COP31: la emergencia climática no admite más promesas

La 31ª Sesión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París (COP31), que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre de este año, se presenta como una cita determinante para medir la distancia entre las promesas y la acción real. Se espera asistan unos 100.000 participantes de 197 países. La cumbre de líderes será el 11 y 12 de noviembre. Para Chile y América Latina, la conferencia no es un ejercicio diplomático más: es la prueba de si el multilateralismo climático puede sobrevivir al embate de una ultraderecha global que niega la crisis, mientras los países vulnerables de la región enfrentan inundaciones, tornados, sequías e incendios devastadores.

La herencia de Belém: finanzas sí, combustibles fósiles no

La COP30, celebrada en Belém (Brasil) en noviembre de 2025, cerró con un sabor agridulce que condiciona la agenda de Antalya. El llamado “Pacote de Belém” consolidó 56 decisiones y logró avances sustantivos en financiamiento: la meta de movilizar 1,3 billones de dólares anuales para 2035, con al menos 300.000 millones de dólares en recursos públicos; el compromiso de triplicar la financiación para adaptación para 2035; y la puesta en ejecución del fondo de Pérdidas y Daños. También se reconoció por primera vez la necesidad de combatir la desinformación climática.

Con todo, el texto final evitó cualquier mención explícita a la eliminación gradual de los combustibles fósiles que era lo crucial. Más de 80 países respaldaban la propuesta brasileña de construir una hoja de ruta formal para orientar la transición y el fin del petróleo, gas y carbón, pero la presión de los grandes emisores y de los países productores de petróleo la diluyó hasta dejar solo una referencia genérica al “Consenso de la COP28”. 

Frente a este impasse, Brasil se comprometió a desarrollar esa hoja de ruta fuera del proceso formal de la ONU, con el objetivo de presentarla a la COP31. La respuesta de más de 80 países ha sido positivaColombia y los Países Bajos, convocaron la 1ª Conferencia Internacional sobre la Transición para Alejarse de los Combustibles Fósiles, celebrada en Santa Marta, Colombia, del 24 al 29 de abril de 2026. Asistieron delegados de 56 países del Norte y Sur Global, más del doble de los 24 que se habían declarado dispuestos en Belém. 

A la fecha, se han recibido contribuciones de 115 países y 247 actores no estatales a la preparación de esta hoja de ruta la cual será “flexible y adaptable” a las realidades nacionales. Está previsto que se lance formalmente días antes de la COP31. En estas tareas participaron Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Jamaica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Uruguay. Chile, se unió en Belém al “Grupo de los Dispuestos”, pero después de asumir Kast se restó de participar en la reunión de Santa Marta y en el proceso posterior. Esta iniciativa nos ha dejado una lección clave: ante la lentitud de las negociaciones formales, se deben impulsar actividades paralelas para mantener el impulso político fuera de las salas del Acuerdo de París, que obliga a adoptar solo aquellas decisiones que tengan consenso. 

La COP31: electrificación, financiación y una co-presidencia tensa e inédita

La COP31 tendrá una particularidad histórica: por primera vez, la presidencia será compartida. Turquía como país anfitrión en la presidencia (Murat Kurum, ministro de Medio Ambiente), mientras que Australia presidirá las negociaciones (Chris Bowen, ministro de Cambio Climático y Energía). Una solución de compromiso tras el empate en la candidatura que se mantiene tensa. 

Actualmente Turquía y Australia enfrentan críticas por ser grandes exportadores de combustibles fósiles. Se les acusa de “hipocresía” por promover la electrificación mientras expanden la producción de gas y carbón. El tema de fondo es la visión los países vulnerables (que exigen eliminar progresivamente los fósiles) y los “petroestados” (como Arabia Saudita, Rusia o India) que se resisten a cualquier texto vinculante. Por eso, la hoja de ruta que lanza la iniciativa de Brasil será voluntaria y flexible, ya que los países vulnerables presionarán por mayor ambición.

Además, el contexto global con conflictos bélicos y geopolíticos inusitados, entre Estados Unidos e Irán, Rusia y Ucrania, e Israel y Palestina, junto con el debilitamiento del multilateralismo y la elección de gobiernos de ultraderecha, ha provocado que la agenda de la COP31 Antalya haya recibido una escasa atención en los medios de comunicación.  La inestabilidad en Oriente Medio ha provocado que algunos países, por seguridad energética, hayan vuelto a los combustibles fósiles, lo que dificultará aún más los consensos.

La propuesta del ministro Kurum enfocada en la electrificación ha despertado interés transversal: se trata de un objetivo voluntario que busca incrementar la participación de la electricidad en la demanda final de energía del 20% actual al 35% para el año 2035. Hoy, un tercio de la electricidad mundial aún proviene del carbón, lo que plantea un gran desafío, pero que podría despegar debido a los elevados precios de los combustibles. Sería oportuno que esta propuesta se sume a otras iniciativas voluntarias para la transición basadas en la inteligencia artificial, metano, residuos y ciudades resilientes.

Las negociaciones en el Comité de Adaptación se esperan comiencen desde el inicio de las sesiones de la COP31, y la sociedad civil latinoamericana se apresta a exigir que el Norte Global honre el compromiso de triplicar la financiación en programas de adaptación climática. El punto más conflictivo, sin duda, seguirá siendo el financiamiento. La brecha entre los compromisos asumidos en Belém y los desembolsos efectuados es considerable. 

La marea ultraderechista y la grieta con Washington

El contexto político en el que se celebra la COP31 es el más hostil en décadas. La ultraderecha avanzó en América Latina y cuestiona la propia legitimidad de la agenda climática. En Argentina, el gobierno de Javier Milei estudia retirar al país del Acuerdo de París, siguiendo el guion de Trump, y ya retiró su delegación de una COP anterior. En Chile, el gobierno de Kast ha suspendido decenas de decretos de protección ambiental y reducido fondos para cambio climático, aunque con un discurso más matizado que el de otros líderes de la región. Preocupa su lentitud ante la emergencia climática. Su indiferencia se expresa al negarse a aumentar los presupuestos de programas de mitigación y adaptación para 2027.  

El caso más disruptivo es el de Estados Unidos. La administración de Donald Trump retiró nuevamente al país del Acuerdo de París y de la propia Convención Climática (CMNUCC), eliminó regulaciones ambientales clave y ha orientado su política exterior hacia el petróleo y el gas. Esta retirada no solo debilita la capacidad financiera global, sino que envía una señal política muy negativa: el mayor emisor histórico y primera economía mundial abandonó el marco multilateral. Para América Latina, el impacto es fuerte. Washington presiona para alinear posiciones a través del “Escudo de las Américas” y está usando el petróleo como herramienta geopolítica. 

Lula como contrapeso y el desafío de la unidad latinoamericana

Frente a este panorama, la reelección de Lula en Brasil, acontecida apenas dos semanas antes de la COP31, ha sido un alivio para los defensores de la acción climática y representa el principal contrapeso progresista de la región. Brasil llegará a Antalya con la legitimidad de haber reducido la deforestación amazónica a su nivel más bajo desde 1988 y con la promesa de impulsar la agenda para la eliminación de combustibles fósiles y otra para la deforestación cero. Brasil no está solo, la Unión Europea y otros gobiernos progresistas y de centroizquierda comparten la necesidad de mantener vigente el Acuerdo de París. 

En el GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe) en las Naciones Unidas, la posición común se ha articulado en torno a la defensa del financiamiento climático como cooperación internacional y no como caridad. Sin embargo, hasta ahora el GRULAC por ser un grupo heterogéneo, con economías de tamaños y ambiciones muy dispares, ha visto limitada su capacidad de negociación conjunta.

La gran apuesta brasileña es el Fondo Tropical Forest Forever Facility (TFFF), lanzado en Belém para movilizar miles de millones de dólares de los mercados de capitales hacia la conservación de bosques. Noruega se comprometió a un préstamo de hasta 3.000 millones de dólares condicionado a que el fondo alcance los 10.000 millones a finales de 2026, y los Países Bajos anunciaron una aportación de hasta 500 millones tras la reelección de Lula. Es un modelo que intenta superar la lógica de donaciones por la de inversión, pero que aún está lejos de cubrir las necesidades de adaptación de la región.

El costo de la inacción: emisiones récord y desastres devastadores

No podemos concluir sin mirar los datos que hacen de la COP31 una cita de urgencia. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero siguen alcanzando niveles récord, sumándose ahora las enormes emisiones por las guerras e incendios. De acuerdo con el Informe Lancet Countdown 2026, publicado hace pocos días, las muertes anuales por olas de calor en Sudamérica se han más que duplicado, superando las 20.000 al año. En Europa, el calentamiento y las muertes ocasionadas por el calor extremo en el verano 2026 alcanzaron más de 50.000 superando todas las cifras históricas. En Brasil, los fallecimientos asociados al calor extremo se cuadruplicaron respecto a la década de 1990. Los incendios en la Amazonia y el Pantanal han disparado la contaminación del aire y las muertes por causas respiratorias. 

En el Cono Sur, el cambio climático ha hecho que las condiciones que alimentaron los incendios devastadores en el sur de Chile y Argentina sean entre 2,5 y 3 veces más probables. No son escenarios futuros: son realidades que ya condicionan la vida cotidiana y la economía de la región. La OMM advierte que Chile será uno de los países más afectados, con un escenario extremo que incluye aluviones en la cuenca de la Región Metropolitana, tormentas de granizo y nevadas primaverales, superando las previsiones iniciales. En Paraguay, Uruguay, el norte de Argentina y el sur de Brasil las precipitaciones han roto récords históricos.

En conclusión, es obvio que la COP31 no logrará resolver todos los problemas asociados a la crisis climática. Sin embargo, posee la capacidad de emitir una señal significativa sobre la fortaleza del multilateralismo frente a los desafíos planteados por el negacionismo y la ultraderecha. Para América Latina, el resultado dependerá de mantener una posición férrea que evite la obstrucción del Acuerdo de París; de la presión que ejerza para conseguir que el financiamiento comprometido en Belém se materialice en flujos efectivos destinados a la mitigación, adaptación y al fondo sobre pérdidas y daños; y, por último, de la habilidad que demuestren los países vulnerables para negociar de manera unificada a pesar de sus asimetrías internas.

En cuanto a acciones inmediatas, la COP31 tendrá la oportunidad de adoptar el proceso voluntario de electrificación global para pasar del 20% actual a un 35% a nivel global en 2035.  No existe margen para la duda. Se trata de una medida decisiva para los objetivos del Acuerdo de París y resisitir el alza de los precios del petróleo. No obstante, por sí sola, podría resultar insuficiente si no se complementa con otras fuentes de energía no fósiles en el mediano y largo plazo.

Finalmente, el marco de incertidumbre sobre el futuro del Acuerdo de París nos hace prever que la COP31 estará atravesada por una interrogante sencilla pero brutal: ¿puede la comunidad internacional seguir confiando en una conferencia anual para abordar la emergencia climática global, mientras los principales responsables, los grandes emisores y los países productores de petróleo, miran hacia otro lado? Y lo hacen, incluso, con la adhesión de gobiernos de ultraderecha de países vulnerables como Chile, entre otros. Complejo de comprender ¿no les parece?