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Expertos debaten sobre cómo mejorar la ley que promueve inclusión social e igualdad de oportunidades

por 10 febrero, 2020

Expertos debaten sobre cómo mejorar la ley que promueve inclusión social e igualdad de oportunidades
Pese a que tiene una década desde que promulgó, existe un escaso conocimiento sobre la normativa, que ayuda, por ejemplo, a que un juicio en caso de discriminación sea resulto en 10 meses como máximo tiempo.
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En el marco de los 10 años de la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la Fundación Chilena de la Discapacidad en conjunto con integrantes de la entidad entregaron al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaria General de la Presidencia y a Senadis un informe con cumplimiento de esta normativa con balance y desafíos que están pendiente en dicha ley.

La idea es generar un debate constructivo al respecto con diferentes actores sociales e ir mejorando la normativa que no es muy conocida por la opinión pública. Esta legislación tiene como finalidad generar un cuerpo normativo único que viniera a suplir las falencias, y los derechos para la igualdad de oportunidades por tantos años postergados por el Estado y la sociedad para las personas con discapacidad, tanto física, mental, psicosocial y sensorial.

Este cuerpo legal está fundado en principios reconocidos internacionalmente: de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Además, establece en su artículo primero "asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad".

Algunos aspectos importantes de esta normativa es que entrega una definición de lo que debemos entender por persona con discapacidad, "aquella que teniendo una o más deficiencias físicas, mentales, sea por causa psíquica o intelectual, o sensoriales, de carácter temporal o permanente, al interactuar con diversas barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones".

Temas pendientes

No obstante, la normativa pese a tener muy ambiciosos objetivos a favor de las personas con discapacidad en nuestro país, después de años de estar una década en funcionamiento, se está quedando al debe con varios temas que hoy son necesarios para satisfacer a la ciudadanía. “Una de las temáticas que están pendientes en la Ley 20.422 es la mujer en situación de discapacidad,lo que hoy cobra un peso mayor considerando el aporte a la sociedad de este grupo que representa a la mitad de la población, los movimientos feministas y el estallido social, además de aumento de la accesibilidad, educación inclusiva, e inclusión laboral. Por ejemplo, la infraestructura pública-privada en nuestro país está al debe en aspectos de inclusión”, explicó el diputado Eduardo Durán.

Por otra parte, “las políticas públicas son bastante débiles para los tiempos actuales. Esto se refleja en el transporte público que pese a que tiene exigencias para que la red de transporte cuente con todas las infraestructuras y equipamiento para ser inclusivo con las personas con discapacidad o movilidad reducida se sientan cómodas, la ley no establece ningún tipo de sanción en caso que los operadores de transporte no cumplan con la normativa”, comentó Matías Poblete de la Fundación Chilena para la Discapacidad.

Continuando con el mismo tema del cumplimiento, el experto destaca de que existe un bajo conocimiento sobre cómo las personas con discapacidad deben llevar a efecto el cumplimiento de sus derechos y de las obligaciones que se consagran en la legislación.

“Un ejemplo de esta situación es que la mayoría de las personas cuando se sienten vulneradas en sus derechos, recurren a un tribunal civil invocando la “Ley Zamudio”, trámite que podría durar más de 2.000 mil días. No obstante, si lo hicieran a través del mecanismo que contempla la Ley 20.422, que es a través de Juzgados de Policía Local, el proceso no debería durar más allá de seis o diez meses”, afirmó.

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