PAÍS
Archivo (Víctor Huenante/AgenciaUno)
Fiscal Nacional: “No habrá amenaza que nos haga retroceder”
Frente a la existencia de 13 fiscales que cuentan con protección debido a las amenazas que enfrentan, Angel Valencia indicó que es necesario contar con más recursos para la protección. Presidenta del gremio que los agrupa, a su vez, también apuntó en ese sentido”.
Luego de que El Mostrador revelara que 13 fiscales y al menos un miembro del Poder Judicial se encuentran con medidas de protección, en distintas partes del país, debido a amenazas de muerte recibidas en el ejercicio de sus funciones, tanto el Fiscal Nacional, Angel Valencia, como la Presidenta de la Asociación de Fiscales, Patricia Ibarra, se refirieron al tema.
En el caso de Valencia, este habló también respecto de las amenaza en contra del alcalde de San Bernardo, Cristopher White, indicando que “tomamos las medidas necesarias, realizamos las acciones que la gravedad de los hechos amerita, pero tratamos de mantener discreción respecto de la promoción de sus actos por dos motivos: primero, para no darle más realce al nombre de los delincuentes que cometen ese tipo de actos y, en segundo término, para poder contribuir a no a que no haya más estrés ni más preocupación de que situación situación como esta amerita”.
Sin embargo, aseveró que “la ciudadanía tiene que tener la certeza de que cada vez que haya una autoridad en riesgo, cada vez que haya una autoridad amenazada, cada vez que ha habido un fiscal respecto del cual ha habido una amenaza seria, respecto al cual hemos podido detectar la existencia de un plan para atentar en su contra, cada vez que haya ocurrido respecto a alguna autoridad, tanto la policía como el Ministerio Público, hemos las medidas para evitar que ello ocurra, para disponer su protección, con la misma intensidad, la misma preocupación con la que la tomamos respecto de cualquier otro ciudadano que se encuentre expuesto a una amenaza de naturaleza, pero bajo el entendido, especialmente, de que cuando se atenta o se amenaza a una autoridad, se está también atentando o amenazando a los representantes de la ciudadanía, se está atentando en contra de la democracia, se está intentando imponer la fuerza por sobre las personas que representan a cada uno de los vecinos y a la comunidad”.
Consultado sobre el reportaje de El Mostrador, precisó que “me permito recordarles que han habido incluso atentados en contra la vida de fiscales, que han justificado condenas en contra de sus autores en el pasado”, explicó, en referencia al caso del fiscal Mario Elgueta, cuya comitiva fue atacada a tiros en 2008 en la comuna de Tirúa, a consecuencias de lo cual tres detectives resultaron con lesiones graves. Dicho caso terminó con una condena en contra del líder de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, así como otros militantes de dicho grupo, que se estableció actuaron en la emboscada efectuada en Puerto Choque, de la cual el persecutor resultó solo con lesiones leves.
De aquella época a la fecha las cosas han cambiado: “hoy día, Ministerio Público tiene un departamento de seguridad que interno, que está ubicado en la Fiscalía Nacional. Tenemos protocolos especiales de seguridad, tenemos algunos fondos destinados a la protección de fiscales”, dijo Valencia quien, sin embargo, comentó que “estimamos que no son todos los fondos que necesitamos” por lo cual dijo esperar que aumenten en la próxima ley de presupuestos, aseverando también que “es importante que la ciudadanía tenga presente que no nos van a amedrentar, no nos van a amilanar. Los fiscales van a seguir, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo en pos de la defensa del derecho, la defensa de la democracia, la protección de la ciudadanía, y no habrá amenaza que nos haga retroceder de eso”.
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El gremio
Por su parte, la Presidenta del gremio de los fiscales, Patricia Ibarra, afirmó por medio de un mensaje en redes sociales que “ser fiscal también tiene un costo” y que la cifra de 13 persecutores con protección “debería hacernos reflexionar, porque detrás de cada fiscal hay una persona, hay una familia, hay alguien que todos los días debe tomar decisiones difíciles, enfrentar organizaciones criminales, dirigir investigaciones y comparecer ante tribunales, sabiendo que, en algunos casos, esas decisiones pueden traer consecuencias incluso fuera de su lugar de trabajo”.
En ese sentido, explicó que “ser fiscal no es simplemente ejercer una profesión, es asumir la responsabilidad de perseguir delitos, proteger a las víctimas y representar a la sociedad frente a quienes vulneran la ley. Y mientras el crimen organizado se vuelve más complejo y más violento, también aumenta la exposición de quienes tienen la tarea de investigar”.
Frente a todo eso, precisó que “necesitamos que la ciudadanía comprenda la realidad que enfrentan fiscales y fiscales, y necesitamos que quienes toman las decisiones políticas entiendan que fortalecer la persecución penal no significa solamente aprobar las leyes o aumentar las penas: significa también entregar más herramientas, mejores condiciones, seguridad, recursos y respaldo institucional a quienes deben hacer cumplir esas leyes todos los días, porque cuando un fiscal es amenazado por cumplir con su trabajo, el problema no es solamente de ese fiscal, es una amenaza a la capacidad del Estado para hacer justicia”.
