Inclusión
Iniciativa busca entregar la perspectiva de la diversidad para generar una ley mucho más acorde a las necesidades de las diferentes comunidades como, por ejemplo personas: con discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual y de género, en situación de migración, pertenecientes a algún credo o religión, personas mayores, personas privadas de libertad, mujeres desde la perspectiva de equidad de género, personas en situación de calle, pertenecientes a pueblos originarios, en situación de pobreza, entre otras.
Cifras entregadas por Fundación Iguales señalan que durante el 2019, se presentaron 66 denuncias a lo largo del país por discriminación, mientras que en 2018 fueron 70 y el 2017 hubo 72.
Ante este escenario, Fundación Ronda y Fundación Iguales han impulsado una red de trabajo colaborativa junto al Servicio Jesuita a Migrante, la Comunidad Judía Chile, Travesía 100, Leasur, Hay Mujeres y Comunidad de Organizaciones Solidarias, entre otras organizaciones, para la reforma de Ley antidiscriminación (20.609), también conocida como Ley Zamudio.
Esta iniciativa busca entregar la perspectiva de la diversidad, por medio de organizaciones que visibilizan a diario problemáticas y la discriminación que viven los grupos con barreras de acceso que representan, para así generar una ley mucho más acorde a las necesidades de las diferentes comunidades como, por ejemplo personas: con discapacidad, pertenecientes a la diversidad sexual y de género, en situación de migración, pertenecientes a algún credo o religión, personas mayores, personas privadas de libertad, mujeres desde la perspectiva de equidad de género, personas en situación de calle, pertenecientes a pueblos originarios, en situación de pobreza, entre otras.
En este sentido, estas organizaciones desean demostrar que la discriminación es un problema mucho más profundo y que afecta a todos y todas en nuestra sociedad, por lo que ya han levantado acciones para apoyar la reforma de la Ley antidiscriminación,
siendo varias de ellas invitadas a exponer sus planteamientos de mejoras, ante la Comisión de Derechos Humanos, Ciudadanía y Nacionalidad en el Senado, además de entregar sus aportes a las mesas de trabajo que se conformaron para este mismo fin, en el Observatorio de Participación y No Discriminación de la Segegob.
María José Escudero, directora ejecutiva de Fundación Ronda, explica que “estamos en un punto de inflexión como país y es el momento de poder hacernos cargo de las brechas de desigualdad y la normalización de la discriminación en nuestra sociedad. Esta reforma a la Ley antidiscriminación es una maravillosa oportunidad para impulsar una ley con carácter preventivo, y una institucionalidad que eduque y concientice a nuestra ciudadanía, para que de esta manera podamos crear juntos un cambio cultural, donde se valoren las diferencias y se acepte con respeto y empatía la diversidad”.
Uno de los puntos más relevantes para la red es prevenir, erradicar y sancionar todo acto discriminatorio, así como promover y garantizar el principio de igualdad y no discriminación.
Para Alessia Injoque, presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, “tenemos que ampliar el objetivo de esta ley, el cual debe incluir el deber de prevenir y erradicar todas las formas de discriminación, y, además, porque es una de las obligaciones generales de los Estados en materia de derechos humanos. Debemos construir un país donde todos los grupos humanos podamos acceder a las mismas oportunidades, crecer personalmente, aprovechar nuestro talento y desarrollar con mayor igualdad y libertad nuestros proyectos de vida”.
Otra modificación propuesta en la ley es incluir indemnización a las víctimas. Jorge Lucero, abogado y director jurídico de Fundación Iguales señala que «es sumamente grave que la ley vigente no contemple ningún tipo de reparación patrimonial a la
víctima de un acto discriminatorio, siendo que una parte crucial de la obligación de proteger, garantizar y promover el principio de igualdad y no discriminación es que exista indemnización cuando sea vulnerado».
El presidente de la Comisión de DDHH de la Cámara Alta, senador Juan Ignacio Latorre, señala que “en la Comisión de Derechos Humanos llevamos tres meses discutiendo el proyecto de ley que modificará la Ley Nº20.609, también conocida como la Ley Zamudio. Creemos, que es necesario ponernos a tono con los avances internacionales en la materia, dando la protección efectiva a los grupos más desaventajados y vulnerables. Así como queremos poner foco en sancionar la discriminación que existe».
«También consideramos importante reforzar la prevención, erradicación y reparación hacia las víctimas. Es por esto que nuestras indicaciones buscan: incorporar nuevas categorías susceptibles de discriminación; permitir que grupos de personas también puedan denunciar; establecer una indemnización para las víctimas; así como incorporar mecanismos que faciliten la prueba de los denunciantes. Hoy más que nunca debemos avanzar en medidas que protejan efectivamente, a los ciudadanos de toda forma de discriminación», agrega.
El próximo 31 de agosto se discutirán las indicaciones de reforma de la ley en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, en donde esperamos tener grandes resultados y el apoyo de los parlamentarios. Asimismo, esta red para la reforma espera poder crear ciertos hitos que promuevan la educación y concientización del colectivo.
