José Antonio Gómez emplaza a Kast por rebajas de penas: “Tiene la obligación de ser claro”
En Al Pan Pan, el exministro de Justicia advirtió que revertir los 56 decretos es “muy difícil” y cuestionó las expectativas generadas por Kast. Sostuvo que suspender nuevos beneficios no resuelve el problema y planteó derogar la ley para impedir nuevas reducciones de condena.
El exministro de Justicia José Antonio Gómez cuestionó la viabilidad del anuncio del Gobierno de José Antonio Kast de revertir las rebajas de condena concedidas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. El abogado advirtió que se trata de decisiones difíciles de dejar sin efecto y emplazó al Mandatario a explicar con claridad cuáles son las herramientas jurídicas de las que realmente dispone.
En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, Gómez abordó las medidas anunciadas por el Ejecutivo tras la controversia que involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien firmó los decretos que permitieron reducir las penas de condenados por abusos sexuales y violaciones contra menores.
La polémica llevó al Presidente Kast a reconocer errores en la actuación del Gobierno y a anunciar la suspensión de la tramitación de nuevas rebajas, además de la búsqueda de mecanismos para revertir los beneficios ya concedidos.
“No hay explicación técnica ni criterio jurídico ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel”, sostuvo el Mandatario. Sin embargo, Kast descartó remover a Rabat de su cargo, argumentando que una decisión de ese tipo solo “tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo”.
Consultado sobre si efectivamente es posible revertir los decretos ya firmados, Gómez manifestó sus dudas respecto de la existencia de mecanismos legales que permitan concretar el anuncio presidencial.
“No, es muy difícil. Yo no conozco ninguna, vía jurídica o administrativa. Entiendo que están tratando de ver la posibilidad de revertir el acto administrativo, pero estamos hablando de materias penales que tienen que ver con decisiones que se tomaron ya difíciles de revertir”, afirmó.
El exsecretario de Estado, quien encabezó el Ministerio de Justicia durante los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y el segundo mandato de Michelle Bachelet, sostuvo que el problema no se limita a la situación de los 56 beneficiados, sino también a las expectativas que el Ejecutivo está generando respecto de futuras solicitudes.
En particular, cuestionó que el Gobierno anuncie que no concederá nuevas rebajas sin aclarar cuáles son las facultades legales que le permitirían sostener esa decisión.
“Cuando el Presidente de la República dice, mire, y esto es un mensaje político, la ley se equivocó, no vamos a entregar ningún beneficio más, etc., es una declaración un tanto compleja porque genera expectativas en la opinión pública, y yo creo que el presidente tiene la obligación de ser claro en lo que puede y no puede hacer”, señaló.
A juicio de Gómez, las declaraciones presidenciales deben distinguir entre la voluntad política de impedir nuevos beneficios y las obligaciones que establece la legislación vigente.
El exministro planteó que la preocupación inmediata debería concentrarse en evitar que continúen accediendo a reducciones de condena personas sentenciadas por delitos de extrema gravedad, incluyendo tanto agresiones sexuales como violaciones a los derechos humanos.
“Desde la perspectiva del problema, y es lo que a mí me preocupa y a los chilenos les preocupa en este instante, uno, evitar que sigan saliendo personas que cometieron delitos de violación y otros delitos más graves, o tan graves como estos, y también a los violadores de derechos humanos”, sostuvo.
En ese contexto, advirtió que la situación requiere una respuesta legislativa rápida, debido a que podrían presentarse nuevas solicitudes de reducción de penas. “Por lo tanto, hay que tomar una decisión rápida, porque pueden salir prontamente otros”, agregó.
Gómez sostuvo que, si el Ejecutivo considera que la normativa vigente permite resultados contrarios a los objetivos que busca resguardar, corresponde revisar inmediatamente su continuidad.
El abogado planteó que una alternativa sería derogar la ley que regula estos beneficios, en lugar de limitarse a anunciar una suspensión administrativa de su aplicación.
“Entonces, en mi opinión, si se va a ir por ese camino, hay que hacer una evaluación inmediata de la ley, y si la ley no ha cumplido los propósitos, porque no creo que sea la ley la que cumple los propósitos, pero como le echan la culpa que eventualmente pudiera tener un problema, pero deroguemos la ley porque no hay otro camino”, afirmó.
El exministro también advirtió que las solicitudes de reducción de condena no desaparecerán por el solo hecho de que el Gobierno anuncie que dejará de conceder beneficios.
Según explicó, mientras la legislación permanezca vigente, seguirán existiendo peticiones que deberán ser tramitadas y que eventualmente podrían terminar siendo discutidas ante los tribunales. “No es que yo voy a suspender la entrega, no, van a seguir llegando, y aquí la decisión o es lo firmo o lo discuto ante los tribunales”, señaló.
Sus declaraciones se producen mientras el Ejecutivo intenta responder a los cuestionamientos por los decretos firmados por Rabat, cuya actuación ha sido defendida por las autoridades de Gobierno desde una perspectiva jurídica y administrativa.
El propio Presidente Kast reconoció que existieron errores en la consideración de las víctimas, pero mantuvo su respaldo al titular de Justicia y le encargó impulsar medidas para corregir las falencias identificadas.
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