsistema, así como también representantes del sector público, el sector productivo, trabajadores y expertos. Adicionalmente, la Subsecretaría de Educación Superior, en un plazo de tres años desde la publicación de la ley, deberá entregar al Ministro de Educación una propuesta de Marco de Cualificaciones, con una evaluación del programa piloto.
Un tercer punto clave con motivo de la nueva ley es apresurar los cambios en el sistema de acreditación, el cual pasa a ser integral y obligatorio para todas las instituciones de educación superior que quieran funcionar en Chile.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) debe establecer un reglamento de selección de carrereas y programas de pregrado y postgrado que se evaluarán dentro de la acreditación de toda la institución. Desconocemos si esto perjudicará el reconocimiento de sus títulos en otros países, en virtud de los tratados internacionales que exigen que las carreras sean acreditadas.
En las disposiciones transitorias, artículo 25, se señala que “aquellas instituciones de educación superior no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar procesos de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019. Por su parte, aquellas instituciones cuyas acreditaciones institucionales vencieren durante los años 2018 y 2019 podrán iniciar sus procedimientos de acreditación de conformidad con la normativa vigente”.
Los plazos se nos vienen encima, el 2019 esta a la vuelta de la esquina y hay dimensiones nuevas como el “aseguramiento interno de la calidad” y la dimensión “generación de conocimiento, creación y/o innovación”, para los cuales la CNA deberá remitir los criterios y estándares.
El tiempo pasa muy rápido y hay una lista de temas que se deben abordar a la brevedad, si se quiere cumplir con la ley de buena manera. Esto se traduce en reglamentos estudiados y reflexionados con los actores del sistema, que beneficie la calidad de la educación y, por ende, a los alumnos.
