Los prejuicios también deberían quedar en el pasado

Las leyes cambian con relativa facilidad. Basta una reforma, una votación en el Congreso y la publicación de una nueva norma para modificar la forma en que el Estado enfrenta un problema. Cambiar la manera en que una sociedad interpreta ese mismo problema, en cambio, suele tomar mucho más tiempo. Los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes son un buen ejemplo de esa diferencia.

Durante los últimos años, el sistema de justicia ha ido incorporando una comprensión mucho más amplia sobre la forma en que operan estos delitos. Ha debido reconocer, que las víctimas no siempre denuncian de inmediato, que el silencio puede ser una consecuencia del trauma y que muchas personas, solo consiguen hablar cuando alcanzan la adultez. Ese cambio, no responde a una decisión ideológica ni a una menor exigencia probatoria; responde, simplemente, a una realidad que durante demasiado tiempo fue ignorada.

Fuera de los tribunales, sin embargo, la conversación parece haberse quedado atrás. Todavía se instala la sospecha cuando una denuncia ocurre años después; aún se espera un relato perfecto, inmediato y sin contradicciones; e incluso se considera más relevante preguntarse por qué una víctima guardó silencio, que intentar comprender las razones de ese silencio.

Algo similar ocurre con los agresores. Con demasiada facilidad confundimos “buena reputación” con “inocencia”, como si ambas fueran equivalentes o fueran siempre de la mano. Basta que alguien sea descrito como “un buen padre”, un “vecino respetado” o “una persona querida por su comunidad”, para que la discusión comience a girar en torno a su imagen y no a los hechos. Es una reacción comprensible, pero profundamente equivocada, porque quienes cometen estos delitos no suelen actuar desde el aislamiento ni en presencia de estas personas que lo perciben como “una buena persona”, sino que lo hacen de manera velada, oculta; precisamente construyen relaciones de confianza que les permiten pasar inadvertidos.

Lo llamativo, es que esa distancia entre lo que “sabemos” y lo que seguimos “creyendo” también aparece cuando estos casos llegan a tribunales. No es extraño, que una parte importante de la discusión termine concentrándose en destacar las cualidades personales del acusado. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones, responde lo que realmente importa en un proceso judicial: si la prueba acredita los hechos denunciados. Los tribunales no están llamados a valorar la reputación de una persona, sino a determinar si los antecedentes permiten establecer su responsabilidad. Cuando la prueba existe, la buena reputación deja de ser un argumento. 

No se trata de un caso excepcional. Se trata de una escena que se repite con demasiada frecuencia y que deja en evidencia una distancia incómoda. Mientras la justicia ha ido adaptando sus criterios a lo que hoy sabemos sobre el abuso sexual infantil, buena parte de la sociedad continúa evaluando estos casos, con parámetros que hace tiempo dejaron de reflejar esa realidad.

Quizás, el desafío pendiente ya no sea únicamente perfeccionar las leyes, sino también revisar las ideas con las que seguimos enfrentando estas denuncias y educar a los integrantes de nuestra sociedad, no sólo reducido al ámbito legal y judicial. Mientras continuemos creyendo que una víctima pierde credibilidad porque habló tarde, o que una buena reputación constituye una prueba de inocencia, esa distancia seguirá condicionando la forma en que recibimos cada denuncia. Eso tiene un costo que rara vez se discute: no solo dificulta que más víctimas se atrevan a hablar, sino que perpetúa una cultura donde las apariencias, siguen teniendo más peso que la comprensión del fenómeno que decimos querer erradicar.