Opinión
Las conversaciones entorno a una posible Ley Fintech han aumentado, y con ello la necesidad de garantizar un marco legal que promueva la innovación financiera y la libre competencia. La reticencia a liderar una transformación de este carácter no solo retrasa el acceso a la banca a quienes actualmente no lo poseen, sino que también acrecienta la incertidumbre ante un complejo escenario económico.
Según la Presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, “tras el excesivo crecimiento de 2021 (11,7%), la economía se expandirá a tasas algo bajo su potencial en 2022 y 2023, con contracciones del consumo privado y la inversión”. Si a esto se suma el aumento en el IPC en marzo, que llegó a un 1,9% mensual y a un 9,4% anual, el registro más alto en 13 años, pone una gran alerta en la agenda macroeconómica en Chile y una presión para gestionar nuevos impulsos de inversión.
Y es aquí donde la Ley Fintech entregaría beneficios a nivel transversal: democratización financiera, validación entre pares, pertenencia a un estamento específico y con ello, el fomento de empresas de base tecnológica y financiera en Chile. Lo anterior, no solo potenciaría nuevos proyectos, sino que también respaldaría internacionalmente a los ya existentes.
Por otro lado la pandemia impulsó una transformación digital inevitable. A nivel de América Latina y sobre de Chile, existe una gran oportunidad para acelerar el crecimiento de sus economías desde lo digital. Esto, debido a que está demostrado que la transformación digital de las organizaciones tiene un claro impacto en el crecimiento y sostenibilidad de la economía productiva de cualquier país o región.
Debido a este escenario, es imperativo generar espacios de socialización que incentiven dichos cambios. Conocer qué es una Fintech y cuál es su labor otorgará una validación social para concretar cualquier proyecto de ley, así como también posicionará a nuestro país como un foco de desarrollo tecnológico y como una ayuda para revertir el incierto escenario económico nacional.
