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Kast posterga ingreso a coalición militar de Trump pese a presiones del oficialismo PAÍS

Kast posterga ingreso a coalición militar de Trump pese a presiones del oficialismo

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El ministro de Defensa, Fernando Barros, ha defendido mantener la condición de observador hasta conocer los acuerdos que se adopten en República Dominicana. El Gobierno analiza los alcances de la iniciativa, mientras la UDI y Republicanos presionan al Ejecutivo para sumarse a la propuesta de Trump.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno de José Antonio Kast postergó la incorporación de Chile a la Coalición Americana contra los Carteles, impulsada por Donald Trump. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, participará como observador en una reunión en República Dominicana. Mientras la UDI y Republicanos presionan por adherir, el Ejecutivo analiza las implicancias jurídicas y militares del acuerdo. Estados Unidos asegura que la iniciativa no compromete la soberanía de sus integrantes, aunque contempla cooperación y operaciones militares conjuntas.
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El Gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió postergar la incorporación de Chile a la Coalición Americana contra los Carteles (A3C), una alianza militar impulsada por Donald Trump para combatir el narcotráfico y el denominado narcoterrorismo. La definición se produce en medio de presiones de partidos oficialistas para sumarse a la iniciativa y dudas sobre sus implicancias para la soberanía nacional.

Según informó El País, Chile participará este martes en la tercera reunión de la coalición, que se realizará en República Dominicana, representado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien asistirá en calidad de observador.

La cita busca avanzar en la firma de un marco de gobernanza y un plan estratégico conjunto. Sin embargo, el Ejecutivo chileno todavía no resuelve si suscribirá el acuerdo.

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, explicó que “Chile no va a firmar todavía”, debido a que el Ejecutivo está revisando nuevos antecedentes recibidos la semana pasada. Agregó que la decisión debe involucrar a distintos ministerios y al Congreso, ante las dudas sobre la naturaleza jurídica del compromiso.

Presiones desde el oficialismo

La decisión fue discutida el domingo por Kast con los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública, sin alcanzar una definición.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, ha defendido mantener la condición de observador hasta conocer los acuerdos que se adopten en República Dominicana. En cambio, dirigentes de la UDI y del Partido Republicano han solicitado al Mandatario que Chile se incorpore.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que sería un “error restarse de esa alianza contra el crimen organizado”, mientras que el líder republicano, Arturo Squella, advirtió que quedar fuera sería “especialmente delicado”.

La coalición cuenta actualmente con 18 países miembros, entre los que no figuran México ni Brasil.

Las implicancias militares del acuerdo

A diferencia del Escudo de las Américas, al que Chile adhirió en septiembre y que tiene un carácter principalmente político y económico, la A3C contempla cooperación militar y operaciones conjuntas contra organizaciones criminales.

Durante una reunión anterior en Panamá, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, pidió a los países participantes abandonar la Corte Penal Internacional y aumentar sus capacidades militares.

También calificó la alianza como una “coalición eficaz y letal” y destacó las operaciones conjuntas desarrolladas con Ecuador, Honduras y Guatemala.

No obstante, fuentes del Gobierno estadounidense aseguraron a El País que el borrador del acuerdo no establece un mando militar multinacional, no compromete la soberanía de los integrantes y ya no contempla exigencias de mayor gasto en defensa. Cada país, además, podría definir en qué ámbitos participar.

La iniciativa se apoya en la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, activada en agosto por el Comando Sur estadounidense para coordinar operaciones militares con sus aliados regionales.

La decisión chilena permanece abierta mientras el Ejecutivo evalúa los compromisos que implicaría incorporarse a una estructura de cooperación militar liderada por Washington.

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