Opinión
Créditos: El Mostrador.
Proteger la vejez: fiscalización y el urgente cambio en los cuidados
El trágico incendio registrado en una residencia de ancianos en Pitrufquén vuelve a encender las alarmas sobre la vulnerabilidad de las personas mayores en Chile. Cada vez que ocurre una tragedia así, la pregunta es ineludible: ¿son suficientes los estándares y las fiscalizaciones a los establecimientos de larga estadía (ELEAM)?
La respuesta es que la regulación existe, pero la práctica demuestra que no basta. Aunque la ley exige exigencias sanitarias e infraestructura similares para recintos públicos y privados, estos últimos enfrentan un control menos permanente. Esto no responde a una diferencia legal, sino a la dificultad de supervisar una red dispersa, con equipos fiscalizadores golpeados por recursos humanos y financieros limitados.
Además, la fiscalización suele ser reactiva y responder a denuncias. Sin esas alertas, transcurren largos períodos sin revisiones profundas. A esto se suma una brecha preocupante entre la detección de irregularidades y su corrección efectiva: si los procesos administrativos se demoran, las personas mayores continúan expuestas al riesgo.
Detrás de este escenario opera una forma de violencia estructural. Chile envejece aceleradamente y la demanda de cuidados de largo plazo crece con rapidez. Cuando el sistema de residencias se expande más rápido que la capacidad del Estado para regularlo, aparecen grietas que afectan a los más desprotegidos. La discusión no debe centrarse solo en buscar responsabilidades tras una tragedia, sino en garantizar el cuidado como un derecho.
Mirar al futuro exige también diversificar las alternativas. Las residencias tradicionales no pueden ser la única opción. Debemos escalar modelos como las viviendas tuteladas y promover la convivencia intergeneracional, experiencias extendidas en Europa que priorizan los vínculos humanos, la autonomía y el apoyo mutuo entre jóvenes y adultos mayores.
El desafío tras Pitrufquén va más allá de aumentar inspecciones: nos exige entender a las personas mayores como ciudadanas con proyectos y construir comunidades que acompañen, cuiden e integren con dignidad.
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