Experta en educación: “Las acciones de mejora escolar requieren la atención a problemas estructurales”

Durante el primer trimestre del año escolar 2022, el 35% de las denuncias realizadas a la Superintendencia de Educación tienen relación con algún tipo de evento violento sufrido por los estudiantes. 

Un reciente Informe Anual de la Defensoría de la Niñez, basado en cifras de la Superintendencia de Educación, consigna el aumento en las denuncias que se realizan en el ámbito de la convivencia escolar -maltrato físico y psicológico, además de ciberacoso- y al estrés de regresar a la presencialidad como factor principal de dicho aumento.

En ese sentido, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, emplazó al Presidente Gabriel Boric a afrontar con claridad lo que definió como “una tragedia país”.

Olga Cuadros es directora de la Escuela de Investigación y Postgrado de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Silva Henríquez e investigadora del Centro de Investigación para la Transformación SocioEducativa (Citse) quien analizó de qué manera se debe abordar esta situación.

-Como Citse fueron convocados para intervenir esta problemática en el marco de la política nacional Seamos Comunidad…

-El concepto de «tragedia país» utilizado por la Defensoría de la Niñez tiene una connotación crítica y dramática, pero tiene cierto sentido en cuanto hace referencia a una situación lamentable que evidentemente afecta a una proporción alta de comunidades educativas en el país.

La alta tasa de denuncias ante la Superintendencia de Educación es un reflejo de la necesidad de las personas de que haya un foco de atención más amplio, desde otras esferas, en las que participan actores que tienen poder y capacidad de toma de decisión para que se involucren de manera directa.

Las comunidades educativas están requiriendo de manera urgente apoyos efectivos, pero también que sean sistemáticos en el tiempo, que no sean soluciones parche a aspectos demasiado específicos, tanto, que su abordaje desborde y desgaste irremediablemente a las comunidades educativas y no logre incentivar una mejora significativa en el clima escolar.

-Una crisis de convivencia escolar como la actual tiene muchas aristas, factores y actores involucrados…

-Y es precisamente el momento para que todos los actores asociados a la educación, en todos los niveles político-legislativo, ejecutivo, regulador y académico, regional, provincial y comunal se involucren directa y oportunamente para establecer contacto y vínculo con las comunidades educativas, proponiendo estrategias que aborden desde múltiples ejes y dimensiones, los problemas actuales que tienen los establecimientos educacionales.

El estrés resultante de los difíciles años precedentes, debido a activación de causas socio-políticas en el país y pandemia por covid-19 es, por ejemplo, uno de esos problemas generalizados, que nos afecta a todas y todos de diferentes maneras, y por tanto las estrategias para hacerle frente debiesen apuntar también a un involucramiento integral y colectivo desde distintos ámbitos.

De todas maneras, no debe olvidarse que hay una cantidad importante de otros problemas estructurales que afectan al sistema educativo y que vienen de mucho antes de la pandemia o el estallido social. Y esto es lo que está a la base de la Política de Reactivación Educativa Integral “Seamos Comunidad”.

Para la ejecución práctica de esta política se delimitaron varios ejes de trabajo prioritario que abordan la crisis; uno de los más relevantes tiene que ver con la Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental. Y para ello, se convocó la participación colaborativa y articulada de distintos niveles, en la que las universidades tenemos un rol relevante como aportantes de nuestras experticias y conocimientos para instalar procesos de reflexión con miras a la transformación socioeducativa y mejora de los problemas actuales en educación.

La Universidad Católica Silva Henríquez fue una de las invitadas a participar de la ejecución de esta política en la macrozona centro del país, a través del convenio con la Universidad de Chile, en el Programa Territorial de Convivencia Escolar y Atención en Crisis, dada la experiencia y trayectoria de algunos de sus académicos en la Facultad de Educación y el Centro de Investigación CITSE, en temas afines a este ámbito.

-En el Presupuesto 2023 presentado por el gobierno ante el Congreso se aumentó el dinero para Educación en un 4,6% respecto del año anterior, pero a la vez hay una caída de 14,1% en los recursos para programas de Mejoramiento de la Calidad de la Educación. ¿Cómo debería repartirse el presupuesto en esta glosa para que sea realmente efectivo y resuelva la problemática asociada a la crisis en educación?

-Las lógicas de distribución presupuestaria tienen una limitación derivada de la necesidad de atender las contingencias. Y es difícil establecer una priorización que distinga lo urgente de lo importante.

En ese sentido, las acciones de mejora escolar requieren la atención a problemas estructurales esenciales, que, si bien contemplan las contingencias del clima y convivencia escolares van mucho más allá e involucran la satisfacción de necesidades básicas en las comunidades educativas.

Esto es, pensar equilibrios en la concesión de recursos para fortalecer el ámbito docente, directivo y dotar de holgura la toma de decisiones a nivel regional, comunal y en cada establecimiento educacional, respecto de las acciones necesarias para una gestión escolar pertinente a las necesidades y demandas propias de sus contextos.

-La deserción escolar aumentó en un 25% en tres años; un 39% de los estudiantes tiene una inasistencia del 15%, lo que es considerada grave, pues los expertos señalan que con un 10% hay daño en el aprendizaje. ¿Estamos frente a una crisis educativa?

-La alteración o interrupción de las trayectorias educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes es siempre un foco de atención urgente. Esto, dado que no sólo afecta de manera directa los procesos de aprendizaje individuales, sino que tiene efectos sociales distales de los que quizá no estamos siendo tan conscientes.

Cada vez que un estudiante se aleja del sistema educativo, no solo pierde oportunidades de formación académica a nivel personal y de forma individual, sino que debilita su conexión y cohesión con la comunidad a la que pertenece, toda vez que su sentido de pertenencia e identificación con el espacio social se desgasta o desaparece.

Y esto tiene un efecto que se irradia a un nivel mayor, pues la ruptura de estos vínculos y sentidos de conexión social quiebra el tejido social, que es lo que nos permite funcionar de manera armónica como ciudadanos.

La educación es la vía fundamental mediante la cual nos hacemos partícipes e incorporamos un sentido del bien común, que, al no estar fortalecido, da paso a fenómenos reactivos de violencia, segregación y exclusión, que no le hacen bien a ninguna comunidad.

-Ante los efectos de la crisis educacional que estamos viviendo. ¿Han sido suficientes los esfuerzos del Ministerio de Educación?

-Las iniciativas del Gobierno y el Ministerio de Educación actuales tienen que hacer frente a desafíos con un origen histórico de años y hasta décadas de desarrollo, que requieren un abordaje multisistémico, integral y articulado.

Para ello, han instalado y proyectado iniciativas que se percibe van en esa línea, priorizando epistemológicamente acciones que apuntan al corazón de algunos de esos desafíos. Sin embargo, hay un tema relevante que tiene que ver con cómo se articulan, socializan y ponen en marcha dichas iniciativas.

Los mecanismos estatales para ello afrontan un nivel alto de complejidad debido a las múltiples aristas burocráticas de la administración pública, para lograr que los esfuerzos realizados se reflejen en logros concretos, reconocibles para las comunidades y la sociedad en general.

Por ello, es importante el involucramiento de distintos ámbitos y actores, tanto dentro como fuera del gobierno, entendiendo que la participación social en la materialización y bajada práctica de las políticas públicas es un punto esencial para su efectividad. Lograr “ser comunidad” es aún un desafío que requiere aún mucho trabajo a nivel país.