Inclusión
Con la próxima implementación del decreto 50 del Minvu, los espacios públicos deberán ser diseñados o modificados para contemplar el acceso a personas con discapacidad y movilidad reducida.
Desde el próximo 4 de marzo entrará en vigencia el Decreto 50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece que los edificios públicos y que presten servicios a la comunidad deberán ser «accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida».
Esta sería la realización de un proceso que viene postergándose desde marzo de 2016, fecha en la que fue promulgado el decreto y que contemplaba un plazo máximo de 3 años desde la publicación en el Diario Oficial.
Por eso Pamela Prett, directora de Ciudad Accesible, ve con buenos ojos la implementación definitiva del decreto. «El balance siempre es positivo en el sentido de que el decreto 50 vino a normar algo que era sumamente necesario en Chile», cuenta.
De la misma manera, sabe que el trabajo de fiscalización será fundamental cuando llegue marzo, debido a posibles incumplimientos a la normativa. «Quizás va a ser la parte más complicada porque ahí van a haber inversiones, y obviamente siempre será mucho más caro tener que arreglar a que si incorporaras esto al proyecto original», dice.
«Nosotros llevamos haciendo haciendo fiscalización hace años, con una normativa que no nos acompañaba mucho», cuenta.
Y aunque reconocen que ahora existen «mejores armas legales para hacer esa fiscalización, obviamente que esta debiera venir de parte de las municipalidades y de las direcciones de obra».
La directora de Ciudad Accesible también celebra el cambio que significa esta ley sumada a otras como la de Inclusión Laboral. “La gente ya sabe que esto es un derecho, no un favor, y hay que cumplirlo. No hay diferencias entre yo como chileno, que puedo entrar o acceder a un servicio en cualquier condición. Hoy eso ya no va a ser posible. La esperanza es que es una fecha que va a marcar un antes y después”, asegura.
De todas maneras, mantiene reparos sobre ambigüedades que presenta el decreto, lo que obstaculizaría su implementación plena. «El mayor problema que nosotros hemos detectado es que hay mucha interpretación de la norma, y eso no debe ser así: una norma debe ser muy clara, cosa que no quede sujeta a distintas interpretaciones», sostiene. De hecho, cuenta que las preguntas más frecuentes que les llegan son desde oficinas de arquitectura o personas que están diseñando o tratando de entender la norma.
Otro de los reparos de Ciudad Accesible es la poca coordinación que existirían con otras leyes. Por ejemplo, la falta de regulación respecto a espacios de trabajo diseñados para personas con discapacidad. «Finalmente los espacios de trabajo no están normados en cuanto a accesibilidad, lo que ha causado un poco de extrañeza de que por un lado se esté obligando a cumplir un porcentaje de trabajadores con discapacidad, pero esos espacios no están sujetos a ninguna norma», comenta Prett.
Aún así, celebra la iniciativa que han demostrado los privados respecto a contratación de personal con discapacidad y reestructuración de sus espacios.
Pero por sobre todo, a opinión de la directora de Ciudad Accesible, la discusión sobre accesibilidad no termina acá, sino todo lo contrario, es una buena piedra fundacional.
«Acá comienza la discusión sobre temas de accesibilidad, especialmente lo que se refiera a la arquitectura. Especialmente a lo que se refiere a arquitectura: no estamos hablando de un diseño para personas con discapacidad, sino a uno que va a responder a los humanos de los años que vienen. Ya lo estamos viendo: países que envejecen, de personas que ya no se movilizan de la misma forma que antes», afirma.
