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Comienza definición de perfil de experto en inclusión que las empresas deberán tener a partir de 2022 Inclusión

Comienza definición de perfil de experto en inclusión que las empresas deberán tener a partir de 2022

Para ello se creó el Organismo Sectorial de Competencias Laborales de Inclusión, conformado al alero del organismo público ChileValora, y que cuenta con la participación de representantes de trabajadores, empleadores y del Estado, además de organizaciones de la sociedad civil.


Con miras a la entrada en vigor de la ley que establece la obligación de las empresas con 100 o más trabajadores de contar con un experto certificado en temas de inclusión laboral de personas con discapacidad, se conformó el Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL), que permitirá iniciar el proceso de levantamiento del perfil ocupacional que exige la nueva normativa.

La instancia, que estará bajo el alero de ChileValora y que será coordinada por el Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS), está conformada de manera tripartita, lo que significa que cuenta con la participación de representantes de los trabajadores, empleadores y del Estado, además de la activa y masiva concurrencia de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática de inclusión social y laboral de personas con discapacidad.

En ese sentido, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, se refirió a la importancia de la inclusión laboral, recalcando que, a pesar de que existe una Ley de Inclusión que establece que empresas de 100 o más trabajadores deben contar con al menos el 1% de trabajadores con discapacidad “es relevante pasar más allá de ese 1% de la obligación de la ley, porque lo que queremos es construir una empresa mucho mejor a la que teníamos antes de la pandemia y, en ese sentido, las personas con discapacidad contribuyen a hacer una mejor empresa con sus capacidades laborales y con sus capacidades humanas y, al mismo tiempo, esas empresas contribuyen a que otras se incentiven a dar los pasos adelante necesarios”.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que “la inclusión laboral no sólo es cumplir con una cuota específica, es mucho más que eso, es otorgar igualdad de derechos y de oportunidades. Esta nueva ley es importante porque plantea un acompañamiento a quienes se integran al mundo laboral, que las empresas asuman ese compromiso a través de personas certificadas por ChileValora”.

Una de las principales tareas del OSCL será la definición de los perfiles ocupacionales que se requieren para incentivar y potenciar la inclusión laboral. Para ello, se realizarán mesas técnicas con fundaciones, diversos actores y expertos en el tema, de manera de aunar todas las visiones y experiencias para alcanzar un resultado representativo y pertinente con las necesidades que se presentan.

“Desde ChileValora ponemos a disposición nuestra institucionalidad con el objetivo de apoyar a las empresas en el reclutamiento de personas con las competencias específicas para cumplir con los objetivos de inclusión que establece la nueva normativa. A través del diálogo social, buscamos levantar la información pertinente para fomentar la empleabilidad de los trabajadores y promover el crecimiento sostenible e integrador de las empresas”, explicó Francisco Silva, secretario ejecutivo de ChileValora.

¿Qué establece la nueva normativa?

Las nuevas disposiciones de Ley 21.275 fueron promulgadas en octubre de 2020 y establece que las empresas -con más de 100 trabajadores- deben adoptar diversas medidas para facilitar la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad. Entre éstas, destaca contar con un experto en inclusión laboral habilitado con la certificación entregada por ChileValora. Dicha normativa comienza a regir a fines de 2022.

De acuerdo con las estimaciones, tras el primer semestre de 2021 se podrá contar con él o los perfiles requeridos, dando paso así al proceso de acreditación y convocatoria de los centros certificadores.

Para el segundo semestre del 2021, ChileValora se encontraría en condiciones de iniciar los primeros procesos de evaluación y certificación en los perfiles levantados de manera tripartita, los que pueden ser financiados por las empresas a través del uso de su franquicia tributaria de SENCE.

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