Opinión
Entre los años 1995 y 2010 Chile experimentó enormes cambios en materia de gestión de residuos, pasando de una disposición total de residuos domiciliarios en vertederos y basurales, a disponer más del 60% de éstos en rellenos sanitarios. Sin embargo, distintos informes evidenciaban que, a pesar de las mejoras ambientales logradas, poco se había avanzado en la valorización de los residuos, cuya tasa era aproximadamente de un 10% del total de residuos que a la fecha se estaban generando.
En ese contexto, la autoridad ambiental comenzó a trabajar en políticas de gestión integral de residuos sólidos, que permitieran abarcar todas las etapas de un producto, desde su elaboración hasta su eliminación. Es así como el año 2013 se inició la tramitación de la ley ‘Marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje’, la que luego de su discusión legislativa, fue publicada finalmente en el Diario Oficial en junio de 2016 (Ley N° 20.920).
Esta ley cuenta con diversos instrumentos de gestión ambiental, siendo la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) uno de los más relevantes, pues a través del mismo el Ministerio del Medio Ambiente podrá exigir, mediante decretos, el cumplimiento de metas de recolección y valorización a los productores de productos prioritarios, que corresponden a aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, neumáticos y pilas, lista que podría ser extendida a través de los mencionados decretos.
Luego de poco más de tres años desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, por fin tenemos algunas luces respecto de los primeros decretos que fijarán las metas de recolección y valorización de productos prioritarios. En cuanto a los envases y embalajes, ya ha sido publicado el anteproyecto que fija las metas de recolección y valorización, y pronto debiéramos conocer el texto que será sometido al pronunciamiento del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. En el caso de los neumáticos ha habido más avances, puesto que el decreto se encuentra actualmente en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República, el cual entrará en vigencia 24 meses después de su publicación, es decir, no antes del año 2022.
Ahora bien, más allá de las certezas que se puedan tener respecto de las metas de recolección y valorización, aún existen varias interrogantes y retos de cara a la implementación integral de la REP respecto de cada uno de los productos prioritarios.
En primer lugar, en el caso de los sistemas de gestión colectivos, se deberán elaborar los modelos jurídicos que permitan cumplir con los objetivos de la REP en cuanto a entrega de información relevante, pero que al mismo tiempo minimicen los riesgos de afectación a la libre competencia. En efecto, y considerando que estos sistemas estarán integrados por productores de un mismo producto, existe un riesgo evidente de que la misma información que deba ser entregada a través de los sistemas de gestión colectivos den pie para que competidores directos alcancen acuerdos que atenten contra la libre competencia.
Por otra parte, otro aspecto a considerar, son las metas mismas de recolección y valorización. Sin perjuicio de que el proceso de elaboración de los decretos que fijan estas metas tiene un estándar normativo alto, requiriéndose una discusión y análisis de carácter técnico, siempre existe el riesgo de que las metas que se establezcan sean altas y poco realistas. No hay que perder de vista las condiciones demográficas, geográficas y de conectividad que tiene nuestro país. Por una parte, existe un excesivo centralismo. La capacidad instalada (recolección, acopio o valorización) de la zona central difiere bastante de la que tenemos en regiones más extremas. Luego, tenemos una geografía extremadamente compleja, que dificulta nuestra conectividad y transporte, y que puede repercutir negativamente en el cumplimiento de metas de recolección y valorización en el caso de regiones más aisladas, lo que finalmente terminará afectando el cumplimiento de las metas a nivel nacional.
Otro aspecto que es clave al momento de proyectar una implementación exitosa de la REP y las metas de recolección y valorización que se vayan fijando, es la inversión que se destina a investigación y desarrollo (I+D), específicamente en el ámbito de valorización de residuos. Entre los países que conforman la OCDE, el promedio del PIB destinado a I+D asciende a un 2,38%, mientras que en Chile ese monto apenas asciende a un 0,37% del PIB. Si queremos tomarnos en serio la gestión integral de residuos, promoviendo la valorización de estos, debemos aumentar de forma urgente nuestra inversión en este campo.
Difícilmente podremos dar nuevos valores a nuestros residuos sin invertir en proyectos de investigación que desarrollen nuevos usos económicamente viables para los subproductos que se obtienen en los procesos de valorización de residuos.
Finalmente, es de suma importancia avanzar en ciertos aspectos normativos necesarios para la implementación de la REP. Aún resta por dictarse el reglamento que establezca un procedimiento simplificado para la autorización sanitaria de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos, así como la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, la cual creará un sistema simplificado para la obtención de permisos de edificación para las mencionadas instalaciones. Si bien es lógico pensar que estas instalaciones deben contar con las autorizaciones sanitarias y constructivas que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente, también es primordial dar señales de apoyo concretas a una industria incipiente, necesaria y que nos reportará grandes beneficios ambientales.
