Salud
Tras ser rechazado por la Comisión de Salud y por la Cámara de Diputados, el artículo 129 P vuelve a ser considerado por la Comisión Mixta. Un artículo que limita el acceso de los visitadores médicos a los establecimientos de salud pública.
La ley de Fármacos II se encuentra en su última etapa en la Comisión Mixta. Una ley que de aprobarse podría generar, según señala Claudio Donoso, presidente del Gremio de los Visitadores Médicos, un 80% de desempleo en el rubro.
El artículo 129 P de la ley establece que “los visitadores médicos sólo podrán desarrollar su actividad en los establecimientos públicos de salud, previa aprobación expresa de la dirección del establecimiento y sólo ante el Comité de Farmacia o de Abastecimiento (…)”.
Según explica Donoso, no se está entendiendo la función del visitador médico en la salud. “Se pierde el foco principal del rol del visitador, que es entregar información científica, oportuna y actualizada, para que después el médico tome la mejor decisión para el paciente”.
Carolina Herrera, doctora broncopulmonar del Hospital de la FACH, concuerda en la importancia de los visitadores médicos en el sistema de salud, considerándolos factores claves en la modernización. “Alguien que egresó hace 30 años puede no estar al tanto de las actualizaciones médicas y es el visitador médico quien lo hace”, plantea.
Además, respecto a la limitación del acceso a los servicios de salud, asegura que “el lugar natural de encuentro es el servicio público, la consulta en hospital. Hacerlo distinto es complicado, ahora todos tienen la misma posibilidad de ser recibidos y escuchados.
El 16 de marzo estaba fijada una presentación del gremio de los visitadores médicos frente a la Comisión Mixta, pero fue suspendida por la pandemia. Hasta la fecha, Donoso comenta que no han podido volver a agendarla.
El temor al desempleo los llevó a reunirse el 13 de julio con el Ministro de Salud, Enrique Paris. Allí el gremio le dio a conocer su interpretación del artículo, el impacto de este y su propuesta. Esta última consiste en eliminar el artículo 129 P, establecer un código de buenas prácticas y crear un sistema de acreditación única.
