BRAGA
Créditos: Dragomir Yankovic/ Aton Chile.
La pensión de alimentos es el derecho que tiene todo menor de edad y/o estudiante para asegurar su correcto desarrollo. Gastos básicos, vivienda, educación, salud, vestimenta, recreación y alimentación, son factores que debiera asegurar el progenitor a su hijo o hija. Sin embargo, en Chile, la deuda por no pago supera los 180 mil millones de pesos.
El retiro del 10% y la solicitud de más de 260 mil mujeres para retener parte de los ahorros de los deudores de alimentos, sacó a la luz la desprotección y precariedad de la que son víctimas madres, niños y niñas que al día de hoy no reciben este derecho irrenunciable.
La presidenta de ONG Acción Mujer y Madre, Virginia Palma, también solicitó embargar parte de los ahorros del padre de sus hijos. Lo que él debe: casi 30 millones de pesos, lo que ella obtuvo: solo 1 millón. Aún así, este monto es lo único que ha recibido en años de pensiones impagas, porque a pesar de que ha recurrido a todas las instancias posibles, pareciera ser que el sistema no busca asegurar este derecho, sino mas bien vulnerarlo.
Hasta abril de 2019, la deuda por pensión de alimentos ascendía a más de 180 mil millones de pesos, según datos del Poder Judicial. Esto generaba que alrededor de 70 mil niños, niñas y adolescentes no estuvieran recibiendo lo que por ley les corresponde. Al día de hoy, la realidad no es diferente y debido a la crisis económica que ha desatado la pandemia, podría ser aún peor.
En 2018, los legisladores advertían que un 60% de las causas de alimento decretadas estaban impagas, es decir, 6 de cada 10 demandados no pagaba lo ordenado por tribunales. Solo un año después, según información del Poder Judicial, la cantidad de deudores aumentó al 84%.
“Imagínate yo hubiera hecho lo que hacen los papás, parir y decir toma y lo veo cada 15 días, una vez al mes, y si me acuerdo te pago pensión. ¿Qué haría conmigo la sociedad?, ¿qué no harían conmigo?. En cambio, es tan normalizado ser un padre abandónico”, señaló la integrante de Resistencia Materna, organización de mujeres que brinda apoyo a madres que han sido vulneradas por el no pago de pensiones, Jessica Castillo.
Sin embargo, esta normalización no proviene solo de la sociedad, ya que “está lo amable que ha sido la ley, la confianza que se ha depositado en los deudores de alimentos. La ley de familia es demasiado flexible y muy fácil de burlar al momento de apremiar a un deudor o deudora de alimentos”, aseguró la presidenta de la ONG que busca erradicar todo tipo de violencia contra la mujer, Virginia Palma.
No son solo factores culturales, sino también normativos, los que impiden la erradicación de esta deuda multimillonaria. En primer lugar, para iniciar una causa de alimentos, la ley obliga conocer el domicilio del deudor. Esto implica que mujeres, sin apoyo de la justicia, deban tomar el papel de detectives y encontrar por su cuenta a los genitores, porque si no, jamás podrán acceder a este derecho.
Por otro lado, las sanciones al deudor, no son efectivas. El mayor apremio existente es la reclusión nocturna por 15 días, sin embargo, al año 2019, un 88% de los deudores tenía órdenes de arresto y solo el 0,16% cumplía con esta medida, según datos del Poder Judicial. Además, esta norma no considera el pago de la deuda, por tanto, el genitor cumple el castigo más duro, pero sale sin pagar ni un solo peso a sus hijos.
Otro factor que nutre la impunidad al deudor es que tribunales de familia permite que estos tengan visitas con sus hijos e hijas. “Ningún hombre que tenga deuda de pensión puede tener visitas, y no por dinero, sino porque es una irresponsabilidad. ¿Con qué criterio los tribunales le entregan un menor de edad a una persona irresponsable?”, declaró Jessica.
Por último, estas barreras generan que muchas deudas prescriban porque las madres no siguen apelando al pago y si la causa de alimento no tiene movimiento en cinco años, tribunales borra la deuda y la vulneración al pago de este derecho básico.
A Jessica, el padre de su hijo le adeuda cuatro millones de pesos, un monto menor a comparación de la cantidad de tiempo que lleva sin recibir un solo pago. La pensión que acordó tribunales: 33 mil pesos al mes para cubrir todas las necesidades de un niño, que a la fecha, era un lactante con pañales y total dependencia de los cuidados de su madre.
Esta situación implica un daño directo a la vida de los niños y niñas, pero también a sus madres. Tener que salir a trabajar con sus 2 o 3 hijos, tomar medicación para dormir durante la noche y activarse durante el día, tener trabajos precarios que se adapten al poco tiempo que les queda, jornadas laborales de lunes a domingo, e ideación suicida, son parte de las consecuencias que genera el no pago de esta obligación alimenticia.
La presidenta de Resistencia Materna, Patricia Marambio, quien recibe 60 mil pesos de pensión por sus dos hijos y debe sobrellevar una deuda de tres millones, señaló que existe “una cultura que normaliza la violencia. El dejar a tus hijos sin alimentos, sin vestimenta, sin educación, porque eso es lo que le pasa a tu hijo cuando no pagas pensión de alimentos, es violencia”.
En Chile hay una deuda multimillonaria de más de 180 mil millones de pesos. Todo ese dinero son recursos que han dejado de percibir madres e hijos para cubrir necesidades básicas como alimentarse. “La pensión de alimentos es una asignación de sobrevivencia mínima y que además depende de las condiciones económicas de padres y madres. Debería ser obligación del Estado asegurar condiciones dignas y transversales a todos los niños, niñas y adolescentes”, advirtió la abogada de Corporación Humanas, Constanza Schönhaut.
Luego de que 87 mil alimentantes no sacaran su 10%, se discute nuevamente la posibilidad de generar un retiro forzoso de los fondos de pensiones para los deudores de alimentos. Esta medida podría lograr, a diferencia del primer retiro, que todas las mujeres reciban al menos una parte de la deuda de alimentos de sus hijos, en un contexto donde casi 900 mil mujeres han perdido sus puestos de trabajo el último año.
Sin embargo, la postura de la ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, fue clara: “Lo que va a ocurrir es que esos padres no se van a hacer cargo de las pensiones de alimentos, sino que a futuro va a ser la sociedad completa la que lo va a tener que financiar a través del Pilar Solidario”. Por tanto, la representante del gobierno no cree correcto que los ahorros de pensiones salden parte de la deuda multimillonaria actualmente existente en prejuicio de niños, niñas y madres.
“A ellos no les interesa el derecho básico de nuestros hijos e hijas, no les interesa que la mayoría estemos cesantes, no les importa. Se disfraza una situación para que la gente rechace esto, sin importarle que esta es la unica manera que tenemos las madres de poder exigir un poquito de justicia”, resaltó Patricia Marambio.
Así, la única medida que logró reducir la enorme deuda por derecho de alimentos, al día de hoy, no está siendo pensada por el gobierno como una forma de asegurar que niños, niñas y madres puedan recibir parte de este derecho vulnerado en plena crisis sanitaria y económica.
