Expertos en inclusión laboral: Exigen mayor fiscalización a la ley para que empresas contraten a personas en situación de discapacidad

Tres años de vigencia tiene la Ley 21.015 que obliga a las empresas a contratar al menos un 1% de trabajadores en situación de discapacidad, de esta manera fomentar el acceso y participación en el mundo laboral de este importante grupo de la sociedad. Lamentablemente la normativa -en la realidad- no se está cumpliendo, es por esto que la Comisión de Trabajo del Senado busca incorporar mayores sanciones a las compañías que incumplan la normativa.

Y sobre esto, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD), expresó que actualmente “las normas que Chile tiene en este ámbito no son suficientes para garantizar un empleo digno, y de calidad para todas las personas en situación de discapacidad».

En este sentido, recalcó que «se requiere avanzar en materias tan importantes como es la descentralización del cumplimiento de la cuota de contrataciones establecidas en la ley de inclusión laboral, de manera de que las empresas no solo cumplan con esta normativa en la región Metropolitana sino que lo puedan hacer a lo largo de todo el territorio nacional y especialmente en zonas extremas donde cumplen faenas o cuentan con oficinas”.

Asimismo, el especialista destacó que “es importante también que exista un incentivo para que las entidades puedan implementar los ajustes que sean necesarios para la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, este incentivo podría consistir en una exención tributaria que permita financiar a través del descuento de  impuestos los ajustes de alto costo que deban implementar las empresas.

Además, agregó que de esa manera se podría ampliar el abanico de contrataciones de personas en esta situación, puesto que al  día de hoy se contrata a personas con pocas limitaciones en consecuencia de que muchas personas que tienen grandes dificultades de desplazamiento podrían ejercer labores en distintas empresas, sin embargo no son contratadas porque estas cuentan con problemas de accesibilidad a los espacios físicos y impide el desplazamiento autónomo y seguro  de aquellas personas.

Por su parte, Marisol Bañares, experta en materia de inclusión y accesibilidad, quien además, tiene una lesión medular C7-T1 tras un accidente vehicular, quedando con una parálisis en sus piernas, comentó sobre las problemáticas que tienen las personas en situación de discapacidad para ser considerados en un trabajo.

“Si bien es cierto que existen multas, pero las instituciones prefieren pagarlas, porque las condiciones que pide el Gobierno son tantas que finalmente no son viables en mucho de los establecimientos para poder contratar personal, sin embargo, el hecho de estar por ley debe cumplirse y ojala nosotros no necesitaremos de una ley para poder tener la oportunidad de demostrar nuestras aptitudes laborales”.

En la normativa actual no se vigila que las empresas tengan trabajando directamente a personas en situación de discapacidad, precarizando aún más las condiciones laborales para este grupo de personas.

“Una entidad puede actualmente cumplir con la cuota que exige la normativa que es el 1% por cada 100 trabajadores, aunque no sea de una manera directa. Basta que ellos tengan contratada una empresa y que esta empresa tenga dentro de sus trabajadores alguna persona en situación de discapacidad, aunque ella no trabaje directamente en la empresa”, enfatizó Bañares.

Finalmente, ambos expertos coinciden en que se necesitan mayores fiscalizaciones para hacer cumplir la Ley de Inclusión Laboral. “Si se suben las multas, pero no hay fiscalización  esta normativa que se está discutiendo hoy día en el Congreso, y estos ajustes que se están tramitando van a ser letra muerta, es importante entonces que la fiscalización que hace la Dirección del Trabajo no quede de lado, y se le exija un mínimo de fiscalización asociado al universo de empresas que deben cumplir la ley”, concluyó el presidente de la Fundación Chilena para la discapacidad.