Inclusión
El organismo internacional sostuvo que en el caso de Ámbar Cornejo los mecanismos de fiscalización y seguimiento de parte del Sename no funcionaron y no fueron capaces de protegerla.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostuvo que la muerte de Ámbar Cornejo dejó en evidencia la inexistencia de un sistema de protección especializada para los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos y llamó a tomar medidas inmediatas para asegurar su protección, reparación y restitución de derechos. Lamentó que a 30 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño no existan avances en esta materia.
En opinión de la institución, el Servicio Nacional de Menores es responsable de que los niños, niñas y adolescentes que atienden los programas ambulatorios, sean protegidos, se les restituyan sus derechos vulnerados y se reparen los efectos de éstas. Recordó que la mayor parte de los niños, niñas y adolescentes son atendidos en la red del Sename, están en los programas ambulatorios.
El organismo internacional sostuvo que en el caso de Ámbar Cornejo los mecanismos de fiscalización y seguimiento de parte del Sename no funcionaron y no fueron capaces de protegerla, sobre todo teniendo en cuenta el largo tiempo que estuvo vinculada a distintos programas. La adolescente había ingresado por primera a la red Sename en 2008, donde fue atendida en un programa de diagnóstico ambulatorio, luego por un programa residencial, también en un programa de reparación de maltrato, y nuevamente en programas de diagnósticos, hasta finalmente llegar a un programa de intervención especializada.
Unicef fue enfático en señalar que las decisiones que se adoptan en los contextos de protección, que son tomadas por los programas implementados por organismos colaboradores, por los Tribunales de Familias y Sename, deben tener una revisión y supervisión de los procesos de intervención. “El Sename debe hacer cambios hoy para evitar que otra niña, niño o adolescente viva una situación como la que vivió Ámbar”.
El organismo internacional recordó que las diversas crisis que ha enfrentado el Sename han sido documentadas por investigaciones nacionales e internacionales. Lamentó que en estas tres décadas Chile no haya sido capaz de avanzar en la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos.
También agregó que el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado, en reiteradas ocasiones, la necesidad de que el país cuente con un nuevo servicio de protección especializada, que asegure el derecho a vivir en familia y proteja integralmente a los niños a través de una ley de garantías. “Por ello, resulta incomprensible que en los últimos 20 años se hayan presentado diversas iniciativas legislativas, cuyo objetivo ha sido contar con un sistema de garantías y un nuevo servicio de protección especializada y que ninguna de estas propuestas sean ley”.
Por eso hizo un llamado a seguir avanzando en el cierre de centros masivos (CREAD) y a dotar al Sename de los recursos humanos y financieros para implementar los rediseños programáticos que aseguren progresivamente la efectividad de los programas ambulatorios.
Además, señaló que Chile es el único país de América Latina y el Caribe que todavía no cuenta con una ley de garantías, la que permitiría contar con un sistema de alertas para identificar a tiempo los riesgos, antes de que se transformen en vulneraciones, que podrían estar afectando a los niños, niñas y adolescentes. “Chile ya no tiene excusas para seguir llegando tarde, menos aún cuando el actual contexto de pandemia ha exhibido -una vez más- las brechas que tiene para proteger a sus niños, niñas y adolescentes. Ha quedado demostrado que no es suficiente con poner a los niños primero, si esto no tiene una expresión concreta en garantizar a todos ellos y ellas el ejercicio de sus derechos”.
Finalmente hizo un llamado a los diferentes actores, especialmente a los legisladores, avanzar en la discusión del proyecto de ley que crea el nuevo servicio de protección especializada y del proyecto de ley que permitirá crear el Sistema de Garantías para la protección integral de la niñez y adolescencia.
