Opinión
Diversos estudios anticipan el impacto que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá en el crecimiento económico de los países. Por ejemplo, Accenture proyecta que para 2035, la IA podría agregar USD 63 mil millones a la economía chilena. Pero para que estas proyecciones ocurran se requieren ciertos requisitos.
En términos generales, debemos ser capaces de incrementar la conectividad, entrenar a nuestra fuerza de trabajo en las nuevas habilidades y tecnologías, contar con legislaciones modernas que aseguren que los datos que se utilizan para generar algoritmos no incorporen sesgos ocultos; que se respete la privacidad de las personas y se administren los datos de forma segura.
No es casualidad que el presidente Donald Trump haya firmado hace algunos días una orden ejecutiva que instruye al gobierno de Estados Unidos a elaborar un plan para mejorar el uso de IA en aquel país. Este anuncio se produce casi dos años después de que Beijing dieran a conocer su ambicioso plan de convertir a China en el líder mundial de IA para 2030.
Estados Unidos y China tienen diferentes enfoques para asegurar su liderazgo en materia de IA: EE. UU. tiene una ventaja en la innovación que realiza el sector privado, mientras que el país oriental invierte fuertemente en el sector público de manera centralizada. Se proyecta que China invertirá USD 70 billones hacia el 2020.
En Chile, recientemente se ha dictado por el Presidente Sebastián Piñera un Instructivo de Transformación Digital que establece entre otras materias, que los servicios públicos deberán eliminar trámites que no sean necesarios y digitalizar, al menos, el 80% de los trámites que aún no estén digitalizados a más tardar el 31 de diciembre de 2021, y un 100% antes del 31 de diciembre de 2023. Lo anterior va en la línea correcta y es que sin digitalización es muy difícil que se desarrolle y aprovechen los beneficios de la IA.
Sin embargo, es necesario avanzar más durante este año 2019. Se requiere, entre otras reformas, una nueva ley de protección de datos personales moderna y que contemple una autoridad de control. Se necesita actualizar la ley de delitos informáticos. Los gobiernos en la región están actualizando sus normativas y estableciendo estrategias digitales que priorizan la utilización de la nube pública y robustecen la seguridad de sus infraestructuras críticas. La cuarta revolución industrial está ocurriendo hoy, no podemos dejarla pasar.
