¿Por qué estuvimos al borde del racionamiento?

A más de un año del blackout de febrero de 2025 y a menos de tres años del último decreto de racionamiento, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional propusieron, a comienzos de julio, al Ministerio de Energía avanzar en un nuevo decreto de racionamiento. La propuesta respondía a un escenario de escasez hídrica y de menor disponibilidad de gas natural licuado (GNL) y diésel.

Según la Comisión y el Coordinador, durante julio y agosto existía el riesgo de un déficit de energía de 4% a 8% del consumo mensual de electricidad. Para paliar este déficit, se recomendaba un uso más conservador de las reservas de energía de los embalses y compras adicionales de GNL por razones de seguridad, por un monto superior a USD 100 millones. Los volúmenes recomendados coincidían con la abrupta reducción en la disponibilidad de gas natural informada por los generadores para esos meses.

En buenas cuentas, el decreto propuesto trasladaba al conjunto de los generadores y a los clientes libres el costo de las compras de GNL por razones de seguridad, dejándolos expuestos a asumir el costo de un volumen adicional de gas aun cuando finalmente no fuese necesario. Pocos días después de esta recomendación se produjo un cambio significativo en las condiciones hidrológicas, que hizo innecesarios tanto el decreto de racionamiento como las compras adicionales de GNL. Sin embargo, de haberse hecho efectivo el decreto, generadores y clientes habrían tenido que asumir la totalidad del costo de estas compras.

Cada año, en mayor o menor medida, el sistema eléctrico chileno está expuesto a situaciones como la descrita y al riesgo de una crisis energética. De hecho, lo ocurrido es similar a lo observado entre agosto de 2021 y septiembre de 2023, período durante el cual estuvo vigente un decreto de racionamiento debido a la sequía y a la falta de gas y diésel. En esa oportunidad, el decreto contemplaba compras de diésel por razones de seguridad.

El problema de fondo, sin embargo, no es la escasez hídrica o de combustibles, sino que los precios del mercado spot no reflejan adecuadamente la escasez de estos recursos. Esta situación obedece, principalmente, a dos razones. De un lado, en situaciones de escasez, el Coordinador no reacciona oportunamente mediante una operación más conservadora de los embalses; del otro, tampoco exige un suministro a firme de gas natural y diésel. Como resultado, se produce un uso anticipado del agua embalsada que termina agravando la escasez y obliga a recurrir a medidas administrativas de seguridad.

Las medidas administrativas deprimen los precios spot y aumentan los costos que se traspasan directamente a los clientes libres por las compras de gas natural o diésel realizadas por razones de seguridad. Al mismo tiempo, desincentivan las inversiones en capacidad adicional de los terminales de GNL y la contratación a firme de gas natural y diésel. De hecho, los contratos de gas natural con Argentina son, en su mayoría, interrumpibles, y más del 90% de las centrales a diésel no cuenta con contratos de suministro de combustible.

En definitiva, de mantenerse esta situación, el sistema eléctrico seguirá expuesto a que, año tras año, una situación de escasez de energía termine transformándose en una crisis.