Reestablecer la confianza regional en la mirada de Estado al Transporte Público

La construcción de proyectos de tres corredores de transporte público en el Gran Concepción, que sumaban una inversión de US$400 millones, quedó en entredicho con el anuncio del congelamiento de la concesión, bajo el argumento de estrechez fiscal. Estas obras generarían un cambio importante en la movilidad de toda la intercomuna y mejorarían los tiempos de desplazamiento, la seguridad y la experiencia de viaje en el transporte público, asimilándola a los niveles de servicio actuales de Santiago. 

Uno de estos proyectos, la ruta que une a Coronel y Concepción, ha sido calificada como “la más congestionada de Chile”, lo que genera serios perjuicios no solo para una de las áreas de mayor crecimiento poblacional de la región, sino también para una vía clave de su sistema productivo. Luego de una respuesta transversal por parte de los actores políticos de la región en contra de esta medida, el gobierno retrocedió en su decisión, aunque cambió la modalidad de financiamiento de una concesión a recursos directos del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo alcances y plazos similares a los presupuestados, sin entregar mayores detalles.

Cerrar las brechas y mejorar la calidad del transporte público no es una carrera de cien metros planos; es una maratón larga e incierta que requiere compromiso de Estado, comunicación y coherencia en las políticas establecidas. Aquí se suma la señal preocupante para la confianza de pausar una licitación en una etapa tan avanzada, con el adjudicatario ya definido, y en la que aún no quedan del todo claras las ventajas del mecanismo alternativo propuesto, tanto en el uso eficiente de los recursos como en los plazos de puesta en marcha de las obras. Lo anterior genera un innegable riesgo para la confianza en el mecanismo de concesiones implementado en nuestro país, no solo para los actores privados en futuros proyectos, sino también para toda la ciudadanía.

Aun cuando el conflicto podría considerarse resuelto dado el compromiso de continuar con estas obras, lo ocurrido en el Biobío generó una sensación de desconfianza respecto a la descentralización de las políticas públicas orientadas a mejorar el sistema de transporte fuera de Santiago. Si bien los últimos años han mostrado avances en los sistemas de transporte público de varias ciudades del país, estas presentan brechas muy grandes en comparación con la capital. No es difícil hacer comparaciones incómodas con proyectos como la línea 7 del metro de Santiago, que resulta seis veces más onerosa que estos corredores y que difícilmente es cuestionada por algún tomador de decisiones. Lo ocurrido esta semana evidencia la importancia de políticas coherentes que cierren esas brechas y del trabajo continuo para generar confianza entre todos los actores clave, lo cual contrasta con la forma sorpresiva en que los ciudadanos del Biobío se enteraron de la decisión de suspenderlas.

Los proyectos en cuestión son de larga data y fueron parte de la mesa “Más Movilidad”, instancia que permitió al Biobío reunir a actores de distintos ministerios del gobierno central, gobierno regional y de los municipios de la región en torno a proyectos de movilidad de la región. La única manera de avanzar en estas políticas es mediante una comunicación constante y transparente entre los actores clave del sistema, incluidos los regionales, lo que permite generar un entorno de aceptabilidad que valide las decisiones constantes y difíciles propias de proyectos de alta complejidad.