Chile podría ahorrar US$27 mil millones en combustibles si acelera la electromovilidad

El estudio, titulado El salto a la electricidad: Los beneficios económicos de una política de promoción de vehículos eléctricos en Chile, plantea que la transición hacia la electromovilidad no solo representa una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes, sino también para disminuir la exposición de la economía nacional a las fluctuaciones de los precios internacionales del petróleo.

El diagnóstico cobra relevancia considerando que Chile importa prácticamente la totalidad del petróleo crudo que consume y que el sector transporte concentra el 57% del consumo nacional de este recurso. Esta dependencia mantiene al país expuesto a las variaciones de los mercados internacionales y a sus efectos sobre los costos del transporte.

Según las proyecciones de Carbon Tracker, si Chile mantiene sus actuales políticas y tendencias de adopción tecnológica, los costos acumulados de importación de combustibles para el transporte terrestre podrían alcanzar casi US$120 mil millones hasta 2050. En contraste, una transición acelerada hacia vehículos eléctricos a batería permitiría reducir ese gasto en aproximadamente US$27 mil millones durante el mismo período.

El informe estima, además, que hacia 2050 el gasto anual en importaciones de combustible para el transporte podría disminuir hasta un 56% respecto de un escenario sin modificaciones de política pública. Estas cifras corresponden a proyecciones construidas bajo distintos escenarios de adopción tecnológica y no a ahorros garantizados.

El debate por las nuevas exigencias de eficiencia energética

Los resultados del estudio se conocen en un momento de definiciones para la política de electromovilidad en Chile. La Estrategia Nacional de Electromovilidad, actualizada en junio de 2026, estableció una meta intermedia de 20% de ventas de vehículos livianos y medianos de cero emisiones para 2030, como parte del objetivo de alcanzar el 100% en 2035.

Sin embargo, el país enfrenta desafíos para acelerar la incorporación de estas tecnologías. Pese a los avances en la electrificación del transporte público, especialmente en Santiago, los vehículos eléctricos a batería representaron apenas el 3,5% de las ventas de automóviles livianos y medianos nuevos durante los primeros siete meses de 2026.

En este contexto, uno de los principales puntos de discusión es la implementación de la segunda fase de los estándares de eficiencia energética vehicular contemplados en la Ley N° 21.305, cuya entrada en vigencia está prevista para 2027.

La normativa establece que el rendimiento energético promedio de los vehículos livianos nuevos deberá aumentar desde los actuales 18,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente a 22,8 kilómetros por litro durante el período 2027-2029. La exigencia se calcula sobre el promedio de los vehículos comercializados por cada responsable del cumplimiento, y no sobre cada modelo individual.

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático deberá pronunciarse sobre esta nueva etapa antes de que termine el año, en medio de las inquietudes expresadas por representantes de la industria automotriz respecto del eventual impacto de mayores exigencias en los precios y las ventas de vehículos.

Carbon Tracker plantea que mantener el calendario regulatorio contribuiría a incentivar la comercialización de modelos más eficientes y eléctricos, además de reducir el riesgo de que vehículos de combustión interna menos eficientes sean destinados al mercado chileno mientras otros países endurecen sus estándares ambientales.

“Cada vehículo nuevo a bencina o diésel que se vende hoy fija por años una demanda de combustible importado, dejando a Chile expuesto a los precios internacionales del petróleo”, señaló Ben Scott, autor del informe y jefe de Demanda de Energía de Carbon Tracker.

El especialista agregó que los estándares no obligan a que todos los vehículos alcancen individualmente el mismo rendimiento, sino que permiten a los fabricantes cumplir los objetivos mediante una combinación de modelos de mayor eficiencia y tecnologías eléctricas.

Menores costos de operación y beneficios para la salud

Más allá de los ahorros asociados a las importaciones, el informe identifica ventajas económicas directas para quienes utilizan vehículos eléctricos.

De acuerdo con sus estimaciones, basadas en determinados supuestos de precios de combustibles y tarifas de recarga, el costo de operación por kilómetro de un vehículo eléctrico es aproximadamente un 50% menor que el de uno a bencina y un 20% inferior al de uno diésel.

No obstante, el mayor precio inicial de adquisición de los automóviles eléctricos continúa siendo una barrera para su masificación, a lo que se suman las diferencias territoriales en el acceso a infraestructura de carga.

El estudio también proyecta beneficios asociados a la salud pública. Una transición acelerada podría generar cerca de US$493 millones en beneficios económicos acumulados hasta 2050, producto de la reducción de contaminantes atmosféricos vinculados con el transporte, particularmente material particulado fino y óxidos de nitrógeno.

Entre las ventajas estructurales del país, Carbon Tracker destaca que casi dos tercios de la generación eléctrica provienen de fuentes renovables, lo que permitiría reducir las emisiones asociadas al uso de vehículos eléctricos. A ello se suma la posición de Chile como productor relevante de cobre y litio, minerales utilizados en las cadenas internacionales de suministro de estas tecnologías.

Los desafíos para acelerar la electromovilidad

El informe sostiene que alcanzar las metas nacionales requerirá medidas adicionales a los actuales estándares de eficiencia vehicular.

Entre sus propuestas figuran la implementación de exigencias vinculantes para aumentar progresivamente las ventas de vehículos de cero emisiones, incentivos tributarios focalizados que contribuyan a reducir los costos de adquisición y una expansión coordinada de la infraestructura pública de carga.

Esta última medida adquiere especial importancia fuera de Santiago y en los principales corredores de transporte de carga, donde la disponibilidad de puntos de recarga es un factor para la adopción de vehículos eléctricos en el transporte de pasajeros y de mercancías.

Para elaborar sus recomendaciones, Carbon Tracker examinó experiencias de electrificación en economías emergentes como Etiopía, Nepal y Vietnam, con el objetivo de identificar instrumentos que permitan acelerar la transición tecnológica.

El análisis sobre Chile forma parte de la serie internacional Leapfrog to Electric, que anteriormente estudió los casos de Brasil y Colombia. En esos países, Carbon Tracker estimó ahorros potenciales acumulados en importaciones de combustible de hasta US$250 mil millones y US$40 mil millones, respectivamente, hacia 2050.

En conjunto, los estudios plantean que la electrificación del transporte puede constituir una herramienta para disminuir la dependencia de combustibles importados en América Latina, aunque sus resultados económicos dependerán de la velocidad de adopción de vehículos eléctricos, la infraestructura disponible y las políticas que implemente cada país.

El desafío para Chile será compatibilizar sus compromisos de descarbonización con los costos de la transición y las condiciones necesarias para ampliar el acceso a la electromovilidad, en un escenario donde las decisiones regulatorias de los próximos meses podrían influir en la composición del parque automotor durante las próximas décadas.