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Caso Sartor: siga en vivo histórica formalización de Michael Clark y otros 10 imputados PAÍS Archivo

Caso Sartor: siga en vivo histórica formalización de Michael Clark y otros 10 imputados

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El ex presidente de Azul Azul y el excontrolador de Sartor, Pedro Pablo Larraín, enfrentarán este jueves la formalización de cargos por una investigación que incluye administración desleal, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de OPA. Será el debut de la nueva Ley de Delitos Económicos.


Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago iniciará este jueves la formalización de 11 imputados en el caso Sartor, entre ellos Michael Clark y Pedro Pablo Larraín Mery. La Fiscalía sostiene que utilizaron recursos de fondos administrados por Sartor AGF para beneficiar a empresas relacionadas con sus controladores, en perjuicio de los inversionistas. El caso será uno de los primeros en poner a prueba la nueva Ley de Delitos Económicos.
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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago iniciará este jueves la audiencia de formalización de 11 imputados en el denominado caso Sartor, una de las investigaciones por delitos económicos más relevantes de los últimos años y que tendrá entre sus principales protagonistas al ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, y al excontrolador y expresidente de Sartor, Pedro Pablo Larraín Mery.

Durante la audiencia, el Ministerio Público comunicará cargos por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), este último incorporado en el transcurso de la investigación junto al delito de lavado de activos.

La causa se originó luego de diversas fiscalizaciones realizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a Sartor Administradora General de Fondos (AGF), las que detectaron una serie de irregularidades que, según los antecedentes recopilados, se habrían cometido desde 2020.

De acuerdo con la investigación, Sartor AGF habría utilizado recursos pertenecientes a fondos mutuos y fondos de inversión pública para otorgar préstamos a empresas relacionadas con sus propios directores, socios o controladores, varias de ellas con problemas financieros y sin garantías suficientes para respaldar las operaciones.

La Fiscalía sostiene que “un grupo de imputados, entre ellos Clark, estructuraron un esquema para utilizar a Sartor AGF S.A. para financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, en conflicto con el interés de los aportantes”.

Las conclusiones de la CMF derivaron en una de las sanciones más severas aplicadas por el regulador. El organismo impuso multas que, en conjunto, alcanzan 367.500 UF y revocó la autorización de funcionamiento de la administradora de fondos.

Además de Clark y Pedro Pablo Larraín Mery, serán formalizados Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Oscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete y Juan Carlos Jorquera Salhus.

El impacto en los inversionistas

La investigación también ha dejado decenas de inversionistas afectados. En junio pasado, 55 querellantes publicaron una carta en la que describieron las consecuencias económicas que enfrentan tras confiar sus ahorros a Sartor.

“Somos personas comunes: jubilados que depositaron sus recursos acumulados durante años de trabajo; profesionales, dueños de pequeñas empresas, padres y madres de familia. Confiamos en una institución fiscalizada por el propio Estado. No tuvimos señales de alerta e hicimos lo que se supone que debe hacer un ciudadano responsable: ahorrar y resguardar ese ahorro en el sistema formal”, señalaron.

Los firmantes aseguraron que “el resultado ha sido devastador” y relataron que algunos inversionistas hoy dependen de familiares para afrontar gastos básicos, mientras otros debieron postergar su jubilación o no cuentan con recursos para costear tratamientos médicos o la defensa de sus intereses.

“No sabemos cuánto ni cuándo recuperaremos nuestras inversiones, ni bajo qué condiciones”, agregaron.

La audiencia también será observada con atención porque marcará uno de los primeros casos de alta connotación pública en que comenzará a aplicarse la nueva Ley de Delitos Económicos, normativa que endureció el tratamiento penal de los denominados delitos de “cuello y corbata”.

La audiencia de formalización está programada para comenzar a las 09:00 horas de este jueves en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, donde la Fiscalía expondrá los antecedentes que sustentan la imputación contra los once acusados.

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