Niñas víctimas de explotación sexual: ¿qué debe cambiar en Chile?

Las niñas y adolescentes bajo protección del Estado enfrentan trayectorias marcadas por múltiples vulneraciones y un sistema que todavía presenta dificultades para garantizar su bienestar. En el marco del Día de la Niña y en conversación con El Mostrador, Claudine Litvak y Rafael Rodríguez abordaron los riesgos de explotación sexual en residencias, las brechas en la respuesta institucional y los desafíos para evitar que los espacios destinados a protegerlas terminen exponiéndolas a nuevas vulneraciones.

Bienestar y atención especializada: los desafíos de las residencias

La vida cotidiana en las residencias de protección es uno de los aspectos que preocupa a Claudine Litvak, psicóloga, magíster en Trabajo Social y doctora en Políticas Sociales, quien actualmente se desempeña como experta del Comité para la Prevención contra la Tortura en Chile. “Hoy día la cotidianidad de esas niñas en una residencia es difícil”, señaló.

Según explicó, el índice de bienestar elaborado por el propio Servicio de Protección Especializada muestra que las niñas presentan los niveles más bajos dentro de la población evaluada. También advirtió sobre su mayor probabilidad de sufrir abuso sexual y trauma complejo.

Aunque reconoció que se han realizado esfuerzos para mejorar la calidad de atención, sostuvo que estos todavía son insuficientes. “Las niñas no están recibiendo lo que necesitan”, afirmó, y agregó que el desafío del Estado para garantizar su protección sigue siendo grande.

Para Litvak, la respuesta requiere equipos especializados que cuenten con formación, herramientas y condiciones laborales adecuadas para atender a niñas que han sufrido múltiples vulneraciones. A ello se suma la necesidad de coordinación con otras áreas, como educación y salud mental.

“Una niña necesita que las políticas públicas se adapten a sus necesidades y no estar ella tratando de adaptarse a lo que le llega”, planteó.

La experta también mencionó las listas de espera, la sobredemanda de las residencias, las dificultades para acceder a una educación adecuada y la estigmatización como obstáculos que afectan las posibilidades de recuperación y reparación.

Explotación sexual: riesgos que persisten en el sistema de protección

Desde la Plataforma Actuar Es Urgente, Rafael Rodríguez, psicólogo y gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, advirtió que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sistema residencial es un problema que requiere medidas concretas y sostenidas.

Según explicó, la plataforma surgió en un contexto en que ya se habían identificado brechas en la respuesta estatal. A partir de recomendaciones formuladas por una comisión especial de la Cámara de Diputados, la organización desarrolló un observatorio para hacer seguimiento al cumplimiento de distintas medidas.

Sin embargo, Rodríguez sostuvo que, tras cuatro años de funcionamiento, persisten dificultades para abordar los problemas identificados.

Uno de los principales riesgos, indicó, es el acceso de redes de explotación a las residencias. Según su análisis, estas redes pueden captar a niñas que se encuentran bajo cuidado institucional y, en algunos casos, convencerlas de involucrar a otras adolescentes.

“El problema es muy complejo, es multicausal, no se soluciona de una sola manera”, señaló. No obstante, cuestionó la falta de avances decididos en nuevas estrategias para controlar a los explotadores y proteger a las víctimas.

Entre las medidas que considera necesarias mencionó limitar el contacto entre las redes de explotación y las niñas que viven en residencias, además de fortalecer las herramientas de investigación de las policías y la Fiscalía para facilitar la acreditación de estos delitos.

Coordinación institucional y dificultades para acceder a la justicia

La respuesta frente a la explotación sexual requiere la intervención de distintas instituciones. Junto con la protección especializada, las víctimas pueden necesitar atención de salud mental, apoyo educativo y una respuesta del sistema judicial.

Rodríguez sostuvo que existen avances legislativos orientados a entregar mayores herramientas para investigar estos delitos, pero advirtió sobre las dificultades para obtener condenas. En la entrevista, señaló que, según las estadísticas que revisa la plataforma, entre un 5% y un 9% de las denuncias por explotación terminan en una condena.

También explicó que algunas víctimas no se reconocen como tales, lo que puede dificultar su participación en los procesos de investigación. A esto se suman las complejidades para probar delitos de abuso y explotación sexual.

En cuanto al Ejecutivo, planteó la necesidad de fortalecer las alternativas de cuidado, incluidas las familias de acogida, y mejorar la capacidad de respuesta del sistema residencial. A su juicio, la protección no puede depender exclusivamente de un servicio, sino que requiere coordinación entre las distintas áreas del Estado.

De las medidas diseñadas a una protección efectiva

Para Litvak, una de las principales brechas está en la implementación de las medidas y en la responsabilidad que debe asumir cada institución durante la trayectoria de una niña dentro del sistema.

La experta advirtió que una derivación no garantiza por sí sola que la víctima reciba la atención que necesita. Cuando una niña pide ayuda y no obtiene una respuesta efectiva, puede dejar de recurrir a las instituciones.

Por ello, sostuvo que la protección debe expresarse en las condiciones cotidianas de las residencias y no quedarse únicamente en protocolos o intenciones.

Rodríguez, en tanto, llamó a asumir con urgencia la responsabilidad del Estado como garante de derechos. También planteó que las políticas públicas deben considerar las necesidades de quienes requieren mayores niveles de apoyo y asegurar la coordinación de los servicios involucrados.

“Cada día que pasa es una niña que está siendo explotada, cientos de niñas que están siendo explotadas, que podrían dejar de estarlo”, afirmó.

Ambos coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una respuesta que garantice los derechos de niñas y adolescentes, evite nuevas vulneraciones y permita que su paso por el sistema de protección contribuya efectivamente a su recuperación y reparación.