PDI advierte nuevas formas de explotación sexual infantil y destaca rol de entrevistas videograbadas
El subjefe del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada de la PDI analiza las nuevas dinámicas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y explica cómo este mecanismo busca obtener evidencia sin revictimizar a las víctimas.
La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las expresiones más complejas de violencia contra la infancia. Mientras el reciente informe de la Defensoría de la Niñez da cuenta de cifras preocupantes, desde la Policía de Investigaciones sostienen que el aumento de los casos detectados también refleja una mayor capacidad institucional para identificar delitos que durante años permanecieron ocultos. Sin embargo, advierten que las organizaciones criminales han sofisticado sus métodos de captación y control, aprovechando contextos de vulnerabilidad familiar, social y económica.
Mayor detección, pero también nuevas formas de operar
En entrevista con Agenda País de El Mostrador, Jean Paul Apablaza, subjefe del Centro de Entrevista Investigativa Videograbada (CEIV) de la PDI, comenta que el aumento de los casos debe analizarse desde dos perspectivas: una mejor detección y una evolución de las dinámicas delictivas.
“Hoy en día, es alto el 70% y más los indicadores que me señala usted, pero eso quiere decir que lo estamos haciendo bien, que las instituciones que participan en virtud de esta promulgación 21.057, sí están detectando este tipo de delitos” , señala.
La normativa, vigente desde 2019, impulsó la creación del sistema de entrevistas investigativas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos graves, buscando reducir la revictimización y fortalecer los procesos investigativos.
Según Apablaza, la respuesta institucional involucra a diversos organismos del Estado. “No está sola la PDI (…) Trabajamos coordinadamente con el Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Carabineros, Defensoría Penal y Defensoría de la Niñez, entre otras instituciones”, explica.
Pero junto con una mayor capacidad de detección, el fenómeno también ha cambiado. El investigador advierte que el crimen organizado ha incorporado nuevas fuentes de ingresos ilícitos, entre ellas la trata de personas con fines de explotación sexual.
“Antiguamente, el traficante de drogas solo traficaba drogas. O sea, ingresaba por Colchane, por Arica, por distintos pasos fronterizos no habilitados, una tonelada de marihuana, una tonelada de clorhidrato de cocaína, para posteriormente ser puesta en la región metropolitana y ser distribuida. Hoy en día funciona exactamente igual, pero con un poco más de mercado ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? De que, además de ingresar estas toneladas, ingresan migrantes, ingresan menores de edad, ingresan niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos”, afirma.
Las vulnerabilidades que aprovechan las redes criminales
El informe de la Defensoría de la Niñez muestra que gran parte de las víctimas en delitos de obtención y facilitación de explotación sexual corresponden a adolescentes mujeres entre 14 y 17 años.
Desde la experiencia investigativa, Apablaza identifica tres factores que aparecen de manera recurrente en los relatos de las víctimas: conflictos familiares, deserción escolar y trayectorias marcadas por procesos de vulneración de derechos.
“Adolescente que no se lleva bien con su mamá, su mamá está separada del padre, tiene una nueva pareja, ese padrastro agrede verbalmente o físicamente a esta adolescente y la adolescente opta por irse de su casa”, explica.
A ello se suman el consumo problemático de drogas y la desvinculación del sistema educativo. En ese escenario, las organizaciones criminales encuentran oportunidades para captar víctimas mediante ofertas económicas que posteriormente derivan en amenazas, coerción y control.
“En un principio la experiencia dice que van, ejercen el comercio sexual, obtienen la remuneración y después se van a sus respectivos hogares, pero después de un momento estas personas empiezan a extorsionar, empiezan a amenazar, empiezan a decir que van a matar a los familiares y ya ahí finalmente ya están contra su voluntad ejerciendo lo de sexual” , sostiene.
La entrevista videograbada como herramienta de protección
Uno de los principales desafíos aparece cuando las víctimas son niños pequeños. Según Apablaza, investigar delitos sexuales que afectan a menores de entre 0 y 13 años requiere una preparación especializada y protocolos estrictos.
Actualmente existen 128 entrevistadores de la PDI capacitados para aplicar la metodología establecida por la Ley 21.057, distribuidos en distintas regiones del país.
La entrevista videograbada busca obtener información relevante para la investigación sin exponer nuevamente a las víctimas al daño emocional.
El especialista explica que no puede llegar y preguntarle directamente qué pasó. Hay un proceso previo para generar confianza y comodidad. Lo principal es no inducir respuestas y respetar siempre el relato libre y espontáneo del niño.
El entrevistador comienza con conversaciones cotidianas, adapta el lenguaje según la edad y utiliza preguntas abiertas para que sea el propio niño quien construya su relato.
“Yo voy utilizando las palabras que el niño me entrega para posteriormente abrir relato con él y con eso voy (12:26) recuerdando los derechos fundamentales que nos indica la ley, principalmente el derecho a la libre (12:33) exclusión que él quiere dar en cuenta de lo que le pasó. ”, agrega.
La importancia de actuar ante cualquier sospecha
Más allá del trabajo policial, Apablaza enfatiza que la detección temprana sigue dependiendo en gran medida de la capacidad de las personas e instituciones para reconocer señales de alerta y denunciar oportunamente.
“Lo principal es apoyar, escuchar y dar cuenta”, afirma.
A su juicio, uno de los principales riesgos sigue siendo la demora en realizar denuncias, muchas veces por temor, desconocimiento o dudas respecto de los procedimientos.
“La gente, de repente, por no preguntar o por tener miedo a equivocarse, dice, no, ¿sabes qué? No vamos”, advierte.
Por ello, la PDI desarrolla actividades de difusión y capacitación dirigidas a establecimientos educacionales, profesionales de la salud y equipos de atención primaria, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna y el conocimiento de los protocolos existentes.
En un escenario donde las redes de explotación sexual continúan adaptándose y buscando nuevas formas de captación, el investigador insiste en que la denuncia temprana y la coordinación institucional siguen siendo herramientas fundamentales para proteger a niños, niñas y adolescentes.
