Inclusión
En el programa conducido por Max Raide de El Mostrador, el subsecretario de Servicios Sociales afirmó que se requiere del esfuerzo público y privado para incentivar no sólo la contratación de personas con discapacidad, sino que también para que exista la infraestructura necesaria para que éstas se desempeñen adecuadamente.
El subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, dijo que los resultados de la segunda Encuesta Nacional de Discapacidad elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social y el Senadis, dan cuenta de la necesidad que tiene la sociedad chilena de seguir avanzando hacia una mayor inclusión laboral, dadas las dificultades que enfrenta ese segmento de la sociedad a la hora no sólo de buscar trabajo, sino que para disponer de las condiciones básicas que garanticen su desempeño.
La autoridad abordó el tema en el segundo capítulo del programa Foro Liderazgo, conducido por Max Raide de El Mostrador, oportunidad en la que dio cuenta de las medidas que está tomando su cartera a la luz de los resultados del estudio, que establece que más de 2.600.000 chilenos presenta algún tipo de discapacidad, de los cuales cerca de un millón padece una de carácter más severa.
Sobre la encuesta afirmó que «estamos hablando de casi un 20 por ciento de nuestros compatriotas que presentan un grado de discapacidad y eso requiere la gestación de una sociedad mucho más inclusiva, donde el rol del sistema público es importante, pero también el rol del ciudadano para acoger a las personas en situación de discapacidad».
Sobre este punto, puso énfasis en el hecho que el 20% de las personas mayores de 18 años, y por tanto en edad de integrarse al mundo laboral, tiene algún grado de discapacidad, por lo que «hay que ir avanzando como sociedad en lo que tiene que ver con la inclusividad laboral, donde las grandes empresas puedan efectivamente tener una cierta cuota para que puedan incluir a las personas en esta situación».
Faúndez adviritó, eso sí, que no se trata sólo de dar un empleo que, por cierto, dignifica a una persona, sino que se requiere además que se generen «las condiciones estructurales, en ese espacio de trabajo, para que obviamente las personas en situación de discapacidad puedan desarrollarse adecuadamente. Hay una serie de iniciativas y de proyectos de ley que tienen que ver con el concepto de cuotas laborales. Con el ministro de Desarrollo Social -Marcos Barraza- se está trabajando fuertemente para poder, en un futuro, sentarse en una mesa de diálogo de conversación en el Congreso, que permita efectivamente hacer una invitación a las empresas para que puedan tener cuotas laborales que, en definitiva, signifiquen una oportunidad de trabajo, pero también una oportunidad de dignificar a un compatriota que quiere una oportunidad de desarrollo».
El subsecretario está consciente de que se trata de un tema en el que todavía queda mucho por avanzar. Prueba de ello es el alto incumplimiento (de 75%) de la normativa que obliga a los edificios públicos a contar con accesos para discapacitados «y por tanto estamos excluyendo a este 20 por ciento que recién mencionamos».
Frente a esta situación afirmó que su cartera está próxima a convertirse en todo un referente en esta materia. «Como Ministerio de Desarrollo Social, queremos dar el ejemplo en eso. Estamos ya ad portas de trasladarnos de oficina a un gran Ministerio de Desarrollo Social que va a incluir al Servicio del Adulto Mayor (Senama) y al Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y nuestro objetivo, como gobierno, como Ministerio de Desarrollo Social, es que sea uno de los edificios con mayor accesibilidad de todo el país».
Juan Eduardo Faúndez es militante del PPD y fue director del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Desde el cargo que desempeña actualmente su visión es que lo que el país necesita es seguir avanzando en reformas necesarias par generar condiciones de mayor igualdad.
«Aquí hay un debate que tiene que ver con cómo planteamos el Chile del mañana. En ese sentido, cuando la última encuesta CASEN habla que tenemos más de un 20 por ciento de personas en situación de pobreza, cuando los grados de vulnerabilidad en Chile hablan de que son de casi 47 por ciento, indica de que tenemos que generar una fase de políticas públicas transformadoras para generar igualdad, y por sobre todo, igualdad de oportunidades tanto para las generaciones que ya están como las que vienen. La Reforma Educacional planteaba eso y en ese sentido creo yo que la generación nueva tiene un deber moral y ético de generar transformaciones estructurales que permitan generar un Chile mucho más igualitario», sostuvo.
Finalmente, hizo una reflexión sobre la crisis que vive Chiloé y la necesidad que existe de avanzar hacia una mayor descentalización, pero no sólo para que cada zona pueda elegir a sus autoridades, sino que para buscar la manera de que las regiones cuenten con una autonomía que les permita ser «sustentables y sostenibles en el tiempo, no sólo dependiendo de un gobierno central, en términos economicistas, sino que por el contrario, que permita generar desarrollos particulares en base a la situación en particular de cada una de ellas».
«Lo que nos está pasando en sur y lo que nos pasó en el extremo sur años atrás, pone de manifiesto la necesidad de generar un cambio sistémico con respecto al modelo productivo de Chile, pero por sobre todo, ya que hemos hablado del tema de la inclusividad para personas en situación de discapacidad, también el concepto de una generación de ciudadanos con mayor igualdad de oportunidades (…) y ciudadanos también críticos del Chile que quieren construir», concluyó.
Vea el segundo capítulo del programa Foro Liderazgo de El Mostrador en este enlace.
